empresas instaladoras

En este arranque de 2015 todavía llegan algunos ecos de la polémica suscitada por la adquisición de productos de iluminación Led por la central de compras de la Diputación de Valencia, presidida por Alfonso Rus, del Partido Popular. Este caso se ha convertido en el ejemplo más notorio de cómo decisiones políticas vinculadas a intereses espúreos alejados de los ciudadanos interfieren en este tipo de procesos y, con la justificación de un ahorro económico  para las arcas de diversos municipios de la provincia, lo que se persigue es el beneficio de unos pocos. Se trata de una operación que ha beneficiado directamente a una empresa de Xátiva, que ha facturado hasta 13 millones de euros, según publicó el diario El Mundo, vinculada de un modo u otro al dirigente del PP.

En este sentido, Anfalum (Asociación de Fabricantes de Iluminación) ya ha denunciado en un comunicado emitido a finales del año pasado que en esta operación llevada a cabo por la Diputación de Valencia se desoyeron sus recomendaciones, que advertían de los riesgos y problemas derivados de la sustitución en el alumbrado público de las lámparas tradicionales de descarga por lámparas Led de conexión directa y otros dispositivos de adaptación de las luminarias instaladas.

Como señala la asociación, las empresas suministradoras que participan en estos concursos públicos deben ofrecer “una garantía y solvencia técnica relevante”. No sólo del propio producto, sino también del proyecto luminotécnico previo, que analice las características específicas de las luminarias y de las ventajas de utilizar una u otra tecnología, o un producto concreto en lugar de otro. La realización de ensayos, por motivos como el peso de una lámpara Led, que es nueve veces superior al de las demás tecnologías, deviene obligatoria.

Estamos hablando de alumbrado público, que afecta a la seguridad y al confort visual en la vida cotidiana de millones de personas, lo que no debería resolverse con este tipo de acciones simples que sólo buscan un ahorro económico a corto plazo, que seguramente se tornará en lo contrario con el paso del tiempo, cuando estas lámparas no estén aportando los niveles de iluminación prometidos, creando deslumbramientos y otros problemas causados por una instalación incorrecta o por el indebido uso de un producto.

Los políticos, y sus partidos, quieren ocupar cada vez más ámbitos de la sociedad y del mundo empresarial. Como afirmó Benito Rodríguez, vicepresidente de Anfalum, en la interlocución con los entes locales se ha sustituido al técnico del ayuntamiento, conocedor de las soluciones y tecnologías de cada campo, por el concejal de turno o, en este caso, por un representante de la diputación provincial. Personas que buscan el provecho propio, la notoriedad y el ruido mediático más que llevar a cabo un proyecto para el bien común con la mayor profesionalidad posible.

Esto entronca, asimismo, con las actuaciones de las centrales de compra de algunas diputaciones provinciales, denunciadas muchas veces por diversas asociaciones de empresas instaladoras y de otros colectivos, que practican una competencia desleal a la hora de licitar la adquisición de material eléctrico, dejando al margen a la cadena de valor del sector, distribuidores, almacenes e instaladores. El mundo está lleno de buenas intenciones –en este caso, el ahorro económico– que pueden traer daños colaterales.

Además, estamos en año de elecciones y ya se sabe que en estos periodos los políticos tienden a ponerse nerviosos y a tratar de acaparar protagonismo, más del que ya tienen, que no es poco. Bienvenidos a este 2015, en el que esperamos que mejoren las tendencias del pasado ejercicio.