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El Blog de Miguel Angel Jiménez

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Morosidad, IBEX 35 y el abuso del poderoso

29 julio, 2021 Miguel Ángel Jiménez 4 COMENTARIOS

En Sin categoría

Junio 2020: «¿Alguien puede explicarme por qué no se ha hecho todavía?». Así preguntaba con urgencia Antoni Cañete, presidente de la PMcM, por la Proposición de Ley sobre la morosidad que incluye el régimen sancionador, ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso; se ha cumplido más de un año desde su comparecencia en sede parlamentaria y todavía seguimos estancados en el mismo sitio, o quizás peor, por la inacción de los políticos.

Julio de 2021: Según los cálculos de la Plataforma, los balances de la CNMV indican que en 2020 la morosidad de las compañías del IBEX 35 llegó a la cifra de 58.427 millones de euros. Esta cantidad astronómica revela que la tendencia va en aumento, en lugar de corregirse; un ascenso del 9 % en el plazo medio de pago de las empresas no financieras del IBEX, pasando de 176 días en 2019 a 191 en 2020. Recordemos que la obligación legal es de 60 días.

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el 8 de junio de 2020.

La cosa va por barrios, pero el deterioro es general en los periodos medios de pago. En 2020, el plazo medio de las sociedades cotizadas no financieras fue de 200 días. Hay que destacar que lideran este ranking las empresas de Comercio y Servicios, que liquidan sus facturas en 294 días de media; les siguen los ámbitos de Construcción e Inmobiliario, con 275 días; Industria, con 178; y Energía, con 121 días. Tengan en cuenta que se habla de “media”, ya que nos encontramos con nombres señeros en el sector de la construcción y las infraestructuras que superan de largo esos plazos.

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Morosidad impune, la marca España

25 abril, 2017 Miguel Ángel Jiménez HAZ UN COMENTARIO

En Sin categoría

Uno de los eventos más importantes en las últimas semanas dentro del ámbito económico del país se celebró el pasado 20 de abril: la IV Cumbre Político-Empresarial, que promueve la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Su relevancia residió, entre otras cosas, en que logró poner de acuerdo a dos formaciones políticas –Podemos y Ciudadanos– que habitualmente son antagónicas en su concepción de la sociedad y la economía. La razón de este sorprendente consenso, que alcanza al resto de grupos parlamentarios, excepto el PP, es la necesidad imperiosa de crear un régimen sancionador que penalice las prácticas ilegales y abusivas de aquellas empresas que incumplen la legislación vigente en materia de morosidad y periodos de pago en las relaciones comerciales. Una de cada tres empresas ha cerrado en España, directa o indirectamente, por estos motivos a lo largo de esta cruda recesión.

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Europa nos gusta, pero nos quiere sancionar

21 julio, 2015 Miguel Ángel Jiménez 2 COMENTARIOS

En A3e, autoconsumo energético, CNMC, Directiva de Eficiencia Energética, eficiencia energética, factura de la luz, Gobierno español, IBEX 35, Legislación sobre Morosidad, Ley del Sector Eléctrico, morosidad, plazos de pago, PMcM, Unión Europea

El discurso oficial del Gobierno español siempre está alineado con las tesis de las instituciones europeas, es el tono habitual de las intervenciones públicas de ministros y otros representantes políticos; somos un socio comprometido que suscribe y apoya hasta las medidas más ingratas que provienen de la Unión Europea, club al que pertenecemos y en el que tratamos de incardinar muchas de nuestras políticas, como no podía ser de otra manera.

Sin embargo, esta versión oficial ofrece un reverso sombrío y no tan pro europeo ya que España es un país huidizo y remolón cuando se trata de cumplir determinadas Directivas comunitarias que, con toda seguridad, nos haría crecer en competitividad entre los países de nuestro entorno, pero que los gobernantes patrios, de distinto signo político, han creído innecesario encajar en el ordenamiento jurídico español. En un hipotético ránking de áreas especialmente inmunes a dejarse empapar por las tendencias de la UE, hay dos claramente líderes: el sector energético y el ámbito de los plazos de pago. De hecho, España ha recibido recientemente varios varapalos en este sentido por parte de los organismos de Bruselas, que ponen en entredicho este ‘compromiso’ europeo. Veamos cuáles.

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¡Es la financiación, estúpido!

