Este fue uno de los apelativos “cariñosos” que recibió José Manuel Soria, ministro de Industria en el pasado Congreso de FENIE, celebrado a finales de octubre en Ávila y del que hablábamos en el último post, en referencia sobre todo al Real Decreto sobre el autoconsumo impulsado por su ministerio, regulación que en ese mismo foro fue calificada amablemente como “chapuza”, “norma inútil” o “anécdota”. Traigo a colación de nuevo el autoconsumo fotovoltaico porque es un asunto reiterado hasta el empacho en estas últimas semanas dado que es un ejemplo extremo de las contradicciones de la política energética, si es que se puede llamar política a una sucesión de normas que van en contra e incluso incumplen las Directivas Europeas en muchos de sus aspectos. Parece que la ley es sagrada según para qué cosas y que el ministro dirige un circo, en la acepción de ‘confusión’ o ‘desorden’ según la RAE.
Precio Voluntario al Pequeño Consumidor
Eficiencia energética, a destiempo y sin ganas
A los españoles nos cuesta bastante aplicarnos en determinadas tareas, tenemos fama entre nuestros vecinos europeos de llegar tarde a muchos trenes y, a veces, cuando los cogemos a tiempo nos bajamos antes de que alcancen la velocidad adecuada. Así, el avance de la eficiencia energética está experimentando pasos adelante y atrás: es un ámbito en el que ocupamos una más que digna posición entre las 16 economías más grandes del mundo; algo que no debe llevar a la complacencia, ya que, como Estado miembro de la Unión Europea, España tiene el compromiso ineludible de incorporar a su ordenamiento jurídico las Directivas que se promulgan desde Bruselas. Y aquí es donde desde hace unos años nos vienen sacando los colores por quedarnos a la zaga.
Siempre a última hora, y en ocasiones pasado el límite temporal estipulado (como los partidos que se acaban decidiendo en la prórroga), nuestro país siempre apura los plazos. Así, el Gobierno presentó in extremis, sin ganas, a la Comisión Europea el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, que abarca un programa de rehabilitación energética de edificios; la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE terminó su periodo de transposición a la legislación nacional el día 5 del pasado mes de junio, y al día siguiente el Consejo de Ministros aprueba la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), cuya cuantía y objetivos ya se han calificado como de decepcionantes y escasos, dado el estado del parque inmobiliario (cerca del 60% de los más de 25 millones de viviendas tienen más de 30 años). Una política más ambiciosa e integral en este campo sería beneficiosa por los ahorros y por su capacidad de crear empleo estable y de calidad; algo que se ha intentado paliar con el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, aprobado el viernes 18 de julio.
Esto es, el Gobierno de la nación se demora en diversos aspectos importantes y le cuesta ponerse al día con los deberes que marca la normativa europea en cuanto a eficiencia energética e implantación de energías renovables, tema este último de largo alcance, ya que la regulación ha ido claramente en contra de este sector. Todo ello sorprendente si se piensa que nuestra dependencia energética exterior se halla cerca del 80%.
A esto se puede añadir que la eficiencia energética quedó fuera de las prioridades cuando se decidió en febrero de este año subir el término fijo de potencia en la factura de la luz, con lo que se desincentivan las medidas de eficiencia que se puedan tomar en los hogares. Importa más el déficit de tarifa.
Ha comenzado pues el verano y, para alegrarnos el estío, el 1 de julio finalizaba el plazo que tenían las comercializadoras eléctricas para adaptar sus sistemas de facturación de acuerdo con el nuevo cálculo de los Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (PVPC), por la gracia del ministerio que dirige José Manuel Soria.
Aunque las eléctricas están devolviendo el dinero facturado de más en el primer tramo del año, los consumidores se encuentran ahora en cierto estado de confusión, e incluso de vulnerabilidad. Según se ha publicado en distintos medios, las denuncias a las eléctricas han aumentado sustancialmente en el primer semestre de este año (son las más numerosas tras las operadores de telecomunicaciones y la banca), debido sobre todo a las quejas de fraudes y abusos en las ofertas del mercado libre que se producen con campañas engañosas y búsqueda de clientes casa por casa –vamos, lo que se ha llamado siempre “venta a puerta fría”–.
