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El Día de la Marmota y la transición energética

Han pasado las elecciones generales del 26-J, que parecían lejanas e incluso poco probables allá por el mes de enero, y nos encontramos a las puertas de las vacaciones de verano con una realidad muy similar a los resultados de los comicios del 20 de diciembre (aunque en mejores condiciones para el Partido Popular), en algo que me recuerda a la película Atrapado en el tiempo, de Harold Ramis, en la que el protagonista vive de forma repetida las mismas situaciones, que giran en torno a sus vicisitudes para grabar para la televisión el famoso Día de la Marmota.

En lo que respecta al sector energético, parece que las cosas no se van a mover mucho, a pesar de las demandas de organizaciones de consumidores y usuarios y de asociaciones empresariales para transformar el statu quo dominado por un oligopolio eléctrico de cinco grandes compañías e impulsar un cambio del sistema eléctrico que lleve a una mayor presencia de las renovables, el fomento del autoconsumo y una mayor transparencia  de los mecanismos para generar el precio de la electricidad.

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Subastas, peajes y otras digresiones

El mundo es un lugar lleno de sorpresas, sobre todo en época pre-electoral; los candidatos nos prometen poco menos que el paraíso en la Tierra, mejoras en los servicios (que, desconocemos, antes no se implantaban), infraestructuras por doquier e incluso “asaltar los cielos”, en una metáfora que ha suscitado no pocos ríos de tinta. Así, de forma imprevista, uno los giros que nos guardaba este Gobierno, tan poco sensible a las energías renovables –culpables de casi todos los males en privado y alabadas en público– es el reciente anuncio de un concurso para sacar a subasta 700 MW de energías renovables, 500 de ellos de tecnología eólica y 200 de biomasa.

¿Por qué ahora, en este momento, sale esta subasta? ¿Por qué se deja fuera a otras tecnologías, como la fotovoltaica, la termoeléctrica o la mini hidráulica? ¿Es un lavado de imagen dirigido a la Comisión Europea y con vistas a las directivas que atañen en este campo? ¿Es un giro oportunista en un año plagado de comicios electorales?

Estos y otros interrogantes emergen en esta decisión del Ministerio de Industria, sobre todo porque el actual Gobierno se ha distinguido precisamente por una legislación regresiva en el ámbito de las energías limpias, que han pagado buena parte del desaguisado del déficit de tarifa, como han denunciado diversas asociaciones sectoriales (como APPA), grupos ecologistas y otras formaciones políticas.

Además, no debe olvidarse que el actual Ejecutivo también ha puesto el punto de mira en el autoconsumo energético. De hecho, según todas las informaciones disponibles, tiene previsto aprobar y publicar en breve plazo una normativa –que se ha retrasado más de año y medio– que regule esta modalidad, en la que se podría incluir el denominado “peaje de respaldo”, al que muchos han calificado agriamente como “impuesto al sol”. Este peaje, o tasa recaudatoria, se aplicará con el argumento de que, desde el momento en el que el usuario que cuenta con una instalación de autoconsumo está conectado al sistema eléctrico, está “aprovechándose” del respaldo que le ofrece el conjunto de la infraestructura, incluso aunque esté consumiendo electricidad producida por su instalación. Curiosa explicación.

¿Y por qué sí apostar por la eólica? Acaso sea una coincidencia, pero esta tecnología es donde tienen mayores intereses e inversiones las compañías eléctricas y otras grandes corporaciones. No obstante, y a pesar de que el país necesita este tipo de energía renovable, la patronal de la energía eólica (AEE), se ha apresurado a señalar ante el anuncio del Gobierno que “la propuesta de normativa se ha realizado sin consultar al sector, lo que implica que se aleja de su realidad y no resuelve la inseguridad jurídica generada por la regulación en vigor”.

En cambio, la fotovoltaica es una tecnología más flexible y, si cabe, democrática, se pueden llevar a cabo desde grandes plantas de generación hasta pequeñas instalaciones integradas en entornos urbanos –como explican desde la asociación UNEF–, sea en viviendas, hoteles, recintos comerciales o polígonos industriales, extendiendo el concepto de generación distribuida.

