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El perro flaco de Montoro

Si pone un circo de tres pistas, le crecen los enanos y los payasos se le echan a llorar. Así están las cosas para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras el fiasco de la devolución del céntimo sanitario, donde tuvo que firmar una “rendición de Breda” que ya la hubiera querido pintar Diego Velázquez, aunque él no quiso salir en la “foto”.  La patronal del transporte, furibunda por el gol que pretendía meterle con la rebaja de la devolución del impuesto dictada por la UE, cerró filas y el ministro no tuvo más remedio que dar un paso atrás y decir “diego” donde antes había dicho “digo”.

Y cuando el río que revolvió Montoro aún no se ha calmado, sus revueltas aguas traen ahora otro remolino que pueden volver a sumergirle. Un remolino que se llama morosidad y que va a convertir en un Everest las cuestas de enero y de febrero del responsable de las arcas nacionales. Pobre Cristóbal: a perro flaco, ya se sabe.

El nivel de morosidad y los plazos de pago apenas han mejorado en España a pesar de existir una ley que obliga a lo contrario. Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, sólo en las empresas del IBEX, la deuda supera los 47.000 millones de euros y el plazo medio de pago es de 169 días, casi triplicando lo que marca la ley (60 días). La dilación sigue siendo costumbre y norma, y nadie vigila, sanciona u obliga al cumplimiento legislativo.

Llegados al límite de las fuerzas dinerarias, sectores como el transporte, en este caso a través de FENADISMER (Federación de asociaciones del sector), ha convocado una Cumbre Reivindicativa para principios de 2015, cuando decidirá las movilizaciones a llevar a cabo por el incumplimiento en los plazos y, sobre todo, por no aprobar un régimen sancionador al que se opuso el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, en mayo pasado, frente a la opinión del resto de grupos.

En el colectivo del transporte el plazo medio de pago asciende a 184 días, lo que ha supone un volumen de morosidad de 68.179 millones de euros.

Pero esta cuestión va más allá de un solo sector y se extrema hasta lo imposible en gremios como construcción, inmobiliario, comercio o servicios, donde el plazo medio de pago se sitúa por encima de los 280 días.

La receta es muy sencilla, sr. Montoro, al margen de pasadas y recientes experiencias de las que debería tomar nota, sólo se trata de cumplir y hacer cumplir la ley que ya existe. De otra forma las arcas de las empresas se tornarán aún más paupérrimas y las de Hacienda, también. Haga cumplir la ley, sr. Montoro ¡hágalo!

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Cataluña dice adiós

Cataluña ha dicho adiós. El pasado 30 de septiembre ha concluido el plazo que la Generalitat se había dado, para la prueba que se ha venido realizando en esa Comunidad a fin de comprobar sobre el terreno, de forma real y a través de una prueba piloto, si el aumento de capacidad de carga de los vehículos de las 40 t actuales hasta la 44 t puede resultar ventajoso.

Mientras el president Mas y sus socios soberanistas empezaban a librar la batalla contra el Gobierno por el referéndum del 9-N, se libraba otra, en las carreteras catalanas. La medida que, insistimos, no ha sido más que una prueba piloto, con unos pocos vehículos y en un circuito muy concreto, ha sido más que contestada y ha servido de arma arrojadiza de los que la denostaban hacia los que la aplaudían.

Conviene recordar que la UE, de momento (me consta que puede haber una nueva “revisión” de este tema a partir de 2016) no está ¡sorprendentemente! por la labor de armonizar pesos y dimensiones a escala Comunitaria, lo que es a todas luces de “sinsentido” común. Así, cada país legisla por su cuenta, y para circular por el vecino hay que tener en cuenta sus limitaciones, que cambian en cada “frontera”, por más que éstas ya no existan en el espacio Schengen.

A escala doméstica, los colectivos se echaron encima de la prueba catalana (ASTIC, CETEM, FENADISMER,…), calificándola de equivocada, unilateral, inoportuna, anti económica, de abrelatas equivocado y hasta de “churro” y falta de valor. Pero también, se han vertido opiniones favorables, de quién desde el lado de la empresa ha participado en la prueba y ha visto incrementarse la rentabilidad y reducido las emisiones, o desde AECOC, que apoyada por un estudio de la UPC destacaba el multimillonario ahorro que supondría. El Gobierno, por su parte, tomó claro partido al presentar en febrero de 2013 un recurso contencioso administrativo contra la autorización de circulación a vehículos de 44 t en Cataluña.

