El discurso oficial del Gobierno español siempre está alineado con las tesis de las instituciones europeas, es el tono habitual de las intervenciones públicas de ministros y otros representantes políticos; somos un socio comprometido que suscribe y apoya hasta las medidas más ingratas que provienen de la Unión Europea, club al que pertenecemos y en el que tratamos de incardinar muchas de nuestras políticas, como no podía ser de otra manera.
Sin embargo, esta versión oficial ofrece un reverso sombrío y no tan pro europeo ya que España es un país huidizo y remolón cuando se trata de cumplir determinadas Directivas comunitarias que, con toda seguridad, nos haría crecer en competitividad entre los países de nuestro entorno, pero que los gobernantes patrios, de distinto signo político, han creído innecesario encajar en el ordenamiento jurídico español. En un hipotético ránking de áreas especialmente inmunes a dejarse empapar por las tendencias de la UE, hay dos claramente líderes: el sector energético y el ámbito de los plazos de pago. De hecho, España ha recibido recientemente varios varapalos en este sentido por parte de los organismos de Bruselas, que ponen en entredicho este ‘compromiso’ europeo. Veamos cuáles.
En primer lugar, y como publicaron varios medios a finales de junio, la Comisión Europea abrió un expediente sancionador contra España por haberse apropiado de las competencias que tenía la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) con objeto de fijar los peajes eléctricos, la parte regulada de la factura eléctrica. Así, casi a escondidas, en la tramitación parlamentaria de la Ley de Metrología, se modificó un artículo de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, para recuperar esa potestad. En lugar de velar y reforzar la independencia del regulador, creado por este mismo Gobierno integrando a antiguos organismos como la CNE (Comisión Nacional de la Energía), el Ejecutivo prefiere aumentar su intervencionismo y guardarse una prerrogativa que le permite influir a su antojo en la política energética e industrial. Cabe recordar que ningún Gobierno de la UE controla esta competencia.
En segundo lugar, se ha superado ya 1 año de retraso en la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética, como recordaba en fechas recientes la asociación A3e. Este retraso frena el desarrollo de un sector, que incluye a proveedores y empresas de servicios energéticos, que está llamado a protagonizar los avances para que la economía nacional pueda ser más eficiente y con menor contaminación de CO2. Además, la mejora de la eficiencia energética es una de las prioridades de la UE y la citada Directiva es su principal herramienta. A esto se unen las barreras que está imponiendo el Gobierno al llamado autoconsumo, en especial con el último borrador de Real Decreto presentado a principios de junio, yendo a la contra de la tendencia proveniente de Europa que quiere dar más capacidades a los consumidores.
Y, en tercer lugar, la UE ha iniciado un procedimiento de infracción contra España (promovido por la PMcM, entre otros actores), por una “defectuosa transposición de la Directiva 2011/7/UE)”; es decir, por incumplir los plazos de pago especificados por la legislación. Esto se traduce en que las empresas del IBEX 35 liquidan sus facturas en un periodo medio superior a los 187 días, más del triple del plazo legal, que llega a plazos de 300 días en el caso de los sectores de construcción e inmobiliario. Algo realmente escandaloso, como denunciaron los representantes de la Plataforma PMcM, y que perjudica mortalmente a pymes y autónomos y merma nuestra competitividad como país.
De todo lo anterior se deduce que, precisamente, los ganadores de esta actitud descuidada y perezosa en el cumplimiento de las Directivas Europeas no son precisamente los ciudadanos sino grandes corporaciones y grupos de presión que tienen unos intereses particulares, alejados del común. ¿Por qué se camina en sentido contrario a la tendencia europea que apoya las renovables y el autoconsumo? ¿Por qué España es prácticamente una isla en materia de pagos y morosidad? ¿Tan difícil es cumplir la ley?
Les dejo con estos interrogantes y sólo me queda desearles unas felices vacaciones de verano y un sano aislamiento de los problemas cotidianos, con una recomendación de lectura estival: James Salter, escritor norteamericano fallecido recientemente, con obras como las novelas Años luz y Todo lo que hay o el libro de memorias Quemar los días.
Somos los de siempre y nuestros gobiernos lo saben y lo aprovechan. Quizás sean los gobernantes que merecemos, por habernos convertido en un pueblo sumiso y poco dado a complicarnos, con tal de que nos lo den hecho, aunque esté mal.
Este es el tipo de país que hemos creado entre todos y no culpemos de ello a ningún sector o estamento concreto.
ES CULPA DE TODOS.
Estoy de acuerdo con lo que dice el Sr. Herrero. Peroooo, tendremos que hacer alguna cosa, estamos desperdiciando el sol (que es lo que más tenemos) porque los políticos (incluyo al Gobierno, claro) están solo pendientes de la puerta giratoria. Bueno, hasta ahora eran intocables y sinceros, ahora ya no lo son, igual entre todos somos capaces de inculcarles que aparte de honestidad, voluntad de trabajo, transparencia etc. También tendrán que pensar que la puerta giratoria no existe. No crean estoy escribiendo esto y no tengo ninguna fe en que se consiga.