La emergencia climática , la transición energética y el colosal reto medioambiental han entrado de lleno en la agenda política y de las instituciones. En primer lugar, después de los ecos de la conferencia COP25 celebrada en Madrid, el Gobierno investido tras la festividad de los Reyes Magos ha colocado estos temas como vectores clave de su actuación, elevando además el Ministerio de Transición Ecológica a la categoría de vicepresidencia.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha declarado la emergencia climática y ambiental en España, a través de un acuerdo de Declaración aprobado el pasado 21 de enero en el que el Ejecutivo se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros cien días, “para combatir el cambio climático con políticas transversales”.
Entre estos primeros ejes de actuación, el Gobierno ha puesto el foco en definir la senda de descarbonización de la economía y de la sociedad a largo plazo de nuestro país, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 como muy tarde; se abre así un periodo de 30 años en el que Administraciones Públicas, empresas y ciudadanos tienen que tomar conciencia de los distintos cambios que han de llevarse a cabo y actuar, cada uno en su nivel, si es posible de manera coordinada y eficiente.
Un renovado Código Técnico de la Edificación
En este contexto de descarbonización, un poco antes de esas fechas, y como quien dice en el tiempo de descuento del pasado año, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el 27 de diciembre la nueva normativa que modifica el Código Técnico de la Edificación (CTE) del año 2006 para adaptarlo a los requerimientos a nivel europeo; prácticamente con diez años de retraso desde la aprobación de la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios.
Como se puede apreciar, la palabra diligencia no es la que mejor califica la acción de los distintos gobiernos españoles a la hora de transponer a nuestro ordenamiento jurídico la legislación comunitaria en la materia; con el agravante de que en este periodo la Unión Europea ha dado luz verde a una nueva Directiva 2018/844/UE que regula la eficiencia energética de los edificios.
Esta modificación, largamente esperada por numerosas instancias y sectores, introduce novedades en materia de ‘Ahorro de energía’ (Documento Básico –DB- HE), de tal manera que se han revisado los valores mínimos de eficiencia energética que deben cumplir los edificios.
La rehabilitación, clave
No hay que olvidar que el parque edificatorio en España dista mucho de ser el adecuado a nivel energético; según datos del INE, citados por Luis Vega, subdirector general de Arquitectura y Edificación (Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana), en el portal Idealista, el 55 % del parque de viviendas es anterior a la primera normativa estatal que estableció exigencias en materia energética (la Norma Básica de Edificación NBE CT 79) y el 95 % anterior al Código Técnico de la Edificación (CTE), de 2006. Estaríamos hablando de cerca de 26 millones de viviendas.
Toda una oportunidad de negocio para los distintos sectores implicados, incluyendo el de climatización y calefacción. En este sentido, el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030) contempla la intervención en 1,2 millones de viviendas en los próximos diez años y modificar o actualizar en torno a 300.000 instalaciones de climatización al año, instalando equipos más eficientes y menos contaminantes. Ello supone realizar algún tipo de intervención en una media de 120.000 viviendas por año, durante los próximos 10 años.
Carencias en el CTE
En este escenario positivo que se abre con el nuevo CTE, algunas organizaciones como el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) señala algunas deficiencias con esta nueva normativa: la ausencia del concepto de demanda energética en los nuevos edificios, o la falta de una definición clara de cómo debe ser un Edificio de Energía Casi Nulo (nZEB), ya sea nuevo o rehabilitado, donde se marque el objetivo en valores numéricos del consumo y el origen de la energía a utilizar. Así, podría darse el caso de fomentar políticas orientadas a la descarbonización, “pero que los edificios sigan siendo ineficientes y por tanto, no saludables y con un coste energético elevado para los usuarios”, resaltan desde el clúster catalán.
Además, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE), incluido en el DB-HE en su apartado HE2, ha quedado sin cambios, algo difícil de entender ya que las instalaciones térmicas deben ayudar a conseguir y aumentar el volumen de edificios que apenas consuman energía (nZEB).
Luces y sombras en un año que va a tener como foco principal la emergencia climática y la cuestión medioambiental. Buena suerte para este año de número tan redondo.
