Estamos de vuelta tras el paréntesis vacacional (casi siempre breve, al menos subjetivamente) para afrontar lo que resta de año, un periodo de cuatro meses sobre el que muchos han arrojado unas expectativas que dibujan un cambio de tendencia, apoyado en algunos parámetros macroeconómicos positivos, como el descenso del paro, una mejor evolución del PIB en el segundo trimestre, el alza de las exportaciones y un comportamiento óptimo del consumo en las economías de la eurozona (especialmente Francia y Alemania), entre otros.
En el sector eléctrico diversas voces se apuntan a esa esperada variación en la evolución del mercado, donde muchas veces se reclama un mayor protagonismo de las Administraciones Públicas para ejercer de dinamizador. En este sentido, es un lugar común hablar de las trabas que se imponen desde instancias públicas para el normal desarrollo de una actividad, y por su capacidad para regular a favor o en contra de determinados intereses, sin atajar el fondo del problema (no hay que ir muy lejos, la reciente reforma eléctrica es un claro ejemplo).
Sin embargo, desde otros niveles de las Administraciones, como las entidades locales o las comunidades autónomas –tantas veces criticadas, sobre todo estas últimas por su profusión en reglamentaciones que entorpecen y ralentizan la actividad del empresario–, se pueden llevar a cabo actuaciones tremendamente positivas por su poder multiplicador en empleo e inversión. El caso que quiero poner de manifiesto aquí son los denominados Planes Renove, una medida que contribuye a aumentar la calidad y seguridad de las instalaciones en viviendas, edificios y zonas urbanas, y que beneficia tanto al usuario, empresa o particular –que percibe mejoras inmediatas en ahorro y confort–, como a los actores de la cadena de valor, fabricantes, distribuidores e instaladores.
En esta línea, difundimos en la web una iniciativa de este tipo emprendida por la Comunidad de Madrid, si bien otras comunidades como Andalucía, País Vasco y Castilla y León, por mencionar algunas, han llevado y llevan a cabo medidas similares; se trata del Plan Renove de Alumbrado de Emergencia, puesto en marcha con la colaboración de asociaciones sectoriales y entidades: APIEM (instaladores), Anfalum (fabricantes), ADIME (distribuidores) y los sistemas integrados de gestión (SIG’s) Ambilamp y Ecolum. Con este convenio se pretende incrementar la seguridad en locales de pública concurrencia reemplazando equipamientos obsoletos por aparatos más modernos y eficientes; se estima que existen en la Comunidad de Madrid entre tres y cuatro millones de sistemas de alumbrado de emergencia, una parte importante de los mismos con un notable grado de envejecimiento.
Los Planes Renove se erigen de este modo en una fórmula idónea de colaboración, con aportaciones que pueden ser públicas, o bien privadas –los recortes se imponen–, promovida por la Administración y que involucra a todos los agentes, que permite reanimar la actividad en sectores tan castigados como el eléctrico, con los beneficios adicionales en ahorro energético, fiabilidad de las instalaciones y calidad, fundamentalmente. Carlos López Jimeno, director general de Industria de la Comunidad de Madrid, reveló en una entrevista en el número 3 de Cuadernos de Material Eléctrico que se han movilizado más de 600 millones de euros de inversiones inducidas con este tipo de planes desde el año 2006.
Quizá haya que pulir determinados aspectos en estas actuaciones, pero éste es un camino que habrá que transitar, sobre todo en un país en el que se ha construido mucho pero con escasa atención a parámetros de eficiencia energética y seguridad, y donde la rehabilitación está trece puntos por debajo respecto a Europa.
Que tengan un feliz regreso de las vacaciones.
