El Blog de Miguel Angel Jiménez

Comunicación ‘smart’

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En C de Comunicación, canal de la distribución, Cuadernos de Material Eléctrico, empresas instaladoras, fabricantes de material eléctrico, sector eléctrico

De unos años a esta parte, y con una inusitada frecuencia en el sector eléctrico, se ha ido colocando el adjetivo inglés smart (que tiene varias acepciones, elegante, bien hecho, listo y, la más común, inteligente) a algunos términos para dotar de mayor o menor grado de inteligencia a aquel concepto o elemento que calificaban. Así, se viene hablando desde hace tiempo de smart home, smart buildings, smart grids y, ya el colmo, smart cities. Con esto parece indicarse que anteriormente ni los hogares, ni los edificios, ni las redes eléctricas y, aún menos, las ciudades tenían inteligencia ninguna, estaban en otra fase, vamos.

Los pioneros en esta tendencia fueron los teléfonos (¡ah, los imprescindibles smartphones!), que han avanzado exponencialmente en pocos años, y cuyo concepto se lleva de este modo a otras áreas. Si bien cabría decir que este apelativo de smart se utiliza con alegría muchas veces, para dar a entender la implantación de una serie de avances tecnológicos que en ocasiones no tienen mucho que ver con la inteligencia; aunque lo que se intenta transmitir es que los equipos y sistemas se comunican entre sí, y se pueden gestionar y controlar con relativa facilidad vía remota o centralizada.

En esta línea de pensamiento, desde esta humilde tribuna apostamos también por un modelo de comunicación que sea inteligente, vamos a llamarle también smart, que implica un nuevo concepto de lo que necesitan las organizaciones para llegar a sus clientes y a sus proveedores. Estamos cansados de escuchar a numerosas empresas mantras del tipo ‘hacemos esto porque lo llevamos haciendo mucho tiempo’, ‘no sé muy bien qué mensajes lanzar al mercado’, ‘utilizo este canal porque lo utilizaba mi predecesor’, ‘dependo de lo que me digan desde la matriz’ (en el caso de algunas multinacionales), y así podríamos seguir ad nauseam.

Parece anómalo que un elemento tan esencial en la estrategia de una compañía como la comunicación sea origen de tantas indefiniciones y dudas, así que hay que dejarse asesorar por expertos en la materia. De este modo, en esta propuesta de comunicación inteligente desde C de Comunicación apostamos por escuchar la visión y enfoque del cliente, aconsejándole en función de sus demandas. Creemos por ello en una comunicación B2B (entre empresas) que utilice diferentes formatos, desde la revista en papel (Cuadernos de Material Eléctrico) a la página web actualizada diariamente, pasando por los boletines electrónicos, y llegando incluso a otro tipo de formatos (multimedia, audiovisual, encuentros empresariales…), siempre pensando en las cambiantes necesidades de los clientes en un mercado que, al mismo tiempo, también está en permanente transformación.

Nos afirmamos en ello porque, además, los lectores, tanto de los medios impresos como de los canales online, también responden a diferentes perfiles y demandas: pymes y autónomos del colectivo de instaladores, grandes empresas de instalación que se dedican a proyectos de envergadura, ingenierías, consultoras, comercializadoras de energía, empresas de servicios energéticos, asociaciones sectoriales, fabricantes de distintos subsectores, el canal de la distribución…

En consecuencia, nos centramos en aportar esa comunicación smart para que el profesional también pueda obtener elementos de valor, que le sirvan en su toma de decisiones y que le ayuden a conocer mejor los entresijos del mercado. En este enfoque, la interactividad que aportan los medios online contribuye también en este sentido a definir contenidos y enriquecer la información que se traslada al mercado. Su colaboración como lectores es necesaria más que nunca. Esperamos sus comentarios, opiniones y, también, críticas.

El intrusismo que no cesa

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En AEMIAT, asociaciones de instaladores, Cuadernos de Material Eléctrico, instalaciones eléctricas comunes, instaladores, intrusismo, Plataforma PRIE, sector eléctrico

La extensión de la cruda recesión económica que sufrimos desde hace años ha traído diversas consecuencias, unas más previsibles que otras. El cierre de empresas en todos los sectores de actividad y la destrucción de empleo subsiguiente, especialmente en ámbitos como la industria de la construcción y sus sectores auxiliares, ha generado las condiciones idóneas para un caldo de cultivo donde se desarrolla un viejo conocido: el intrusismo profesional.

