Desde hace años, algunos organismos vienen diciendo que nuestro país debería aumentar el nivel de concentración de nuestras empresas pymes para hacerlas más competitivas en nuestra relación comercial con Europa para aprovechar así mejor nuestra capacidad exportadora, que es muy notable en el sector cárnico, aunque acusa un descenso del 30 % en el acumulado del último año y también en el segmento de frutas, verduras y hortalizas.
Pero la mayoría de estas cifras está representada por la labor continuada y profesional de más de 450.000 empresas, de las casi tres millones de empresas que constituyen hoy el total a nivel nacional y que representaban el 94 % de las empresas del sector privado en enero de 2020.
El problema es que ya se han perdido hasta hoy unas 500.000 empresas y están en riesgo de desaparecer otras tantas, pero hoy en día ‘todavía pagan‘ a casi nueve millones de trabajadores (el mismo número de jubilados que hay en nuestro país).
La mayoría de las pymes alimentarias eran rentables hasta la pandemia. De ellas, el 94 % son ‘micropymes‘ (de uno a nueve operarios), que no crean problemas visibles mediáticamente cuando cierran y son sustituidas por organizaciones de mercado de gran relevancia como multinacionales de matriz extranjera (la gran mayoría) con una fuerte ‘posición de dominio’ y objetivos empresariales ajustados a sus propias necesidades.
Las pymes son la sangre del medio rural y el suelo de nuestra economía
Las pequeñas y medianas empresas constituyen una red descentralizada de gran capilaridad social capaz para mantener el empleo rural y de aumentar el consumo interno, entre otros muchos beneficios sociales y económicos, que sería muy difícil recuperar si seguimos ignorando su situación actual.
Si hemos llegado hasta aquí y no existen soluciones a corto plazo, sino solamente promesas incumplidas, seguramente sea porque no se quiere reconocer una situación más grave de lo que parece y, por este motivo, resulta necesario activar soluciones reales a tiempo que incluyan en la solución a los empresarios de las pymes, que saben lo que hay que hacer para salvar los negocios de todas sus vidas.
Los problemas derivados del aumento de costes e insumos por diferentes causas, obliga a las empresas productoras a la necesidad de reducir costes y gastos no necesarios para poder sobrevivir a tiempos difíciles, que no van a mejorar posiblemente en un futuro próximo. Debemos acercar el productor primario junto con el consumidor final, tanto en distancia física como en capacidad de servicio regular.
Para ello, habría que mejorar la calidad intrínseca y frescura de los productos puestos a su disposición de una forma sanitariamente segura y cumpliendo todas las normativas vigentes. Entre ellas, la mejora del bienestar animal tan ‘cacareada’ en estos últimos tiempos y que tantos problemas crea en el transporte de animales vivos por lo que, si se reduce la distancia y el tiempo necesario hasta la venta al consumidor, disminuye la merma en vivo y se mejora la calidad del producto.
Como ejemplo significativo, la reducción de costes de producción y gastos asociados al sacrificio de algunas especies de abasto, con lo que se podría alcanzar un ahorro de entre el 60 % y el 80 %, desde la producción en granja, a las plataformas de venta directa al consumidor final. Y todo ello sin contar los beneficios comerciales y sociales de esta forma de venta específica entre productor primario y consumidor.
Será difícil para muchas pymes llegar a obtener ayudas procedentes de fondos ‘Next Generation’ porque gran parte de ellas no van a poder optar a subvenciones en dos de los tres bloques de actuación obligada definidos en el PERTE y aprobados recientemente por el MAPA para solicitarlas: competitividad, sostenibilidad y trazabilidad junto con seguridad alimentaria.
Excluidas las ayudas al kit de digitalización, que la mayoría ya utilizan habitualmente en su actividad, existen diferentes grupos industriales que se han constituido exclusivamente para este fin cumpliendo las condicionalidades exigidas por la UE: innovación, digitalización y sostenibilidad. Por este motivo, es poco probable que las pymes reciban a tiempo estas ayudas que, seguramente, tendrán que tramitar de forma previa ante intermediarios financieros y de acuerdo a las condiciones impuestas por ellos.
Por ello, independientemente de la buena voluntad del gobierno, de la AGE (Administración General del Estado) y de sus organismos oficiales y autonómicos, lo que está en sus manos es reducir costes y gastos no necesarios que les permitan vender al consumidor final con un menor precio y un retorno más rápido del ‘pay-back’. De esta manera podrán producir más con un menor coste y un mayor margen sobre ventas pero, para lograr esta economía circular real y práctica, necesitan ayudas y autorizaciones de sus administraciones más cercanas.
