Si pone un circo de tres pistas, le crecen los enanos y los payasos se le echan a llorar. Así están las cosas para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras el fiasco de la devolución del céntimo sanitario, donde tuvo que firmar una “rendición de Breda” que ya la hubiera querido pintar Diego Velázquez, aunque él no quiso salir en la “foto”. La patronal del transporte, furibunda por el gol que pretendía meterle con la rebaja de la devolución del impuesto dictada por la UE, cerró filas y el ministro no tuvo más remedio que dar un paso atrás y decir “diego” donde antes había dicho “digo”.
Y cuando el río que revolvió Montoro aún no se ha calmado, sus revueltas aguas traen ahora otro remolino que pueden volver a sumergirle. Un remolino que se llama morosidad y que va a convertir en un Everest las cuestas de enero y de febrero del responsable de las arcas nacionales. Pobre Cristóbal: a perro flaco, ya se sabe.
El nivel de morosidad y los plazos de pago apenas han mejorado en España a pesar de existir una ley que obliga a lo contrario. Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, sólo en las empresas del IBEX, la deuda supera los 47.000 millones de euros y el plazo medio de pago es de 169 días, casi triplicando lo que marca la ley (60 días). La dilación sigue siendo costumbre y norma, y nadie vigila, sanciona u obliga al cumplimiento legislativo.
Llegados al límite de las fuerzas dinerarias, sectores como el transporte, en este caso a través de FENADISMER (Federación de asociaciones del sector), ha convocado una Cumbre Reivindicativa para principios de 2015, cuando decidirá las movilizaciones a llevar a cabo por el incumplimiento en los plazos y, sobre todo, por no aprobar un régimen sancionador al que se opuso el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, en mayo pasado, frente a la opinión del resto de grupos.
En el colectivo del transporte el plazo medio de pago asciende a 184 días, lo que ha supone un volumen de morosidad de 68.179 millones de euros.
Pero esta cuestión va más allá de un solo sector y se extrema hasta lo imposible en gremios como construcción, inmobiliario, comercio o servicios, donde el plazo medio de pago se sitúa por encima de los 280 días.
La receta es muy sencilla, sr. Montoro, al margen de pasadas y recientes experiencias de las que debería tomar nota, sólo se trata de cumplir y hacer cumplir la ley que ya existe. De otra forma las arcas de las empresas se tornarán aún más paupérrimas y las de Hacienda, también. Haga cumplir la ley, sr. Montoro ¡hágalo!
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