En muchos casos, la mortandad de empresas ha devenido en la creación, a la manera de la reproducción por esporas, de nuevos pequeños organismos: micropymes y autónomos que surgen del antiguo cuerpo para seguir activos en el mismo sector que conocen y en el que acumulan experiencia; además, se dan muchos ejemplos en los que incluso estos trabajadores actúan en condiciones que rayan la ilegalidad, que en algunas zonas del país llaman ‘irregulares’. Su estrategia se basa en numerosas ocasiones en ofertas agresivas en precio, llegando a involucrarse y a entrar en proyectos donde carecen de la experiencia adecuada, o desconocen algunos de sus elementos tecnológicos o normativos. La desesperación, y esto es comprensible, lleva a la audacia.

Pero resulta que el sector eléctrico (y afines) es un campo con un alto contenido tecnológico, en el que se trabaja –una obviedad que hay que recordar– con electricidad, un elemento peligroso y sensible que puede causar accidentes, heridos e incluso muertes (como ha resaltado a lo largo de su trayectoria la Plataforma PRIE, ahora caída en cierto olvido). La calidad y la seguridad de las instalaciones es un objetivo irrenunciable, a pesar de las dificultades económicas, porque, si no es así, probablemente vendrán los lamentos a posteriori, en forma de altos consumos de energía, mal funcionamiento de las instalaciones, deterioro de los materiales y riesgo de accidentes. El usuario final, sea un particular o una empresa de cualquier sector de actividad, debería valorar todos estos factores.

En este contexto, el presidente de AEMIAT (Asociación Española de Empresas de Mantenimiento de Instalaciones de Alta Tensión) me relataba recientemente un caso clarificador: una comunidad de vecinos, a la hora de renovar las instalaciones eléctricas comunes del edificio ya obsoletas –los cuadros de contadores–, eligió entre varias propuestas la más económica, sin mirar o valorar otros aspectos. El reducido compartimento del cuarto de contadores y el desconocimiento de la normativa por parte del instalador contratado le llevó a derribar una pared para aumentar el espacio entre los cuadros, cuando eso se hubiera evitado con la instalación de unos equipos de protección adecuados, y permitidos por la normativa para este tipo de situaciones. El organismo de control no validó finalmente la obra al no cumplir los requisitos de seguridad y la comunidad de vecinos se encontró con un problema adicional, más oneroso de lo que había previsto en un principio. El conjunto de los trabajos supuso un mayor desembolso del inicial y el cliente quedó insatisfecho puesto que no se habían cumplido las expectativas prometidas en precio y calidad.

La competencia desleal de ‘irregulares’ (trabajos sin IVA, no verificación de la calidad y seguridad…) distorsiona las condiciones de un mercado ya de por sí castigado por otros factores. Las asociaciones de instaladores llevan clamando contra el intrusismo desde hace años, pero la crisis ha echado en saco roto cualquier iniciativa en este sentido; en una reciente encuesta elaborada por Cuadernos de Material Eléctrico el intrusismo estaba entre los primeros cinco problemas del colectivo. Hace falta, además, una mayor concienciación ya que el precio no es lo único que cuenta.

El escándalo de los plazos de pago en España

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En Comisión Europea, Cuadernos de Material Eléctrico, Daniel Calleja, distribución de material eléctrico, IBEX 35, instaladores, Ley 15/2010, mesa redonda, morosidad, Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, plazos de pago, PMcM

“Si todos los agentes, tanto públicos como privados, pagasen a 30 días, lo que se ganaría equivaldría a toda la deuda de Grecia”, ha señalado recientemente Daniel Calleja, director general del área de Industria de la Comisión Europea, en el diario Cinco Días. Esta frase rotunda plasma en pocas palabras lo que supone el alargamiento abusivo de los plazos de pago y la morosidad en España, una auténtica lacra que sitúa a nuestro país como líder en esta triste estadística –junto con Portugal, Italia y, sobre todo, Grecia– que, además, afecta muy negativamente a la competitividad de las empresas.

En la reciente mesa redonda sobre la distribución de material eléctrico, que organizó Cuadernos de Material Eléctrico el pasado 10 de octubre en Madrid, los plazos de pago y la morosidad salieron a colación como uno de los elementos más distorsionadores del mercado, que ejerce mucha tensión sobre el canal de la distribución, agente intermedio entre el fabricante y el instalador o profesional. Con la prolongación y crudeza de la recesión económica, muchas empresas distribuidoras se han encontrado, y se encuentran, en una situación complicada a la hora de valorar el riesgo financiero de muchas operaciones, lo que les lleva a perder clientes al tratar de aplicar los plazos establecidos en la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. No en vano una cuarta parte de las empresas en España ha cerrado su actividad como consecuencia de la morosidad, como ha señalado también Daniel Calleja, si buen otras fuentes apuntan a que este porcentaje es superior.