En suma, desconfíe usted si además vienen a ofrecerle el mejor precio de la electricidad a la puerta de su casa. Eso es que algo no funciona.
Lo que sí creo que funciona en esta época calurosa es un buen rato de lectura. Y como este es el último post antes de las vacaciones, me permito hacerles una recomendación en este sentido: John Banville, escritor irlandés que ha sido merecedor del Premio Príncipe Asturias de las Letras 2014; si no han leído ningún libro suyo, prueben con obras como El mar o Antigua luz, o alguna de las que ha escrito bajo el seudónimo de Benjamin Black, como El secreto de Christine o El otro nombre de Laura. El que suscribe, al menos, ha disfrutado enormemente. ¡Feliz verano!
Una reforma energética insuficiente
Casi como sucede con las revisiones del sistema educativo, las reformas del sistema eléctrico se suceden con el paso de los años y no se termina nunca de conformar una regulación eficaz que mire al largo plazo y que trabaje por la eficiencia del sector. Demasiados intereses contrapuestos, bastante desconocimiento y mucha hipocresía. Así, el pasado viernes 12 el Gobierno aprobó un paquete de medidas que, a la luz de los primeros análisis, no convence a nadie y, al decir de muchos, incorpora nuevos parches para diversos problemas, pero sin abordarlos desde una perspectiva integral y sostenible.
La primera consecuencia de este nueva reforma –¡como no podía ser de otra manera! – es la subida del recibo de la luz para el consumidor, un 3,2%, que se suma a las aplicadas en los últimos años: entre 2003 y 2011 la factura para el usuario doméstico ha aumentado un 63%, lo que convierte a España en el país más caro de la UE, únicamente por debajo de Chipre e Irlanda, según datos de Eurostat. Lo primero que se percibe, por tanto, es que el sufrido ciudadano sigue pagando la cuenta de los errores de otros. Pero no sólo en el ámbito doméstico, el consumidor industrial también paga más cara la electricidad en nuestro país (aparte de estados tan dispares como Malta, Chipre, Lituania o Eslovaquia, sólo Reino Unido, Irlanda e Italia nos superan entre los países de nuestro entorno), lo que repercute directa y negativamente en la competitividad de las empresas españolas.
A pesar de lo anterior, el Gobierno dice buscar con esta reforma garantizar el suministro al consumidor al menor coste posible y de la forma más transparente (no sabemos todavía cómo, ya que la factura de la luz es precisamente uno de esos documentos que parecen escritos en lenguaje críptico). Asimismo, otra novedad del paquete de medidas aprobado es que la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se acogen la gran mayoría de los usuarios domésticos, pasa ahora a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor.
La reforma gubernamental introduce, aparte del cambio de nombre, la penalización de las segundas viviendas y las viviendas vacías, cobrando más caro el término fijo de potencia. Esto conlleva que este tipo de instalaciones van a pagar más, aunque no haya consumo, de tal forma que, además, se beneficia a los usuarios que tienen un alto consumo, abandonando toda idea de eficiencia y racionalización del gasto energético.
Así las cosas, con esta nueva regulación, el Gobierno –al que hay que agradecer, al menos, el afrontar sin tapujos el problema del déficit de tarifa – ha generado el descontento tanto de las compañías eléctricas, que se consideran perjudicadas, como de los productores de energías renovables, que vuelven a sentirse castigados por unos nuevos recortes en las primas, que implican también más incertidumbre jurídica. Con ello se vislumbra que han predominado en esta reforma, sobre todo, los criterios economicistas, con la intención de parchear la sangría financiera del citado déficit de tarifa (4.500 millones de euros anuales), antes que otras motivaciones más orientadas a la sostenibilidad y a reducir la dependencia energética. Montoro gana la partida.
Coincidimos con unas declaraciones de José Ignacio Pérez Arriaga, director de la cátedra BP de energía de la Escuela Superior de Ingeniería ICAI, que afirmaba que la política energética gubernamental se define por “improvisación, inseguridad jurídica y falta de transparencia”. Se admiten más calificativos.