De momento no hay nadie que desmienta esa común característica de la distribución comercial –especialmente de la Gran Distribución- que supone que imponga sus condiciones al resto de la cadena. Fabricantes y operadores lo saben bien. Su enorme potencial de compra y todo lo que sostiene comercialmente, casi “justifica” ese dominio.
Pero no es esta una circunstancia común a todos los canales de distribución. Y si no que se lo digan a los importadores, distribuidores y comercializadores de carretillas elevadoras, a los que –dicho sea con indudable respeto, vaya por delante- a veces se les debe quedar “cara de tontos”.
Este sector del equipamiento logístico, sufre los vaivenes de una economía tan volátil como la española, capaz de pasar del cero el infinito, o del infinito al cero en menos de un lustro. De dar lecciones de crecimiento a estar al borde (o no tanto) de un rescate. Sufren los carretilleros esas debacles (no hay peor escenario económico que la incertidumbre) y sin embargo –a diferencia de otros- no hay “piedad” en las administraciones para, por ejemplo, limitar o minorar las cargas impositivas y legales que se acumulan sin parar. Más impuestos, más reglamentos, más disposiciones y ningún apoyo o subvención. Como me dijo una vez el director general de una gran compañía de importación y distribución de carretillas, que actúa en este mercado: “a veces pienso que a fuerza de no hacer ruido, nos hemos vuelto transparentes”.
Dos ejemplos ilustran esta situación: por un lado las matriculaciones de las máquinas-. Cada vez más, cada vez con más frecuencia y con criterios más dispares e incomprensibles en función de la administración o Comunidad que se trate. Y lo que queda por llegar: decía en junio pasado un ponente del II Encuentro de Distribuidores y Alquiladores de Carretillas, experto en este tema, que llegan “cada vez mayores exigencias en este sentido [matriculación]”, llamando a la atención especialmente sobre “la complejidad creciente que va a tener el proceso de homologación para máquinas usadas llegadas de otros países y regiones fuera de la UE”. En fin, un dolor de cabeza.
Por otro, quizás, la quintaesencia de ese papel de “paganos”: todo los que soporta este sector por el mal cuidado de las máquinas de alquiler, que no mejora, más bien pinta un escenario “cada vez peor”, dice otro responsable de la distribución.
Tanto que se llega a dar la paradoja de que si una máquina, por ejemplo, topa con un puntal de una estantería o una columna del almacén, el culpable no es el operador (ni quien lo ha formado o “deformado”), ni siquiera la compañía arrendataria. No. Para esa última ¡échense las manos a la cabeza! la responsable del desaguisado es la empresa alquiladora y subsidiariamente ¡la propia máquina! por… ¿ser dura, tenaz, fuerte? Y si, por el contrario, en este topetazo, la carretilla es la dañada, la culpable es ¿lo adivinan? también la máquina, exactamente por razones contrarias a las anteriores: ¡una locura!
¿Y no se puede reclamar? Sí, al maestro armero. La justicia en los procesos civiles es cara, lenta hasta la exasperación e insegura y muchas veces actúa, además, con una presunción que puede ser absolutamente equivocada: la protección del supuesto contendiente más débil, que en este caso es siempre el consumidor-arrendatario. Mientras eso no cambie, se protejan los bienes del otro (empezando por la educación más elemental) y la justicia deje de actuar con “impiedad”, conociendo realmente lo que juzga, no queda otra: ajo y agua, paciencia y adoptar, una vez más, el papel de paganos.
Este sector es así, callado y discreto, y con frecuencia maltratado. Alguien debería ocuparse, oficialmente, de que dejara de serlo.
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