El funcionamiento del ecosistema empresarial podría compararse con el del ecosistema biológico. Los seres vivos se necesitan unos a otros para subsistir, existe una cadena alimentaria (también llamada cadena trófica) que conecta a los diferentes eslabones (productores, consumidores y descomponedores), y cuando uno de ellos desaparece pone en riesgo la alimentación, y por tanto la supervivencia del resto. En el sistema económico ocurre lo mismo: existe una cadena de suministro que asegura que las relaciones entre productores, fabricantes y consumidores funcionan de forma equilibrada. Y, además, se necesitan unos a otros para que las compañías tengan los ingresos suficientes para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
Por tanto, cuando una materia prima no llega a la fábrica donde se va a transformar en un producto manufacturado, esta no podrá mantener su actividad. Pero si quien ha transportado la materia prima hasta la fábrica no percibe la remuneración correspondiente por su servicio, este tampoco tendrá el sustento (económico) que le permita hacer frente a sus propios gastos y seguir adelante con su negocio.
El caso es que hay compañías que necesitan imperiosamente los servicios de otras, pero no tienen efectivo para pagarles a la finalización del trabajo realizado (tal vez porque a su vez hay otras empresas que no lo hicieron a tiempo con ellas). Esto se traduce en un retraso en el cobro que en ocasiones se enquista y llega a convertirse en un problema endémico.
El sector del transporte de mercancías por carretera ha registrado históricamente altos índices de morosidad que han venido lastrando a muchos profesionales (según los últimos datos del Ministerio de Transporte, más del 95 por 100 de las empresas de transporte en España son pymes con menos de 10 trabajadores y de media tienen entre 2 o 3 vehículos), que podían tardar más de 90 días en cobrar por sus servicios. Esta ha sido una de las quejas recurrentes (y totalmente justificadas) del sector, pues ha puesto en riesgo la viabilidad de muchas empresas.
Un régimen sancionador para penalizar a los morosos
El pasado año sus demandas fueron escuchadas y el 1 de octubre el BOE publicó la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que por primera vez en España estableció un régimen sancionador por el incumplimiento del plazo máximo de pago, fijado en 60 días. Estas infracciones están, desde entonces, penalizadas con multas que van desde los 401 euros hasta los 30.000 euros para casos de reincidencia o de que el plazo de pago supere en 120 días el máximo legal establecido.
Sin embargo, han pasado seis meses y no parece que la medida esté sirviendo para poner fin a este problema endémico del sector. Los últimos datos del Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera en España, que elabora mensualmente Fenadismer, situaban el plazo medio de pago en el mes de marzo en 77 días.
Aunque supone una reducción respecto al mes anterior, lo cierto es que el 62 por 100 de las empresas cargadoras e intermediarios siguen incumpliendo los plazos máximos de pago. De ellas, un 38 por 100 paga a más de 90 días, e incluso hay un 21 por 100 que lo hace a más de seis meses. Un despropósito para las pequeñas flotas y los transportistas autónomos, que incluso se ven obligados a adelantar de su bolsillo el pago del IVA para cumplir sus obligaciones con Hacienda, que no espera.
Exceso de cargas administrativas
¿Y por qué se da este escenario? Más allá de la propia situación económica de las empresas, lo cierto es que muchas de ellas todavía gestionan su área logística con sistemas que ya hoy parecen del Pleistoceno, con el papel todavía como soporte principal para albaranes, facturas, documentos oficiales o cartas de porte. Muchas empresas todavía tienen el requisito de recibir la documentación original del envío para poder contabilizar la factura, y esto provoca que los pagos de las facturas se demoren aún más. Algunas llegan a escanear esos documentos para almacenar una copia digital, pero esto no resuelve el problema de la carga administrativa que representa toda esa actividad, por otro lado muy poco sostenible, y que tiene un impacto directo en la morosidad que domina el sector.
Por ejemplo, la falta de transparencia en los precios de las empresas de transporte (sobre todo cuando hay cargos extra como paralizaciones o manipulación) se traduce en bucles eternos de reclamaciones que retrasan los pagos y disparan los costes a los que tienen que hacer frente los transportistas.
La digitalización como solución
La tecnología puede ser una parte de la solución a esta lacra. Hoy día es posible automatizar y digitalizar gran parte de los procesos logísticos, lo que permite agilizar la gestión de albaranes y facturas, facilitando el seguimiento de los cobros y la reducción de los plazos de facturación.
Apostar por un sistema de trabajo digitalizado y automatizado que garantice el cobro del servicio de transporte por carretera en un plazo no solo ajustado a la normativa, sino sobre todo decente y justo para los profesionales del sector, es posible. En nuestra compañía lo demostramos cada día, abonando las facturas a nuestros transportistas colaboradores en un plazo máximo de 30 días.
Es necesario tomarse muy en serio el fin de la morosidad del sector. Otro de nuestros problemas es la falta de profesionales, que algunas fuentes cifran en unos 15.000 conductores. No podremos captar nuevos transportistas para cubrir la creciente demanda de la economía si entre sus ya de por sí duras condiciones, en muchos casos, tenemos que añadir una espera de hasta seis meses para cobrar su merecido salario mensual.
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