¿Por qué entonces no caminar por la senda que nos marcan las Directivas Europeas? ¿No se debería, como así se promueve desde Bruselas, simplificar y acelerar los procedimientos administrativos para autorizar y realizar la conexión a redes de distribución y transporte de energía eléctrica para fomentar el uso de energías procedentes de fuentes renovables? La sociedad española, tan dependiente de combustibles fósiles, tendría que asumir que todas las renovables deben aportar su grano de arena para construir una economía con menos emisiones de CO2 y más eficiente en el uso de la energía.

Y hablando de energías renovables, me permito hacerles una recomendación literaria relacionada. Se trata de la novela Solar, del escritor británico Ian McEwan, una historia mordaz, divertida y algo cínica sobre un físico, Premio Nobel, que busca su redención personal y profesional en un proyecto de energía solar.

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Contabilidad creativa en la reforma energética

“No dejes que la realidad te estropee un buen titular” es una máxima que se atribuye al magnate de la prensa norteamericana William R. Hearst, cuya vida sirvió de inspiración para el inolvidable clásico del cine ‘Ciudadano Kane’, de Orson Welles. Salvando las distancias, de todo tipo, el Gobierno de la nación parece haber comprendido, en esta línea de actuación, que su diseño de la reforma energética no podía ser modificado o ajustado por cuestiones molestas de la realidad: el objetivo inamovible era reducir el déficit de tarifa causado por “unas energías renovables costosas”, cuyas subvenciones suponían un lastre para el sector eléctrico, siendo culpables también del incremento de la factura eléctrica. Esta era la trama del argumento.

Con este objetivo, el Gobierno del PP emprendió desde el inicio de su legislatura una prolongada batalla contra las energías renovables, que intensificaba las acciones tomadas por el anterior Ejecutivo. En esta estrategia, el ministro Soria refirió en septiembre de 2013 que se había contratado a dos consultoras, Roland Berger y Boston Consulting Group, para la elaboración de sendos estudios que establecieran una retribución razonable para las energías renovables, base técnica que serviría para acometer unos recortes de unos 3.000 millones de euros en el sector.

Y hete aquí que, ahora, a instancias del Tribunal Supremo, que ha actuado a partir de las reclamaciones interpuestas por diversas asociaciones como APPA o Anpier, el Ejecutivo revela por fin que esos dos informes no existen; o mejor dicho, uno no ha sido entregado todavía por Boston Consulting y el otro es tres meses posterior a que el recorte se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La pregunta que se hacen expertos y asociaciones sectoriales es de dónde salió el complejo entramado de cifras y cálculos que consignó el Gobierno en la orden ministerial –quince páginas y más de 1.700 anexos– para justificar el tijeretazo a las energías alternativas; ¿fueron creados ad hoc?, ¿se trata de contabilidad creativa? La trama del argumento se vuelve turbia.

El Ministerio de Industria esgrimió el uso de estos informes, que ahora se comprueba que no fueron utilizados, como una justificación técnica y económica, una pantalla para llevar a cabo el plan preconcebido: el recorte al sector de las renovables. Un asunto que ha sido pasto de múltiples polémicas, con un hecho incontestable: el régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) ha soportado el mayor peso del ajuste del sector, al tiempo que los datos de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) señalan que sólo ha supuesto realmente una quinta parte del déficit de tarifa acumulado, como afirmaba UNEF en un reciente comunicado.

Otros componentes son pues la parte del león de ese déficit de tarifa, que no termina de atajarse y que puede verse comprometido si las demandas interpuestas por inversores internacionales y entidades españolas ante el CIADI, organismo de arbitraje internacional, progresan y se falla contra la regulación aprobada por el Gobierno español. Además, como estamos en año de elecciones, muchos de estos datos y resultados verán la luz…, cuando se hayan celebrado los comicios, claro.

Como guinda, la Comisión Europea ha asegurado recientemente que el incremento del término fijo del recibo de la luz aplicado desde comienzos de 2014 y la reducción de la parte variable va en contra de algunas directivas europeas y, por tanto, actuará en consecuencia contra el Gobierno de España. Por si faltara poco, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido de forma reiterada que no se imponga el “peaje de respaldo” a la producción de energía para el autoconsumo energético, que considera una medida carente de justificación. Sin comentarios.

¡¡Feliz San Patricio a irlandeses y a los que se unan a esta fiesta!!

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