Uno de los eventos más importantes en las últimas semanas dentro del ámbito económico del país se celebró el pasado 20 de abril: la IV Cumbre Político-Empresarial, que promueve la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Su relevancia residió, entre otras cosas, en que logró poner de acuerdo a dos formaciones políticas –Podemos y Ciudadanos– que habitualmente son antagónicas en su concepción de la sociedad y la economía. La razón de este sorprendente consenso, que alcanza al resto de grupos parlamentarios, excepto el PP, es la necesidad imperiosa de crear un régimen sancionador que penalice las prácticas ilegales y abusivas de aquellas empresas que incumplen la legislación vigente en materia de morosidad y periodos de pago en las relaciones comerciales. Una de cada tres empresas ha cerrado en España, directa o indirectamente, por estos motivos a lo largo de esta cruda recesión.
Lo curioso es que el factor ejemplarizante que suelen arrogarse las grandes corporaciones en muchos ámbitos (investigación, innovación, beneficios sociales, etc.) queda empañado o brilla por su ausencia en este campo. Así, ha quedado demostrado que el selectivo del IBEX 35 es el campeón de los abusos en los plazos de pago con conductas que desbordan la desfachatez y que tienen como fin, pura y duramente, el financiarse de sus proveedores. El promedio de pago de 160 días, casi el triple de lo que marca la ley (60 días), también es una cifra distorsionada, ya que algunos miembros de este selecto club superan los 300, 400 y hasta 500 días de plazo de pago.
Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC y otros nombres señeros del panorama patrio, que presumen de marca España en el exterior, actúan como chantajistas en el trato con sus empresas subcontratadas, generando una pingüe liquidez. Las Administraciones Públicas (que han mejorado de forma significativa su tasa media de morosidad en algunos casos), de las que son concesionarias estas firmas, pagan sus facturas, pero estas corporaciones dilatan al máximo, más allá de todo exceso, sus pagos. Negocio redondo.
Además, se sienten impunes por su especial relación con las Administraciones (locales, autonómicas o central), son interlocutores habituales de los representantes de los grupos políticos y ejercen una intensa labor de lobby para mantener este statu quo, y están tratando incluso de regresar a situaciones anteriores a la Ley de Medidas contra la Morosidad de 2010, como ocurre en la actualidad, cuando se quiere volver a introducir en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, ahora en tramitación, la cláusula maldita de ‘salvo acuerdo entre las partes’, entre otras medidas orientadas a consentir prácticas irregulares.
La igualdad entre desiguales no existe, decía Antoni Cañete, presidente de la PMcM, en el transcurso de esta IV Cumbre, sobre todo cuando se trata de una poderosa compañía, con varias filiales y prestigio reluciente, frente a pymes o incluso autónomos. En fin, la igualdad entre el elefante y el ratón. Además, como señalaba en este acto Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en la contratación pública nace y se desarrolla con opacidad y escasa transparencia el virus de la corrupción.
Por ello, quedó de manifiesto en la citada Cumbre que ahora es una buena oportunidad para que el Gobierno, cuya sonora ausencia presidió el encuentro político-empresarial, dé un paso en la buena dirección con el fin de que la morosidad impune no sea otro elemento de la marca España (líderes junto a Grecia e Italia); oportunidad para redactar y aprobar una Ley de Contratos del Sector Público equilibrada, justa y que recoja las recomendaciones de la Directiva Europea en la materia (Small Business Act); y porque crear este código sancionador mandaría un claro mensaje a aquellos que se aprovechan de su posición de dominio para retorcer la normativa y exprimir a las pymes y autónomos, mucho más vulnerables, colectivos que solo interesan a los políticos en los quince días que dura una campaña electoral.
La economía nacional en su conjunto lo agradecería ya que numerosos estudios señalan que los plazos de pago abusivos y la morosidad al alza rebajan en varios puntos la competitividad de un país frente a otras naciones del entorno. ¡Ahora es el momento! ¿Ustedes qué opinan?
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