El pasado 1 de octubre entró en vigor la nueva tarifa eléctrica por horas, una invención sin duda creativa, cuando menos peculiar, del actual Gobierno, que forma parte del paquete de medidas de la reforma eléctrica que, se suponía, iba a conseguir abaratar el precio de la energía eléctrica en un país, España, que es el cuarto de Europa donde la electricidad es más cara. No obstante, este sistema presenta numerosos inconvenientes y ofrece dudas razonables a cualquier persona sensata.
El mes de agosto es proclive a la difusión de noticias extravagantes; la ausencia de informaciones políticas –los diputados y otros próceres, oh gracias, también cogen vacaciones–, que suelen llenar buena parte de los periódicos y telediarios el resto del año, lleva a las parrillas de la televisión, radio y mesas de redacción sucesos de lo más variopinto en las semanas tradicionalmente destinadas al reposo estival.
En este flujo informativo más orientado a la frivolidad y a los fichajes de los ases del balompié, nos sorprendía allá por los primeros días de agosto la noticia que revelaba que urbanizaciones acomodadas y empresas de distintos sectores (por ejemplo, hoteles) son los principales estafadores para la compañías eléctricas; vamos, que roban la electricidad o se dedican a manipular contadores, en lenguaje más simple.
