Casi como sucede con las revisiones del sistema educativo, las reformas del sistema eléctrico se suceden con el paso de los años y no se termina nunca de conformar una regulación eficaz que mire al largo plazo y que trabaje por la eficiencia del sector. Demasiados intereses contrapuestos, bastante desconocimiento y mucha hipocresía. Así, el pasado viernes 12 el Gobierno aprobó un paquete de medidas que, a la luz de los primeros análisis, no convence a nadie y, al decir de muchos, incorpora nuevos parches para diversos problemas, pero sin abordarlos desde una perspectiva integral y sostenible.
La primera consecuencia de este nueva reforma –¡como no podía ser de otra manera! – es la subida del recibo de la luz para el consumidor, un 3,2%, que se suma a las aplicadas en los últimos años: entre 2003 y 2011 la factura para el usuario doméstico ha aumentado un 63%, lo que convierte a España en el país más caro de la UE, únicamente por debajo de Chipre e Irlanda, según datos de Eurostat. Lo primero que se percibe, por tanto, es que el sufrido ciudadano sigue pagando la cuenta de los errores de otros. Pero no sólo en el ámbito doméstico, el consumidor industrial también paga más cara la electricidad en nuestro país (aparte de estados tan dispares como Malta, Chipre, Lituania o Eslovaquia, sólo Reino Unido, Irlanda e Italia nos superan entre los países de nuestro entorno), lo que repercute directa y negativamente en la competitividad de las empresas españolas.
A pesar de lo anterior, el Gobierno dice buscar con esta reforma garantizar el suministro al consumidor al menor coste posible y de la forma más transparente (no sabemos todavía cómo, ya que la factura de la luz es precisamente uno de esos documentos que parecen escritos en lenguaje críptico). Asimismo, otra novedad del paquete de medidas aprobado es que la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se acogen la gran mayoría de los usuarios domésticos, pasa ahora a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor.
La reforma gubernamental introduce, aparte del cambio de nombre, la penalización de las segundas viviendas y las viviendas vacías, cobrando más caro el término fijo de potencia. Esto conlleva que este tipo de instalaciones van a pagar más, aunque no haya consumo, de tal forma que, además, se beneficia a los usuarios que tienen un alto consumo, abandonando toda idea de eficiencia y racionalización del gasto energético.
Así las cosas, con esta nueva regulación, el Gobierno –al que hay que agradecer, al menos, el afrontar sin tapujos el problema del déficit de tarifa – ha generado el descontento tanto de las compañías eléctricas, que se consideran perjudicadas, como de los productores de energías renovables, que vuelven a sentirse castigados por unos nuevos recortes en las primas, que implican también más incertidumbre jurídica. Con ello se vislumbra que han predominado en esta reforma, sobre todo, los criterios economicistas, con la intención de parchear la sangría financiera del citado déficit de tarifa (4.500 millones de euros anuales), antes que otras motivaciones más orientadas a la sostenibilidad y a reducir la dependencia energética. Montoro gana la partida.
Coincidimos con unas declaraciones de José Ignacio Pérez Arriaga, director de la cátedra BP de energía de la Escuela Superior de Ingeniería ICAI, que afirmaba que la política energética gubernamental se define por “improvisación, inseguridad jurídica y falta de transparencia”. Se admiten más calificativos.
