Legislación

Sin ningún lugar a dudas, un riguroso control y una serie de sanciones en base a normas estrictas es la única forma de garantizar la calidad en un sector con tanta importancia como lo es el agroalimentario. Y, en concreto, las relaciones establecidas entre las empresas que operan en el sector se configuran como un punto importante dentro del desarrollo económico en este campo.

Vigilar el cumplimiento de contratos, los sellos otorgados de calidad, la información de los distintos mercados o el cumplimiento de las cuotas obligatorias es una función que estandariza la forma de operar de las empresas que intervienen y las advierte ante posibles consecuencias por incumplimiento.
Con estas exigencias por cumplir, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) realiza una labor fundamental de inspección y de control, sin perjuicio de su función sancionadora, para vigilar la dinámica de relación comercial entre las empresas del sector alimentario y de la distribución.

Recientemente, la agencia publicó la memoria anual de actividades, donde se recogen los datos del órgano de control correspondientes a 2018, así como un análisis de la actividad global de la agencia desde que comenzó en 2014.

Desde aquel año y hasta junio de 2018, la AICA ha iniciado casi 4.000 inspecciones de oficio, de las que 1.245 resultaron en sanciones repartidas, casi a partes iguales, entre la industria alimentaria y la distribución. Estas sanciones se refieren, principalmente, a incumplimientos en el plazo de pago, la reincidencia en la comisión de infracciones y la ausencia de contratos. Asimismo, durante este año 231 fueron las denuncias recibidas (es decir, sin actuaciones de oficio) en este órgano.

Con esto podemos deducir la importancia que supone tener un órgano regulador de estas prácticas entre empresas. A pesar de que a la agencia no le compete la vigilancia de la calidad de los productos ni de otros factores estrechamente relacionados más con la salud que con lo económico, supervisar que las compañías que trabajan en la cadena alimentaria lo hacen de forma limpia y bajo un estricto cumplimiento de las normas es una función vital.

Tan importante es controlar los requisitos sanitarios de los productos como evitar situaciones, por ejemplo, de abuso de dominio de unas empresas con respecto a otras, lo que sin duda va en perjuicio de una justa competencia y, en definitiva, del consumidor final.

El conocimiento de estos datos también arrojan otra conclusión: la necesidad de instaurar una cultura entre las empresas que trabajan en este sector de que la equidad y la justicia en las relaciones comerciales debe ser parte de su desarrollo de negocio. La intensa actividad de la agencia, con casi ocho intervenciones de oficio diarias (según datos de la propia memoria anual presentada) nos habla de un sector en el que todavía queda un largo camino para mejorar las prácticas empresariales y corregir los posibles desequilibrios en la cadena alimentaria.

Por último, la conclusión a extraer es el trabajo que realiza nuestro país en cuanto a la seguridad, la vigilancia y el control de todos los procesos que intervienen en el sector agroalimentario. Somos referencia como país no solo en cuanto a la calidad final de nuestros productos, sino del compromiso establecido para que las formas de trabajar en el sector sean bajo las premisas de equilibrio, justicia y equidad. Poner los ojos en cada fase de la cadena alimentaria es, sin duda, una de las claves para garantizar la excelencia final de nuestros productos.