Los políticos no pueden evitar -se lo ganan a pulso cada día- la nefasta, avariciosa, interesada y penosa imagen que trasladan a la ciudadanía. Y este es un ejemplo más. Seguramente, la prueba era ya estéril antes de iniciarse. Si la UE no normaliza pesos y dimensiones máximos para la carretera, nada se avanza. Sin embargo era, y es, muy interesante para cargadores, transportistas, administración, diseñadores de infraestructuras, tráfico, gestión local, medio ambiente, etc. etc. conocer si ese 10 por 100 más resulta concluyente y favorable en todos o alguno de esos aspectos.

Pero todos, y digo TODOS, se han empeñado en hacer baladí este experimento. Cada uno ha enarbolado su bandera particular y ha “disparado” a todo lo que se meneaba frente a él. Se han creado bandos donde no los había e, incluso, se han dado ya por inválidos los datos objetivos extraídos de la prueba, por la simple razón de ser conclusiones del “enemigo”. Se ha perdido tiempo, dinero y quizás una valiosa experiencia.

Los políticos han hecho de tales y los que no los son les han imitado aplicadamente. Con ese buen ejemplo, así nos va.

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La ratita presumida

La pasada semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaraba ilegal a todos los efectos el llamado “céntimo sanitario”, un impuesto al carburante (sumado a sus ya abultadas tasas) que se ha venido aplicando desde 2002 y hasta el pasado año 2013, aunque la mayoría de las Comunidades Autónomas -las recaudadoras por cuenta del Estado- ya lo habían dejado de cobrar en 2012. A pesar de su nombre, este impuesto ni era un “céntimo” -llegó a sumar hasta 7 céntimos por litro- ni sirvió, por lo visto en estos años, para financiar a la Sanidad, que era su objetivo.

A pesar de las reclamaciones de los colectivos profesionales del transporte por carretera desde su implantación en 2002 (siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, como ahora, la historia tiene estas cosas), de las llamadas de atención, sentencias y dictámenes de la UE, los Gobiernos de José Mª Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y buena parte de los Gobiernos Autonómicos, han hecho el “don Tancredo” o mirado para otro lado mientras recaudaban unos 13.000 millones de euros que ahora toca reclamar.

Como en el popular cuento de Perrault, la tacaña ratería de populares y socialistas se encontró con el centimito, o la moneda de oro, y “presumieron” que con ella podrían comprarse un enorme lazo rojo o sufragar la maltrecha sanidad pública -tanto da, para el resultado conseguido- y no tuvieron en cuenta a los “alguaciles” europeos, o más bien les dieron engreídamente la espalda. Ahora toca pagar.

La factura no va ser cosa de unas pocas monedas, aunque va a tener mucha suerte la Hacienda de Montoro (el hacedor de esta carga impositiva) pues ni la inmensa mayoría de los particulares, ni algunos profesionales van a ser capaces de justificar el consumo de carburante durante estos años. Además, los extractos de las tarjetas bancarias, no valen.

Aún así, gracias a la insistencia de organizaciones como FENADISMER o CETM, que llevan años reclamando e instando a sus asociados a hacerlo y a guardar justificante de su paso por las estaciones de servicio, los transportistas por carretera podrán reclamar, al menos, el pago realizado y ahora ilegalizado, durante los último cinco años. Un buen pellizco para el profesional y una factura inesperada de varios miles de millones de euros para el Estado que, una vez más, cuando ha necesitado ingresos y no ha sabido qué hacer -hecho recurrente- ha cargado al carburante de una nueva tasa.

Más hubiera valido que los sucesivos Ministros de Hacienda desde 2002, que ahora han cerrado el círculo volviendo a Montoro, hubieran hecho como el ratón que, finalmente, se desposó con La Ratita Presumida de Perrault: “dormir y callar”.

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