Como se señalaba en un reciente post de este blog en el mes de septiembre, la parte más frágil de toda la cadena son las pymes, micropymes y autónomos, que constituyen en el sector instalador, por ejemplo, cerca del 90% del total del tejido empresarial, que son las más vulnerables dada su escasa capacidad de financiación, y menos hoy en día con la restricción crediticia que están aplicando los bancos y entidades financieras. Además, y esto es un dato sorprendente, según señala la PMcM (Plataforma Multisectorial contra la Morosidad), cerca de un 20% de las empresas del país dicen desconocer esta normativa.

En lo que prácticamente todos los directivos presentes en la mesa de debate coincidieron es que la citada ley está mal diseñada y que, sobre todo, es necesario elaborar y poner en práctica un reglamento sancionador para que funcione con eficacia, como ocurre en otros países de la Unión Europea. No debe olvidarse que en marzo de este año se transpuso al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre plazos de pago, lo que implica que es una norma supranacional que tiene preeminencia sobre la legislación nacional.

Pero, ¿quién gana con esta situación? Las Administraciones Públicas siguen dando un mal ejemplo en este ámbito, pero existe una voluntad de mejorar los ratios actuales (141 días de plazo medio de pago) con distintas medidas que el actual Gobierno ha puesto en marcha y otras que está previstas. Pero son las grandes compañías, como las firmas del IBEX 35, las que salen ganando con esta conducta, y que ejercen presión para que no cambie sustancialmente, así como las entidades financieras, que han desarrollado toda una serie de instrumentos para obtener ingresos.

Así lo ha denunciado la PMcM en sus informes. Las grandes empresas del IBEX 35 tienen plazos de pago de 215 días de promedio, que llegan en el caso del sector de la Construcción e Inmobiliario a superar los 300 días de plazo medio de pago en 2012. Esto supone que “las grandes compañías españolas financian gratuitamente una parte importante de su pasivo circulante a costa de sus propios proveedores”, que en su mayoría son pymes y autónomos. La cuestión roza el cinismo más crudo cuando algunas constructoras han liquidado sus deudas con las distintas Administraciones, pero ellas, a su vez, no han abonado las deudas que mantenían con sus empresas subcontratadas, en una cadena perversa donde el más perjudicado siempre es el más débil.

En este sentido, una ocasión excelente para ponerse al día en esta cuestión y empezar a solventar esta anomalía en las relaciones comerciales es la II Cumbre Político-Empresarial, que se celebrará el próximo 7 de noviembre bajo el título “Medidas para garantizar el cumplimiento de la Legislación sobre Morosidad”, y que va a reunir a empresarios, políticos y asociaciones. Es hora de atajar eficazmente este enorme problema.

La distribución, adaptarse al nuevo paradigma

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En AKÍ, ATB Bricolaje, Bricoking, Bricor, cadenas de bricolaje, Cuadernos de Material Eléctrico, distribución de material eléctrico, distribuidores de material eléctrico, El Corte Inglés, Fagor, instaladores, Leroy Merlin

El mundo se mueve bajo nuestros pies, cambia a una velocidad vertiginosa y el paisaje, como si estuviéramos en plena borrasca, se transforma con brusquedad, desapareciendo elementos, tierras y vegetación. En el plano empresarial, gigantes antaño solventes y de un prestigio que parecía inmarcesible se tambalean; ejemplos recientes son El Corte Inglés o Fagor: la empresa de los grandes almacenes, que siempre han anunciado la primavera y el otoño, ha vendido su financiera al Banco de Santander, y empieza a apuntarse a la estrategia de precios bajos; por su parte, el líder del sector de electrodomésticos de línea blanca, con más de 5.000 trabajadores, necesita líneas de financiación urgente para evitar la situación concursal, como han publicado varios diarios.

En la mesa redonda dedicada al canal de la distribución de material eléctrico, celebrada el 10 de octubre en Madrid, las empresas participantes, de perfiles diversos, constataron que también se está produciendo una verdadera mutación en su sector, el paradigma se ha transformado. Entre otros muchos aspectos, se comentó el cambio acelerado en la comercialización de los productos commodities, o más orientados al consumidor (lámparas y bombillas, mecanismos, herramientas, fijaciones, etc.), ámbito donde están entrando con fuerza las superficies de bricolaje y de suministro industrial.

