No sé si merece la pena reseñarlo, pero ayer, 15 de septiembre, se cumplió el quinto aniversario de la quiebra y desaparición de Lehman Brothers, uno de los principales detonantes de la actual recesión global con la que convivimos –no sabemos hasta cuándo– y que se ha cebado de forma inclemente con países como España, acentuando unos desequilibrios que en los años de bonanza se soslayaban.
Precisamente, una de las nefastas consecuencias de la depresión económica, muy palpable en la realidad de nuestro país, es el crecimiento de la morosidad y el alargamiento de los plazos de pago, una anomalía en el contexto europeo, si exceptuamos a Grecia. Las Administraciones Públicas no son un buen ejemplo en este apartado, si bien han mejorado su comportamiento en los últimos años, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene en preparación el Anteproyecto de Ley de Control de la Deuda Comercial en el sector público, cuyo objetivo es atajar este problema con firmeza, aunque ya se ha difundido que algunas comunidades autónomas pretenden que el pago a proveedores sea ‘asimétrico’, eufemismo que esconde el tratar de forzar la legislación a medida.
Además, como ha informado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), las empresas del IBEX 35 (no incluye las financieras) pagaban en 2012 a sus proveedores en plazos muy superiores a los permitidos por la Ley 15/2010; la palma se la lleva el sector de la Construcción e Inmobiliario, con ¡¡301 días de plazo medio de pago!!, y eso que han mejorado; algo absolutamente demencial para la vida de un sinfín de empresas. Otra asimetría más: mientras estas corporaciones tratan de cobrar al contado o con los plazos marcados por la ley, retrasan al máximo el pago a sus proveedores. Como ha denunciado Antoni Cañete, presidente de la PMcM, “algunas de estas grandes compañías se financian, en parte, a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos”.
Y este es el gran drama en muchos segmentos, con especial incidencia en el sector eléctrico, donde las pymes y autónomos son la gran mayoría en el colectivo de empresas instaladoras y en el canal de la distribución. La tesorería se convierte en un elemento vital, que termina ahogando a las pequeñas empresas que, en numerosos casos, no pueden luchar contra un Goliath poderoso, a pesar de que su gestión y modelo de negocio sean solventes. España es un país amante de desarrollar normas, pero poco preocupado en su cumplimiento. Sin un régimen sancionador eficaz que empuje a cumplir la ley y que erradique estas malas prácticas la supervivencia de una gran parte del tejido productivo está en juego.
