España nunca se ha distinguido por ser un país de buenos pagadores; distraer dineros a la Hacienda Pública hasta hace poco tiempo era motivo de vanagloria en algunos estamentos. Ya lo decía Benito Pérez Galdós, el insigne escritor, en su magnífica novela Miau: “en ninguna parte se pagan menos contribuciones que en España, que el país es esencialmente defraudador”, y algo de ese poso decimonónico ha quedado en el siglo XXI. Así lo constata la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en su más reciente informe.
Condiciones abusivas
La entidad revela, en este sentido, que el 65 % de los proveedores mantuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la legislación vigente. Y la misma proporción, 65 %, confiesa tener contratos o acuerdos en los que se les exige aceptar cláusulas abusivas. Además, para el 60 % de encuestados, el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas (con una facturación superior a 50 millones de euros).
