La extensión de la cruda recesión económica que sufrimos desde hace años ha traído diversas consecuencias, unas más previsibles que otras. El cierre de empresas en todos los sectores de actividad y la destrucción de empleo subsiguiente, especialmente en ámbitos como la industria de la construcción y sus sectores auxiliares, ha generado las condiciones idóneas para un caldo de cultivo donde se desarrolla un viejo conocido: el intrusismo profesional.
En muchos casos, la mortandad de empresas ha devenido en la creación, a la manera de la reproducción por esporas, de nuevos pequeños organismos: micropymes y autónomos que surgen del antiguo cuerpo para seguir activos en el mismo sector que conocen y en el que acumulan experiencia; además, se dan muchos ejemplos en los que incluso estos trabajadores actúan en condiciones que rayan la ilegalidad, que en algunas zonas del país llaman ‘irregulares’. Su estrategia se basa en numerosas ocasiones en ofertas agresivas en precio, llegando a involucrarse y a entrar en proyectos donde carecen de la experiencia adecuada, o desconocen algunos de sus elementos tecnológicos o normativos. La desesperación, y esto es comprensible, lleva a la audacia.
Pero resulta que el sector eléctrico (y afines) es un campo con un alto contenido tecnológico, en el que se trabaja –una obviedad que hay que recordar– con electricidad, un elemento peligroso y sensible que puede causar accidentes, heridos e incluso muertes (como ha resaltado a lo largo de su trayectoria la Plataforma PRIE, ahora caída en cierto olvido). La calidad y la seguridad de las instalaciones es un objetivo irrenunciable, a pesar de las dificultades económicas, porque, si no es así, probablemente vendrán los lamentos a posteriori, en forma de altos consumos de energía, mal funcionamiento de las instalaciones, deterioro de los materiales y riesgo de accidentes. El usuario final, sea un particular o una empresa de cualquier sector de actividad, debería valorar todos estos factores.
En este contexto, el presidente de AEMIAT (Asociación Española de Empresas de Mantenimiento de Instalaciones de Alta Tensión) me relataba recientemente un caso clarificador: una comunidad de vecinos, a la hora de renovar las instalaciones eléctricas comunes del edificio ya obsoletas –los cuadros de contadores–, eligió entre varias propuestas la más económica, sin mirar o valorar otros aspectos. El reducido compartimento del cuarto de contadores y el desconocimiento de la normativa por parte del instalador contratado le llevó a derribar una pared para aumentar el espacio entre los cuadros, cuando eso se hubiera evitado con la instalación de unos equipos de protección adecuados, y permitidos por la normativa para este tipo de situaciones. El organismo de control no validó finalmente la obra al no cumplir los requisitos de seguridad y la comunidad de vecinos se encontró con un problema adicional, más oneroso de lo que había previsto en un principio. El conjunto de los trabajos supuso un mayor desembolso del inicial y el cliente quedó insatisfecho puesto que no se habían cumplido las expectativas prometidas en precio y calidad.
La competencia desleal de ‘irregulares’ (trabajos sin IVA, no verificación de la calidad y seguridad…) distorsiona las condiciones de un mercado ya de por sí castigado por otros factores. Las asociaciones de instaladores llevan clamando contra el intrusismo desde hace años, pero la crisis ha echado en saco roto cualquier iniciativa en este sentido; en una reciente encuesta elaborada por Cuadernos de Material Eléctrico el intrusismo estaba entre los primeros cinco problemas del colectivo. Hace falta, además, una mayor concienciación ya que el precio no es lo único que cuenta.
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