Que el sector cárnico sea el cuarto motor industrial de la economía española y que nuestro país figure entre los mayores productores de carne a nivel mundial no es casual, sino el resultado de aplicar a nuestros productos los altos estándares de calidad y control exigidos por la normativa tanto estatal como europea. Esta exigente legislación se ha traducido, en los últimos años, en un crecimiento de la exportación cárnica de España a países extranjeros, sabedores de que la calidad y la aplicación de las exigencias normativas son las señas de identidad de nuestros productos.
Sirvan como ejemplos el histórico dato registrado en 2017 por el sector porcino, punta de lanza de la producción cárnica nacional, que consiguió superar los 5.000 millones en valor de exportaciones o el crecimiento generalizado de la industria cárnica española en el exterior.
Los operadores españoles del sector cárnico que exportan sus productos a países extranjeros, ya sea de la zona euro o fuera de ella, están sometidos a los altos requisitos exigidos a nivel europeo y estatal para este tipo de actividades comerciales, sobre todo en lo referente a la salud pública, salud animal e higiene en toda la cadena alimenticia, desde la granja hasta la mesa (lo que conocemos como trazabilidad, un aspecto fundamental en la legislación europea)
El cumplimiento de estas condiciones de salubridad en las carnes exportadas se vehicula mediante las pertinentes autorizaciones de exportación, cuyo proceso de expedición difiere en función de si los países de destino exigen requisitos equivalentes a los establecidos en la Unión Europea o si añaden otros requisitos no contemplados específicamente a nivel europeo, supuesto en el que los exportadores deberán acreditar ante el control oficial que cumplen estas condiciones exigidas en el país que importará nuestra carne.
En este sentido, uno de los requisitos fundamentales a los que se enfrentan los operadores que exportan carne en España es el de la certificación veterinaria de exportación, cuyas bases se modificaron en 2014 mediante el Real Decreto 993/2014, introduciendo nuevos requisitos en la gestión de estas exportaciones y que se ha comenzado a exigir desde hace relativamente poco, desde marzo de 2016.
Con ello se establecen certificados (tanto específicos, para países que exijan determinados requisitos adicionales a los exigidos por Europa, como genéricos) para garantizar que se cumplen las condiciones marcadas de salud animal y se preceptúa, entre otras cosas, que las empresas implanten un sistema de autocontrol específico auditado por un organismo independiente cuando los países de destino añadan requisitos concretos a los exportadores.
En caso de que los requisitos exigidos por terceros países a las empresas exportadoras sean equivalentes a los de la Unión Europea la operación se simplifica, ya que no será necesaria ninguna certificación adicional específica en esta materia, que se da por supuesta al superar los rutinarios controles exigidos a nivel europeo para cualquier empresa española.
A partir de ahí, serán los Servicios de Inspección Veterinaria en Frontera los encargados de realizar controles documentales, de identidad o físicos, según proceda, para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el certificado veterinario de exportación solicitado, la correspondencia de la mercancía con los datos suministrados en la solicitud, su estado general o cualquier otra comprobación que sea precisa.
En definitiva, alcanzar estas buenas cifras de exportaciones de productos cárnicos y sus derivados tienen mayor mérito, ya que otros países, como Estados Unidos, gozan de un normativa mucho más laxa que la comunitaria, que es probablemente de las más exigentes del mundo en cuando a salud y bienestar de los animales, y están en condiciones de competir con mayor facilidad en cuanto a la comercialización de productos cárnicos.
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