Miguel Ángel Jiménez

La emergencia climática , la transición energética y el colosal reto medioambiental han entrado de lleno en la agenda política y de las instituciones. En primer lugar, después de los ecos de la conferencia COP25 celebrada en Madrid, el Gobierno investido tras la festividad de los Reyes Magos ha colocado estos temas como vectores clave de su actuación, elevando además el Ministerio de Transición Ecológica a la categoría de vicepresidencia.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha declarado la emergencia climática y ambiental en España, a través de un acuerdo de Declaración aprobado el pasado 21 de enero en el que el Ejecutivo se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros cien días, “para combatir el cambio climático con políticas transversales”.

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Entre las muchas e interesantes conclusiones que se extrajeron del último Congreso de CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines), celebrado en Toledo a principios de octubre de este año, un servidor escuchó durante una de las ponencias una idea que chocó a muchos de los asistentes: que los instaladores de climatización, calefacción y frío estaban destinados a convertirse en instaladores eléctricos de baja tensión.

Quizás pudiera sorprender esta afirmación, pero si se analiza la evolución del sector de las instalaciones se percibe una tendencia en ascenso que va tomando cuerpo cada vez más: el acercamiento cada vez mayor entre el ámbito de las instalaciones eléctricas y el mundo de la climatización, la calefacción y la fontanería. Se trata de la integración cada vez más acusada de ambos sectores profesionales, mayor en algunas zonas que en otras; por ejemplo, es un hecho natural en algunas comunidades autónomas, como en los gremios de Cataluña (con la figura tradicional del lampista), y en provincias como Gipuzkoa, Huesca o Sevilla, por mencionar algunas.

Evolución del cliente

Este enfoque responde en gran parte a que el cliente, tanto residencial pero sobre todo en el segmento terciario, está cambiando y prefiere en muchos casos hablar con un solo interlocutor que realice y ejecute todas las instalaciones (iluminación, clima, domótica, electricidad,…) y gestione todas los equipamientos que quiere implantar; desde un centro sanitario hasta un edificio de oficinas, pasando por un recinto comercial o un cliente residencial.

Además, con la expansión de las renovables nos encontramos con tecnologías que están estrechamente conectadas, como las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico y aerotermia, procedentes de ambos segmentos, y con áreas comunes como el mantenimiento industrial. Y no hay que olvidar que muchos distribuidores apuestan por una oferta integral que abarca soluciones y productos tanto de material eléctrico como de clima, calefacción y sanitarios; hay muchos ejemplos de empresas que operan en ambos mundos.

El instalador, protagonista de la transición energética

En este contexto, el XIX Congreso Nacional de FENIE –también celebrado en octubre, en Santander– ofreció más pistas sobre esta evolución. Jaume Fornés, presidente de la Federación Nacional, explicó que en este período de transición energética “el instalador tiene mucho que decir”, ya que la electrificación de la economía y del transporte, y la descarbonización de la sociedad, con tecnologías renovables más sostenibles, son tendencias imparables.

Vienen aquí al caso estas declaraciones porque conviene recordar que CONAIF y FENIE firmaron en el verano de 2016 un acuerdo planteado con el objetivo de avanzar en la integración de ambas federaciones en una única organización de empresas instaladoras, de ámbito nacional. Este proceso no se ha materializado y podríamos decir que se encuentra en estado latente, a la espera de una mejor oportunidad.

Así, Jaume Fornés y Jesús Román, secretario general de la Federación, comentaron en el citado congreso a un grupo de periodistas que sigue siendo una opción interesante caminar hacia una única federación de instaladores, aunque hoy en día cada uno de estos colectivos tienen prioridades diferentes.

Un lobby sólido

Podríamos decir que explorar y trabajar en esta posibilidad es algo deseable, puesto que estaríamos hablando una organización que aglutinaría a más de 35.000 empresas instaladoras, sumaría más de 200.000 trabajadores, y acumularía un volumen anual de negocio superior a 11.500 millones de euros (en 2016); cifras muy relevantes.

Habría que pulir las diferencias, reforzar los puntos que ambos colectivos comparten y mirar hacia ese objetivo, ya que si el sector de las instalaciones conforma un gran frente común, podría erigirse en un lobby sólido con una capacidad mayor para negociar e influir ante las instituciones públicas y los organismos del sector.

Espero sus comentarios.