plazos de pago

“La economía, estúpido” (the economy, stupid), fue una frase muy utilizada por Bill Clinton y sus asesores durante la campaña electoral a las presidenciales de EEUU contra George Bush padre en 1992, que posteriormente se popularizó como “es la economía, estúpido”. Parafraseando el dictamen del expresidente, en la economía nacional, en general, y en el sector eléctrico, en particular, la financiación es el meollo de la cuestión que estrangula una reactivación más sólida.

No obstante, las primeras brisas primaverales han traído cierto aire fresco y optimista que han barrido los malos humores invernales: según los esperanzadores datos publicados por AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico), las ventas del mercado nacional han aumentado un 6,9% en los dos primeros meses de 2014, confirmando el cambio de tendencia iniciado en el último tramo de 2013. No sabemos si es un espejismo, ya que se comparan con los meses de enero y febrero del año pasado, que fueron la travesía más árida del desierto del que parece que vamos a salir, o bien es un indicio de que este ejercicio podría acabar en positivo tras más de un lustro en números rojos.

Sin embargo, la situación económica de las empresas continúa en muchos casos bajo mínimos, en “modo supervivencia”, en buena parte debido a que el grifo del crédito sigue cerrado a cal y canto. En este sentido, los indicadores que ha facilitado recientemente la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) no son nada halagüeños. De acuerdo con esta entidad, dos normas podrían hacer tambalear la mejora registrada en los dos últimos años en el ámbito de los plazos de pago: el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, concretamente dos de sus disposiciones, que permiten el pacto entre las empresas superando los 60 días establecidos por ley, en los casos en los que la deuda o el crédito se cedan a un tercero; y el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público.

De lo que se desprende con esta presumible marcha atrás es la falta de voluntad política para atajar este problema que lastra la situación financiera de las empresas, sobre todo de pymes, micropymes y autónomos, organizaciones vulnerables que no pueden financiar el capital circulante y dependen de una buena gestión de pagos y cobros. Los poderosos (empresas del IBEX 35 y grandes corporaciones) son los grandes beneficiarios de un sistema donde las posiciones de poder y abuso entre cliente y proveedor dañan de partida una normal relación comercial; no es de recibo que un 68% de las empresas firmen contratos que incumplan la ley en los plazos de pago, según una encuesta de la PMcM: temen perder al cliente si le exigen cumplir con la ley, ¡extraña y cruel paradoja!

Queda una pequeña ventana a la esperanza: el desarrollo de un régimen sancionador continúa su trámite en las Cortes y podría entrar en debate parlamentario entre abril y mayo de este año. España es un país que, en muchos ámbitos –más de lo que nos gustaría–, funciona a base de penalizaciones y multas (desde las normas de tráfico a cumplir con la Hacienda pública, por citar sólo dos ejemplos); lo que evidencia que una tipificación clara de infracciones y sus correspondientes sanciones sería un buen método para corregir esta anomalía que nos diferencia de Europa, sólo por delante de Portugal y Grecia. En Francia, gracias a la implantación de un régimen sancionador, los plazos de pago medio se han situado por debajo de los 45 días.

Así, acceso al crédito restringido y plazos de pago abusivos (en el sector de la construcción el plazo medio se sitúa en 253 días) es una combinación fatídica para la liquidez de las compañías que quiebra cualquier conato de reanimar la actividad. No hay que olvidar que morosidad y plazos de pago ilegales son la causa del cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis, algo que perjudica también la competitividad de la economía.

Que disfruten de la Semana Santa, de sus penitencias y sus pequeños placeres.