“En un mundo ideal, una persona no debería dedicar ni diez segundos a gestionar los problemas de su compañía eléctrica, la operadora de telecomunicaciones, su banco o aseguradora”; con estas palabras Pedro Serrahima, actual máximo responsable de O2 España, le contaba a este periodista en 2016 –cuando aquél ocupaba el cargo de director general de Pepeenergy– su visión del sector de las comercializadoras de energía, un ámbito muy regulado y donde la competencia efectiva es harto difícil.
Recuerdo ahora esta reflexión porque la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha impuesto solo en los últimos dos meses varias multas a Endesa Energía –hasta en cuatro ocasiones–, Naturgy (la antigua Gas Natural Fenosa), Iberdrola y EDP Energía por incumplir las condiciones de contratación del suministro eléctrico y las medidas de protección al consumidor. La más cuantiosa ha sido la sanción incoada a Naturgy por un importe de 1,2 millones de euros (por infracciones en los contratos de gas), a mediados de marzo de este año; pero en este terreno las grandes comercializadoras son reincidentes. Como dato adicional, estas compañías sumaron 1,13 millones de reclamaciones de consumidores en el ejercicio de 2017.