Consecuencia en parte por la crisis económica y por la creciente tendencia social del do-it-yourself, el usuario se atreve cada vez más con determinadas tareas en el hogar, pequeños trabajos o instalaciones sencillas, y ya no acude al instalador profesional, sino que se dirige a estas cadenas de bricolaje (Leroy Merlin, Bricoking o Bricor, por mencionar algunas conocidas), que arrebatan una cierta parcela de negocio al distribuidor de material eléctrico. De hecho, el número de referencias en productos eléctricos que puede tener una superficie de bricolaje puede oscilar entre las 8.000 de un Leroy Merlin a unas 2.000 en compañías como AKÍ, ATB o Bricor.

Lo que se ha dado en llamar la banalización del producto técnico hace que el instalador pierda cuota de actividad en ese ámbito de las reformas modestas y le obliga a buscar otros nichos, donde los equipos y las soluciones requieran la intervención de un profesional cualificado y formado.

Por ello, tal como señalaron algunos de los participantes en la citada mesa redonda, el canal de la distribución tiene que definir con claridad a qué tipologías de cliente quiere dirigirse, cuáles serán sus socios en esta andadura. Evidentemente, si su intención es crecer en áreas con potencial y ofrecer servicios y tareas que aporten valor añadido, debe identificar y desarrollar esos perfiles de clientes. Existen todavía oportunidades en el mercado, y la innovación puede llevarse a cabo incluso en ámbitos poco propicios, pero hay que cambiar mentalidades y romper inercias del pasado.

Lo que es seguro es que si las empresas de distribución no se adaptan con rapidez, agilidad y eficacia a este nuevo contexto, donde tendrán que convivir con la competencia de otros nuevos actores (sean superficies de bricolaje u otros), corren el riesgo de que los vientos que azotan el sector les barran del paisaje (como ha ocurrido en este y otros mercados). Afortunadamente, muchas organizaciones ya se han puesto a ello desde hace tiempo, ya que el tamaño o la marca ya no cuentan por sí solos.

A vueltas con la competitividad

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En competitividad, Cuadernos de Material Eléctrico, formación, I+D, industria española, PwC, Siemens

La competitividad es uno de esos términos que políticos y representantes institucionales insertan con frecuencia en sus discursos como si fuera una especie de ingrediente aromático que confiriera a la salsa del texto un sabor evocador y más atractivo al paladar; hay otros también muy utilizados, como ‘responsabilidad’, ‘sostenibilidad’, ‘eficiencia’…, en fin, la lista sería larga. Competitividad es pues uno de esos mantras repetidos a menudo y que casi siempre viene asociado a la reducción de salarios, ya que “eso nos hará ser más competitivos”.

En este contexto, no es ninguna novedad decir que España siempre ha mostrado bajas tasas de competitividad, incluso en los periodos de bonanza económica; al contrario, desde el comienzo de la crisis económica en 2008, la productividad ha aumentado por mor del incremento del desempleo y de la caída real de salarios que se ha registrado. Es pues uno de los déficits estructurales de la economía nacional.

Pero perseguir un crecimiento de la competitividad real –más allá de la variable salarial– que nos acerque a los valores promedio de la Unión Europea debe basarse en otros aspectos, como suelen afirmar repetidamente expertos en la materia: inversión en I+D; incorporación de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones (las llamadas TIC), que permitan mejorar la eficiencia de los procesos; potenciar la formación del trabajador, el capital humano; y la mejora de las infraestructuras, el capital físico.

En este sentido, un informe elaborado por la firma PwC, que ha sido patrocinado por Siemens, pone el énfasis en estos aspectos, indicando que una mejora de la competitividad en la industria española, sobre todo en el aumento de la productividad por empleado y en el alza de la inversión en I+D, podría hacer crecer el PIB nacional un 2,3%. Este trabajo enumera otros factores, como la necesidad de incrementar el tamaño medio de las empresas industriales españolas y de mejorar parcelas de España como país (la calidad de la educación, las barreras administrativas, el acceso al crédito, el coste de la energía, muy por encima de la media europea), que permitirían que el crecimiento económico fuera aún mayor.