14 abril, 2014 Miguel Ángel Jiménez HAZ UN COMENTARIO

En AFME, autónomos, competitividad, Cuadernos de Material Eléctrico, IBEX 35, Legislación sobre Morosidad, Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, plazos de pago, PMcM, pymes, régimen sancionador, sector eléctrico

“La economía, estúpido” (the economy, stupid), fue una frase muy utilizada por Bill Clinton y sus asesores durante la campaña electoral a las presidenciales de EEUU contra George Bush padre en 1992, que posteriormente se popularizó como “es la economía, estúpido”. Parafraseando el dictamen del expresidente, en la economía nacional, en general, y en el sector eléctrico, en particular, la financiación es el meollo de la cuestión que estrangula una reactivación más sólida.

No obstante, las primeras brisas primaverales han traído cierto aire fresco y optimista que han barrido los malos humores invernales: según los esperanzadores datos publicados por AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico), las ventas del mercado nacional han aumentado un 6,9% en los dos primeros meses de 2014, confirmando el cambio de tendencia iniciado en el último tramo de 2013. No sabemos si es un espejismo, ya que se comparan con los meses de enero y febrero del año pasado, que fueron la travesía más árida del desierto del que parece que vamos a salir, o bien es un indicio de que este ejercicio podría acabar en positivo tras más de un lustro en números rojos.

Sin embargo, la situación económica de las empresas continúa en muchos casos bajo mínimos, en “modo supervivencia”, en buena parte debido a que el grifo del crédito sigue cerrado a cal y canto. En este sentido, los indicadores que ha facilitado recientemente la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) no son nada halagüeños. De acuerdo con esta entidad, dos normas podrían hacer tambalear la mejora registrada en los dos últimos años en el ámbito de los plazos de pago: el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, concretamente dos de sus disposiciones, que permiten el pacto entre las empresas superando los 60 días establecidos por ley, en los casos en los que la deuda o el crédito se cedan a un tercero; y el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público.

De lo que se desprende con esta presumible marcha atrás es la falta de voluntad política para atajar este problema que lastra la situación financiera de las empresas, sobre todo de pymes, micropymes y autónomos, organizaciones vulnerables que no pueden financiar el capital circulante y dependen de una buena gestión de pagos y cobros. Los poderosos (empresas del IBEX 35 y grandes corporaciones) son los grandes beneficiarios de un sistema donde las posiciones de poder y abuso entre cliente y proveedor dañan de partida una normal relación comercial; no es de recibo que un 68% de las empresas firmen contratos que incumplan la ley en los plazos de pago, según una encuesta de la PMcM: temen perder al cliente si le exigen cumplir con la ley, ¡extraña y cruel paradoja!

Queda una pequeña ventana a la esperanza: el desarrollo de un régimen sancionador continúa su trámite en las Cortes y podría entrar en debate parlamentario entre abril y mayo de este año. España es un país que, en muchos ámbitos –más de lo que nos gustaría–, funciona a base de penalizaciones y multas (desde las normas de tráfico a cumplir con la Hacienda pública, por citar sólo dos ejemplos); lo que evidencia que una tipificación clara de infracciones y sus correspondientes sanciones sería un buen método para corregir esta anomalía que nos diferencia de Europa, sólo por delante de Portugal y Grecia. En Francia, gracias a la implantación de un régimen sancionador, los plazos de pago medio se han situado por debajo de los 45 días.

Así, acceso al crédito restringido y plazos de pago abusivos (en el sector de la construcción el plazo medio se sitúa en 253 días) es una combinación fatídica para la liquidez de las compañías que quiebra cualquier conato de reanimar la actividad. No hay que olvidar que morosidad y plazos de pago ilegales son la causa del cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis, algo que perjudica también la competitividad de la economía.

Que disfruten de la Semana Santa, de sus penitencias y sus pequeños placeres.

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Miguel Ángel Jiménez

Miguel Ángel Jiménez

Parece que fue ayer, pero ya han pasado más de tres décadas desde mis primeros pasos en el mundo del periodismo y la comunicación. En este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar y aprender con magníficos profesionales de diversos ámbitos, desde el mundo de las tecnologías de la información hasta la electrónica, pasando por este sector eléctrico en el que llevo inmerso cerca de dos décadas. Mi objetivo es seguir aplicando rigor, coherencia y algo de sentido común a la apasionante tarea de informar sobre un sector que aporta mucho valor a la sociedad.

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