Ha comenzado un nuevo año pero lo hemos iniciado con una historia repetida en no pocas ocasiones: una sucesión de días con temperaturas inusualmente bajas, como las que ha traído a principios de enero la borrasca ‘Filomena’, se han acompañado con un aumento desorbitado del recibo de la luz. Este incremento se ha debido a una peculiar combinación de circunstancias, que, aunque son ya conocidas por los expertos, vuelven a producirse como una especie de maldición recurrente.
Aumento de la demanda energética, incremento del precio del CO2 y del gas, y la reducción de la producción de energías renovables (como la fotovoltaica o la eólica) son algunas de las causas enumeradas por los especialistas. Pero, entre ellas, destaca sobremanera la estructura del sistema eléctrico actual, de carácter marginalista, “donde se paga al mismo precio el gas, el carbón, la nuclear, la hidráulica y las renovables, independientemente de lo que realmente cuesten”, como ha criticado en fechas recientes Greenpeace.
En este sentido, merece la pena que las autoridades y órganos legislativos reflexionen sobre las sobrerretribuciones que siguen obteniendo las principales compañías energéticas con tecnologías de generación eléctrica, como la hidroeléctrica o la nuclear, que hace ya bastantes años que amortizaron sus inversiones (los llamados ‘beneficios caídos del cielo’ o sobrevenidos, en inglés windfall profit).
Ética distraída en las compañías eléctricas
Así, la fijación de precios nos lleva por una pendiente hacia el oscurantismo de la factura eléctrica: una maraña intrincada de conceptos donde es difícil dilucidar cómo se llega al montante final. Como ha recordado algún que otro experto: “si alguien te dice que el recibo de la luz es fácil de entender, te está mintiendo”.
Por si esto fuera poco, la CNMC ha puesto de manifiesto una serie de prácticas irregulares, que rayan en la mala fe en muchas ocasiones, que las comercializadoras energéticas siguen realizando, especialmente las grandes. Por ejemplo, la falta de transparencia, antes y durante el proceso de contratación, que ahora se lleva a cabo en gran medida por el canal telefónico, desde que entró en vigor la prohibición de las visitas domiciliarias.
Otra muestra es que algunas comercializadores eléctricas han penalizado a consumidores por la pronta resolución del contrato en baja tensión, exigiéndoles la devolución de descuentos o el pago de costes asociados a la rescisión del contrato, superando el límite máximo del 5 % previsto en la normativa. O, por ejemplo, la reducción de la potencia contratada al consumidor, sin que dicha modificación se vea reflejada en sus facturas.
Comportamientos que, en suma, buscan embrollar al usuario en conceptos muy técnicos y que finalmente paguen más en su factura, en lugar de ofrecer un mejor servicio, tanto en calidad como a efectos del bolsillo.
Posibles soluciones: término fijo y el IVA
A esto no ayuda el propio desconocimiento del consumidor: según el organismo de Competencia, más del 63 % de los hogares no saben qué tipo de contrato de suministro eléctrico tienen, si se encuentra en la tarifa regulada o en el mercado libre. Ambos aspectos, complejidad del recibo de la luz y desconocimiento, se retroalimentan.
En este contexto, a mi modo de ver, emergen dos posibles soluciones que serían las más sencillas, a priori, de aplicar: por un lado, reducir el significativo peso de la parte fija del término de potencia –modificación perversa que se introdujo con el Gobierno de Rajoy–, ya que además premiaría a los hogares y empresas que implantan medidas de eficiencia energética.
Y, en segundo lugar, bajar el IVA aplicado sobre la factura eléctrica, de tal manera que se pasara de un impuesto del 21 % –muy elevado– a que se repercutiera a la totalidad o a una parte del recibo una tasa más cercana al superreducido del 4 %, como así ha reclamado FACUA. La electricidad no deja de ser un bien básico para hogares y empresas. De hecho, en países como Portugal o Italia se imputa un IVA del 13 % o del 10 %, respectivamente, para consumos domésticos bajos.
Más información institucional
La organización de consumidores también ha demandado asimismo a la ministra Teresa Ribera campañas de comunicación institucional para dar a conocer tanto el bono como la tarifa semirregulada (PVPC), ya que un elevado porcentaje de usuarios no sabe de su existencia. En este sentido, numerosos expertos exponen que la PVPC conlleva facturas con importe más bajos que las ofertas del mercado libre.
Se compensaría así las omnipresentes campañas publicitarias y promociones de las grandes energéticas, así como del resto de comercializadoras, que solemos ver tanto en televisión como en Internet y las redes sociales.
Por último, el Gobierno está preparando modificaciones en la estructura de la tarifa eléctrica, de tal modo que pretende que las comercializadoras fijen tres tramos horarios a partir del mes de abril, a fin de que el recibo se haga más entendible, como ha publicado el diario La Vanguardia.
Mis mejores deseos para este 2021, si bien el año ha empezado de un modo bastante convulso. Cuídense y mucha prudencia, por favor; que el coronavirus sigue extendiéndose.
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