Rosa García, presidenta de Siemens en España, señaló en la presentación de este informe que “bajar salarios no es la solución definitiva”, actuar en esta variable tiene un recorrido limitado en el que nuestro país siempre se verá superado por otras economías (no sé si llamarlas emergentes, ya que emergieron hace tiempo en algunos casos) cuya ventaja competitiva sí son unos costes salariales inferiores a los estándares occidentales, y donde siempre tendremos las de perder. Es más, esa rebaja de salarios provoca el éxodo de profesionales cualificados a otros sectores, o bien hacia otros países, lo cual es peor.

Además de lo anterior, quizá sea necesario también cambiar la mentalidad y los hábitos de una parte del tejido empresarial, que es algo reticente a la hora de incorporar nuevas tecnologías y aplicar innovaciones en los procesos, y que traduce estos elementos únicamente en costes sin ver que podrían generarle ventajas y beneficios en el medio y largo plazo. El empresario, incluso en situaciones complicadas y difíciles como las que se están viviendo, no sólo debe tener un ojo en el presente inmediato, y a veces dramático, sino también en cómo sostener el negocio en el futuro, y para ello la aplicación de tecnología y la innovación, entre otros aspectos, son fundamentales.

Las asimetrías en los plazos de pago

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En Antoni Cañete, canal de la distribución, Cristóbal Montoro, empresas instaladoras, IBEX 35, Lehman Brothers, morosidad, Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, plazos de pago, PMcM, pymes

No sé si merece la pena reseñarlo, pero ayer, 15 de septiembre, se cumplió el quinto aniversario de la quiebra y desaparición de Lehman Brothers, uno de los principales detonantes de la actual recesión global con la que convivimos –no sabemos hasta cuándo– y que se ha cebado de forma inclemente con países como España, acentuando unos desequilibrios que en los años de bonanza se soslayaban.

Precisamente, una de las nefastas consecuencias de la depresión económica, muy palpable en la realidad de nuestro país, es el crecimiento de la morosidad y el alargamiento de los plazos de pago, una anomalía en el contexto europeo, si exceptuamos a Grecia. Las Administraciones Públicas no son un buen ejemplo en este apartado, si bien han mejorado su comportamiento en los últimos años, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene en preparación el Anteproyecto de Ley de Control de la Deuda Comercial en el sector público, cuyo objetivo es atajar este problema con firmeza, aunque ya se ha difundido que algunas comunidades autónomas pretenden que el pago a proveedores sea ‘asimétrico’, eufemismo que esconde el tratar de forzar la legislación a medida.

Además, como ha informado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), las empresas del IBEX 35 (no incluye las financieras) pagaban en 2012 a sus proveedores en plazos muy superiores a los permitidos por la Ley 15/2010; la palma se la lleva el sector de la Construcción e Inmobiliario, con ¡¡301 días de plazo medio de pago!!, y eso que han mejorado; algo absolutamente demencial para la vida de un sinfín de empresas. Otra asimetría más: mientras estas corporaciones tratan de cobrar al contado o con los plazos marcados por la ley, retrasan al máximo el pago a sus proveedores. Como ha denunciado Antoni Cañete, presidente de la PMcM, “algunas de estas grandes compañías se financian, en parte, a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos”.

Y este es el gran drama en muchos segmentos, con especial incidencia en el sector eléctrico, donde las pymes y autónomos son la gran mayoría en el colectivo de empresas instaladoras y en el canal de la distribución. La tesorería se convierte en un elemento vital, que termina ahogando a las pequeñas empresas que, en numerosos casos, no pueden luchar contra un Goliath poderoso, a pesar de que su gestión y modelo de negocio sean solventes. España es un país amante de desarrollar normas, pero poco preocupado en su cumplimiento. Sin un régimen sancionador eficaz que empuje a cumplir la ley y que erradique estas malas prácticas la supervivencia de una gran parte del tejido productivo está en juego.

Los positivos efectos de los Planes Renove

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En ADIME, alumbrado de emergencia, Ambilamp, Anfalum, APIEM, Carlos López Jimeno, Cuadernos de Material Eléctrico, Ecolum, Planes Renove, rehabilitación

Estamos de vuelta tras el paréntesis vacacional (casi siempre breve, al menos subjetivamente) para afrontar lo que resta de año, un periodo de cuatro meses sobre el que muchos han arrojado unas expectativas que dibujan un cambio de tendencia, apoyado en algunos parámetros macroeconómicos positivos, como el descenso del paro, una mejor evolución del PIB en el segundo trimestre, el alza de las exportaciones y un comportamiento óptimo del consumo en las economías de la eurozona (especialmente Francia y Alemania), entre otros.

