“Si todos los agentes, tanto públicos como privados, pagasen a 30 días, lo que se ganaría equivaldría a toda la deuda de Grecia”, ha señalado recientemente Daniel Calleja, director general del área de Industria de la Comisión Europea, en el diario Cinco Días. Esta frase rotunda plasma en pocas palabras lo que supone el alargamiento abusivo de los plazos de pago y la morosidad en España, una auténtica lacra que sitúa a nuestro país como líder en esta triste estadística –junto con Portugal, Italia y, sobre todo, Grecia– que, además, afecta muy negativamente a la competitividad de las empresas.
En la reciente mesa redonda sobre la distribución de material eléctrico, que organizó Cuadernos de Material Eléctrico el pasado 10 de octubre en Madrid, los plazos de pago y la morosidad salieron a colación como uno de los elementos más distorsionadores del mercado, que ejerce mucha tensión sobre el canal de la distribución, agente intermedio entre el fabricante y el instalador o profesional. Con la prolongación y crudeza de la recesión económica, muchas empresas distribuidoras se han encontrado, y se encuentran, en una situación complicada a la hora de valorar el riesgo financiero de muchas operaciones, lo que les lleva a perder clientes al tratar de aplicar los plazos establecidos en la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. No en vano una cuarta parte de las empresas en España ha cerrado su actividad como consecuencia de la morosidad, como ha señalado también Daniel Calleja, si buen otras fuentes apuntan a que este porcentaje es superior.
Como se señalaba en un reciente post de este blog en el mes de septiembre, la parte más frágil de toda la cadena son las pymes, micropymes y autónomos, que constituyen en el sector instalador, por ejemplo, cerca del 90% del total del tejido empresarial, que son las más vulnerables dada su escasa capacidad de financiación, y menos hoy en día con la restricción crediticia que están aplicando los bancos y entidades financieras. Además, y esto es un dato sorprendente, según señala la PMcM (Plataforma Multisectorial contra la Morosidad), cerca de un 20% de las empresas del país dicen desconocer esta normativa.
En lo que prácticamente todos los directivos presentes en la mesa de debate coincidieron es que la citada ley está mal diseñada y que, sobre todo, es necesario elaborar y poner en práctica un reglamento sancionador para que funcione con eficacia, como ocurre en otros países de la Unión Europea. No debe olvidarse que en marzo de este año se transpuso al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre plazos de pago, lo que implica que es una norma supranacional que tiene preeminencia sobre la legislación nacional.
Pero, ¿quién gana con esta situación? Las Administraciones Públicas siguen dando un mal ejemplo en este ámbito, pero existe una voluntad de mejorar los ratios actuales (141 días de plazo medio de pago) con distintas medidas que el actual Gobierno ha puesto en marcha y otras que está previstas. Pero son las grandes compañías, como las firmas del IBEX 35, las que salen ganando con esta conducta, y que ejercen presión para que no cambie sustancialmente, así como las entidades financieras, que han desarrollado toda una serie de instrumentos para obtener ingresos.
Así lo ha denunciado la PMcM en sus informes. Las grandes empresas del IBEX 35 tienen plazos de pago de 215 días de promedio, que llegan en el caso del sector de la Construcción e Inmobiliario a superar los 300 días de plazo medio de pago en 2012. Esto supone que “las grandes compañías españolas financian gratuitamente una parte importante de su pasivo circulante a costa de sus propios proveedores”, que en su mayoría son pymes y autónomos. La cuestión roza el cinismo más crudo cuando algunas constructoras han liquidado sus deudas con las distintas Administraciones, pero ellas, a su vez, no han abonado las deudas que mantenían con sus empresas subcontratadas, en una cadena perversa donde el más perjudicado siempre es el más débil.
En este sentido, una ocasión excelente para ponerse al día en esta cuestión y empezar a solventar esta anomalía en las relaciones comerciales es la II Cumbre Político-Empresarial, que se celebrará el próximo 7 de noviembre bajo el título “Medidas para garantizar el cumplimiento de la Legislación sobre Morosidad”, y que va a reunir a empresarios, políticos y asociaciones. Es hora de atajar eficazmente este enorme problema.