Lamento comunicarles que no voy a hablar de la situación de Cataluña, que, como es lógico, ocupa y preocupa a todos los agentes del sector eléctrico, desde empresas y asociaciones hasta organizaciones sectoriales y otras entidades, proceso que esperemos que logre encauzarse para bien de todos. En este post, quiero poner el foco en una noticia publicada a finales de junio que ha pasado bastante desapercibida a mi juicio, a pesar de los importantes efectos y proyección que puede acarrear al sector de las instalaciones eléctricas.
Se trata de una información que describía que el Tribunal Supremo había anulado la ventaja competitiva de las compañías eléctricas frente a los instaladores independientes, a raíz de un recurso interpuesto por la desaparecida CNC, cuyas funciones desempeña ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta noticia puso de manifiesto una vez más el statu quo que perjudica a centenares de empresas instaladoras, que están autorizadas por la Administración y cumplen todos los requisitos legales, a la hora de llevar a cabo instalaciones de enlace, extensiones de red, etc., frente a la actuación de las grandes compañías.