En el sector eléctrico diversas voces se apuntan a esa esperada variación en la evolución del mercado, donde muchas veces se reclama un mayor protagonismo de las Administraciones Públicas para ejercer de dinamizador. En este sentido, es un lugar común hablar de las trabas que se imponen desde instancias públicas para el normal desarrollo de una actividad, y por su capacidad para regular a favor o en contra de determinados intereses, sin atajar el fondo del problema (no hay que ir muy lejos, la reciente reforma eléctrica es un claro ejemplo).

Sin embargo, desde otros niveles de las Administraciones, como las entidades locales o las comunidades autónomas ­–tantas veces criticadas, sobre todo estas últimas por su profusión en reglamentaciones que entorpecen y ralentizan la actividad del empresario–, se pueden llevar a cabo actuaciones tremendamente positivas por su poder multiplicador en empleo e inversión. El caso que quiero poner de manifiesto aquí son los denominados Planes Renove, una medida que contribuye a aumentar la calidad y seguridad de las instalaciones en viviendas, edificios y zonas urbanas, y que beneficia tanto al usuario, empresa o particular –que percibe mejoras inmediatas en ahorro y confort–, como a los actores de la cadena de valor, fabricantes, distribuidores e instaladores.

En esta línea, difundimos en la web una iniciativa de este tipo emprendida por la Comunidad de Madrid, si bien otras comunidades como Andalucía, País Vasco y Castilla y León, por mencionar algunas, han llevado y llevan a cabo medidas similares; se trata del Plan Renove de Alumbrado de Emergencia, puesto en marcha con la colaboración de asociaciones sectoriales y entidades: APIEM (instaladores), Anfalum (fabricantes), ADIME (distribuidores) y los sistemas integrados de gestión (SIG’s) Ambilamp y Ecolum. Con este convenio se pretende incrementar la seguridad en locales de pública concurrencia reemplazando equipamientos obsoletos por aparatos más modernos y eficientes; se estima que existen en la Comunidad de Madrid entre tres y cuatro millones de sistemas de alumbrado de emergencia, una parte importante de los mismos con un notable grado de envejecimiento.

Los Planes Renove se erigen de este modo en una fórmula idónea de colaboración, con aportaciones que pueden ser públicas, o bien privadas ­–­los recortes se imponen­–, promovida por la Administración y que involucra a todos los agentes, que permite reanimar la actividad en sectores tan castigados como el eléctrico, con los beneficios adicionales en ahorro energético, fiabilidad de las instalaciones y calidad, fundamentalmente. Carlos López Jimeno, director general de Industria de la Comunidad de Madrid, reveló en una entrevista en el número 3 de Cuadernos de Material Eléctrico que se han movilizado más de 600 millones de euros de inversiones inducidas con este tipo de planes desde el año 2006.

Quizá haya que pulir determinados aspectos en estas actuaciones, pero éste es un camino que habrá que transitar, sobre todo en un país en el que se ha construido mucho pero con escasa atención a parámetros de eficiencia energética y seguridad, y donde la rehabilitación está trece puntos por debajo respecto a Europa.

Que tengan un feliz regreso de las vacaciones.

Movimientos en el canal de la distribución

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En AME, canal de la distribución, Coelca, Cuadernos de Material Eléctrico, distribución de material eléctrico, ElectroFORUM, Fegime España, Grudilec, Grupo Electro Stocks, Grupo Erka, Grupo Rexel, Kilovatio Galicia, Orpissa, Sonepar Ibérica

Eppur si muove (“y sin embargo se mueve”, en español), la frase que según diversos historiadores dijo el astrónomo italiano Galileo Galilei después de retractarse de la teoría heliocéntrica ante los jueces de la Santa Inquisición, podría describir de algún modo la coyuntura del canal de la distribución de material eléctrico en los últimos tiempos.

Cuando desde muchas instancias y voces se da por acabado el modelo tradicional de la distribución, sobre todo por los numerosos cierres de empresas, concursos de acreedores y situaciones financieras muy complicadas (incluso en organizaciones que se habían mostrado modélicas hasta hace bien poco), la mayoría de compañías de este sector se empeñan en transformarse, manteniendo esos elementos válidos que las hacen reconocibles ante sus clientes, y se replantean muchos aspectos de su actividad. Es decir, se mueven, y mucho.

