“No dejes que la realidad te estropee un buen titular” es una máxima que se atribuye al magnate de la prensa norteamericana William R. Hearst, cuya vida sirvió de inspiración para el inolvidable clásico del cine ‘Ciudadano Kane’, de Orson Welles. Salvando las distancias, de todo tipo, el Gobierno de la nación parece haber comprendido, en esta línea de actuación, que su diseño de la reforma energética no podía ser modificado o ajustado por cuestiones molestas de la realidad: el objetivo inamovible era reducir el déficit de tarifa causado por “unas energías renovables costosas”, cuyas subvenciones suponían un lastre para el sector eléctrico, siendo culpables también del incremento de la factura eléctrica. Esta era la trama del argumento.
Con este objetivo, el Gobierno del PP emprendió desde el inicio de su legislatura una prolongada batalla contra las energías renovables, que intensificaba las acciones tomadas por el anterior Ejecutivo. En esta estrategia, el ministro Soria refirió en septiembre de 2013 que se había contratado a dos consultoras, Roland Berger y Boston Consulting Group, para la elaboración de sendos estudios que establecieran una retribución razonable para las energías renovables, base técnica que serviría para acometer unos recortes de unos 3.000 millones de euros en el sector.
Y hete aquí que, ahora, a instancias del Tribunal Supremo, que ha actuado a partir de las reclamaciones interpuestas por diversas asociaciones como APPA o Anpier, el Ejecutivo revela por fin que esos dos informes no existen; o mejor dicho, uno no ha sido entregado todavía por Boston Consulting y el otro es tres meses posterior a que el recorte se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La pregunta que se hacen expertos y asociaciones sectoriales es de dónde salió el complejo entramado de cifras y cálculos que consignó el Gobierno en la orden ministerial –quince páginas y más de 1.700 anexos– para justificar el tijeretazo a las energías alternativas; ¿fueron creados ad hoc?, ¿se trata de contabilidad creativa? La trama del argumento se vuelve turbia.
El Ministerio de Industria esgrimió el uso de estos informes, que ahora se comprueba que no fueron utilizados, como una justificación técnica y económica, una pantalla para llevar a cabo el plan preconcebido: el recorte al sector de las renovables. Un asunto que ha sido pasto de múltiples polémicas, con un hecho incontestable: el régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) ha soportado el mayor peso del ajuste del sector, al tiempo que los datos de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) señalan que sólo ha supuesto realmente una quinta parte del déficit de tarifa acumulado, como afirmaba UNEF en un reciente comunicado.
Otros componentes son pues la parte del león de ese déficit de tarifa, que no termina de atajarse y que puede verse comprometido si las demandas interpuestas por inversores internacionales y entidades españolas ante el CIADI, organismo de arbitraje internacional, progresan y se falla contra la regulación aprobada por el Gobierno español. Además, como estamos en año de elecciones, muchos de estos datos y resultados verán la luz…, cuando se hayan celebrado los comicios, claro.
Como guinda, la Comisión Europea ha asegurado recientemente que el incremento del término fijo del recibo de la luz aplicado desde comienzos de 2014 y la reducción de la parte variable va en contra de algunas directivas europeas y, por tanto, actuará en consecuencia contra el Gobierno de España. Por si faltara poco, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido de forma reiterada que no se imponga el “peaje de respaldo” a la producción de energía para el autoconsumo energético, que considera una medida carente de justificación. Sin comentarios.
¡¡Feliz San Patricio a irlandeses y a los que se unan a esta fiesta!!