Formación, productos personalizados, gestión de la logística, colaboración estrecha con el fabricante,  asesoramiento técnico-comercial al cliente, propuestas novedosas en el punto de venta, búsqueda de nichos de negocio alternativos, plataformas de venta online…, todos son factores que, entre otros, los distribuidores están valorando y trabajando intensamente para sostener y hacer crecer sus ingresos en un entorno de contracción. Como ya es bien sabido, también se han producido operaciones de consolidación del mercado: en 2012 Grupo Rexel adquirió el Grupo Erka, Grupo Electro Stocks se hizo con Kilovatio Galicia, Sonepar Ibérica integró en su grupo a AME y, ya en 2013, Fegime España se fusionó con Orpissa, por mencionar sólo algunos.

En este sentido, mientras se clausuran delegaciones y oficinas alejadas de los patrones de rentabilidad y se ajustan mucho las organizaciones, las empresas también mantienen una política de apertura de puntos de venta en aquellas zonas geográficas donde perciben posibilidades de crecimiento, y así lo están haciendo firmas como Coelca (miembro de Grudilec), Sonepar, Grupo Electro Stocks, Rexel, etc.

En este sentido, un ejemplo del empuje y reinvención de la distribución es la iniciativa puesta en marcha por Grupo Electro Stocks con la organización del certamen tecnológico Electro FORUM, una jornada de exposición de productos con ciclos de conferencias concebida para mostrar y exponer al profesional de la instalación alternativas de negocio y posibilidades de incremento de actividad en este contexto deprimido.

De todo ello se deduce que, aunque muchas veces no se lleve a la práctica, las empresas piensan que lo correcto es ofrecer soluciones que estén alejadas del precio como único argumento. Desde esta tribuna creemos, precisamente, que el secreto está en aportar valor por encima, o más allá, del precio, conservando la capacidad de prescripción del distribuidor; salvaguardar y potenciar esa influencia mejorará sus perspectivas.

Probablemente, en este y otros temas, habrá otros otros puntos de vista, que en esta columna siempre aceptaremos. Por ello, les animamos para que, siempre que lo estimen oportuno, viertan sus opiniones sobre los temas que abordamos en este blog, con total libertad; un espacio de este tipo pierde algo de su esencia sin esta interactividad. ¡Que disfruten del paréntesis vacacional!, volveremos en septiembre.

Una reforma energética insuficiente

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En compañías eléctricas, Cuadernos de Material Eléctrico, factura de la luz, ICAI, José Ignacio Pérez Arriaga, Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, productores de energías renovables, reforma energética, sector eléctrico, Tarifa de Último Recurso (TUR)

Casi como sucede con las revisiones del sistema educativo, las reformas del sistema eléctrico se suceden con el paso de los años y no se termina nunca de conformar una regulación eficaz que mire al largo plazo y que trabaje por la eficiencia del sector. Demasiados intereses contrapuestos, bastante desconocimiento y mucha hipocresía. Así, el pasado viernes 12 el Gobierno aprobó un paquete de medidas que, a la luz de los primeros análisis, no convence a nadie y, al decir de muchos, incorpora nuevos parches para diversos problemas, pero sin abordarlos desde una perspectiva integral y sostenible.

La primera consecuencia de este nueva reforma ­–¡como no podía ser de otra manera! – es la subida del recibo de la luz para el consumidor, un 3,2%, que se suma a las aplicadas en los últimos años: entre 2003 y 2011 la factura para el usuario doméstico ha aumentado un 63%, lo que convierte a España en el país más caro de la UE, únicamente por debajo de Chipre e Irlanda, según datos de Eurostat. Lo primero que se percibe, por tanto, es que el sufrido ciudadano sigue pagando la cuenta de los errores de otros. Pero no sólo en el ámbito doméstico, el consumidor industrial también paga más cara la electricidad en nuestro país (aparte de estados tan dispares como Malta, Chipre, Lituania o Eslovaquia, sólo Reino Unido, Irlanda e Italia nos superan entre los países de nuestro entorno), lo que repercute directa y negativamente en la competitividad de las empresas españolas.

A pesar de lo anterior, el Gobierno dice buscar con esta reforma garantizar el suministro al consumidor al menor coste posible y de la forma más transparente (no sabemos todavía cómo, ya que la factura de la luz es precisamente uno de esos documentos que parecen escritos en lenguaje críptico). Asimismo, otra novedad del paquete de medidas aprobado es que la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se acogen la gran mayoría de los usuarios domésticos, pasa ahora a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor.

La reforma gubernamental introduce, aparte del cambio de nombre, la penalización de las segundas viviendas y las viviendas vacías, cobrando más caro el término fijo de potencia. Esto conlleva que este tipo de instalaciones van a pagar más, aunque no haya consumo, de tal forma que, además, se beneficia a los usuarios que tienen un alto consumo, abandonando toda idea de eficiencia y racionalización del gasto energético.

Así las cosas, con esta nueva regulación, el Gobierno –al que hay que agradecer, al menos, el afrontar sin tapujos el problema del déficit de tarifa – ha generado el descontento tanto de las compañías eléctricas, que se consideran perjudicadas, como de los productores de energías renovables, que vuelven a sentirse castigados por unos nuevos recortes en las primas, que implican también más incertidumbre jurídica. Con ello se vislumbra que han predominado en esta reforma, sobre todo, los criterios economicistas, con la intención de parchear la sangría financiera del citado déficit de tarifa (4.500 millones de euros anuales), antes que otras motivaciones más orientadas a la sostenibilidad y a reducir la dependencia energética. Montoro gana la partida.

Coincidimos con unas declaraciones de José Ignacio Pérez Arriaga, director de la cátedra BP de energía de la Escuela Superior de Ingeniería ICAI, que afirmaba que la política energética gubernamental se define por “improvisación, inseguridad jurídica y falta de transparencia”. Se admiten más calificativos.

La meta del autoconsumo energético se aleja

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En APPA, autoconsumo energético, eficiencia energética, energías renovables, generación distribuida, Jaume Margarit, José Donoso, Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético, UNEF

Las políticas gubernamentales para atajar el déficit público se han convertido en una corriente global que está cegando la búsqueda de soluciones alternativas al mero recorte presupuestario en numerosos sectores. Todo se sacrifica al sacrosanto cumplimiento de la llamada consolidación fiscal (expresión salida de los manuales económicos que los ciudadanos nos hemos visto obligados a aprender sobre la marcha), y el sector eléctrico no permanece ajeno a esta espada de Damócles.

Pero en este mercado, como en otros, la voz del poderoso encuentra oídos más receptivos en la Administración que la de otros agentes involucrados. Un ejemplo de ello es lo que ha desvelado la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético: el Gobierno está preparando una regulación al respecto que, presumiblemente, podría ver la luz el próximo día 5 de julio y que supondrá “cercenar el desarrollo del autoconsumo y que no haya alicientes para el ciudadano”, como afirmó José Donoso, director general de UNEF (Unión Española Fotovoltaica), asociación que forma parte de la plataforma.

En síntesis, mientras el discurso oficial recorre la senda trillada del ‘firme apoyo’ a las energías renovables y la eficiencia energética, los hechos van por otro lado, radicalmente opuesto, ya que el autoconsumo energético (instalaciones sobre tejado en viviendas, edificios e industrias mediante captadores fotovoltaicos o incluso equipamientos de energía minieólica) permitiría reducir los costes energéticos de consumidores, sean ciudadanos o empresas.  El Gobierno atiende aquí los intereses de las compañías eléctricas, que realizaron cuantiosas inversiones en centrales de ciclo combinado principalmente en los primeros años de la liberalización del mercado y que ahora, con la crisis económica, no son rentables; “para salvar esas inversiones se está machacando al sector de las energías renovables”, denunció Jaume Margarit, director general de APPA (Asociación de Productores de Energías Renovables), también integrante de la citada plataforma.

Parece que la eficiencia energética que se deriva del autoconsumo no gusta ni a la Administración ni, lógicamente, a las eléctricas, que ven peligrar el status quo en que se mueven; el aumento de los peajes en la tarifa y el incremento del límite de potencia en este tipo de instalaciones (que se prevé que incluya la inminente normativa) impedirá el autoconsumo.

Rozando el absurdo, se podrían producir incongruencias ya que esa regulación entraría en contradicción manifiesta con la legislación aprobada para la certificación energética de edificios, por ejemplo, que establece que un inmueble tendría una mejor etiqueta energética si se instalan equipamientos de energías renovables. Es notoria la ausencia de una política pública integral de eficiencia energética a todos los niveles, que englobe a las tecnologías renovables, y se sigue el dictado de ciertos lobbys. Mientras tanto, España registra un enorme desequilibrio en su balanza de pagos debido a una dependencia energética que llega al 85%. No contamos con reservas de petróleo y gas, pero el país actúa como si así fuera; en cambio, sí tenemos sol y viento a nuestra disposición, pero países como Alemania con muchas menos horas de irradiación solar nos llevan una ventaja sideral. Lo de siempre.

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