Etiquetasector eléctrico

Noticias ‘eléctricas’ que desazonan

Tras un comienzo suave del otoño, los primeros fríos ya han llegado y renacen viejos problemas, que en algunos casos se convierten en auténticos dramas. La pobreza energética, una expresión nueva para definir un concepto antiguo, vuelve a resurgir: el pasado lunes 14 de noviembre moría en Reus (Tarragona) una mujer de 81 años en un incendio provocado por unas velas que utilizaba porque le habían cortado la luz. El ayuntamiento de esta localidad y la compañía suministradora, Gas Natural Fenosa, se han culpado mutuamente de este trágico suceso y se han sucedido las declaraciones en los medios de comunicación sacudiéndose el problema de encima.

Hay que recordar, como han publicado diarios como InfoLibre, que los cuerpos de bomberos de Barcelona, Badalona y Cornellá de Llobregat denunciaron en 2015 que el 70% de los accidentes relacionados con incendios en viviendas se producían a causa de la pobreza energética; la gente llega a emplear todo tipo de medios rudimentarios para calentarse cuando se le ha cortado el suministro eléctrico. Información bastante inquietante. Notorio es, además, que los precios de electricidad y gas aumentaron entre 2008 y 2014 un 73% y un 67%, respectivamente.

Leer más
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

¿Cambiar de apellido cambia al profesional?

Hoy en día los términos ‘electricista’ o ‘antenista’, por nombrar algunas de las denominaciones de los instaladores especializados en una u otra materia, se han quedado obsoletos porque son reduccionistas y limitan las tareas que desarrollan. El profesional de la instalación del siglo XXI, que ha atravesado los azarosos años de la crisis –económica, de la construcción, financiera…–, se está transformado en un nuevo perfil profesional, aspecto que ya hemos tratado en este blog.

Este nuevo perfil responde a todas las mutaciones que se están viviendo en el sector eléctrico, y campos auxiliares, donde han surgido nuevos modelos de consumo y que está dando paso a un mercado más complejo que abre posibilidades para todo tipo de organizaciones. En este proceso las empresas instaladoras, sobre todo de tamaño medio, son las que más han sufrido en este periodo de recesión, originando a partir de su desaparición micropymes que están luchando por sobrevivir.

Leer más
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Reinventar el oficio de instalador

Tras una intensa feria en Matelec 2014, y haber hablado con numerosos operadores del sector de material eléctrico, especialmente instaladores, la palabra que más ha surgido en estas conversaciones ha sido la de reinvención. Después de varios años de cambios, recesión, dificultades y transformaciones profundas, el profesional  de la instalación ha llegado a un terreno, o a una etapa, donde todo lo que funcionaba, salvo el valor del trabajo bien hecho –que siempre es una obligación–, ya no le sirve. El pasado reciente se ha convertido en algo lejano y que ya no es válido.

Si su aportación se queda reducida a la mera mano de obra en cualquier proyecto, sabe que su negocio está abocado a desaparecer o, en el mejor de los casos, a agonizar. El instalador del siglo XXI debe hacer suyos diversos aspectos que hasta hace poco tiempo ni siquiera se paraba a pensar en muchos casos: asesoramiento, más allá del suministro o instalación de equipos, sobre todo en materia energética; especialización, anticipándose y estando al tanto de innovaciones y tecnologías que puedan ayudarle en su trabajo y que ayuden a que sus clientes puedan reducir sus facturas y aumentar su competitividad; una conciencia ecológica, que supere el mero ahorro energético, y que persiga dar una pátina de responsabilidad social a su labor y a la de sus clientes; y una mentalidad comercial más activa.

Se trata de trasladar al plano profesional e industrial lo que ya se ha producido en el ámbito social, el valor de lo que piensa el consumidor, el cliente. A partir de ahí, la tarea del instalador debería consistir en adaptarse a estos tiempos donde eficiencia energética, uso de nuevas tecnologías, conciencia social y sostenibilidad se están convirtiendo en valores imprescindibles. El marketing y la marca también pueden ser armas poderosas en este contexto, como se comentó en la presentación del proyecto Mentakers, en Matelec. De este modo, el factor precio será uno más para competir, no el único.

Si no lo hace así, vendrán otros operadores de mayor tamaño, seas compañías eléctricas, grandes contratistas o empresas de otros perfiles que ocuparán su espacio.; de hecho, ya lo están haciendo. Así que lo obligado es reinventarse o morir. Quizá esa reinvención nos esté llevando a una nueva categoría profesional que englobe estas disciplinas y otras nuevas que están surgiendo.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

El referéndum catalán y la unidad de mercado

Regresamos de las vacaciones de verano con una sensación agridulce: por un lado, la mente y el cuerpo se han oxigenado para afrontar el nuevo curso y, por otro, parece que la realidad no se ha movido mucho en este paréntesis. Los ciudadanos se incorporan a sus trabajos y ocupaciones y se preparan para lo que se vislumbra como lo que más de un columnista ha llamado “otoño calentito”. Tras el periodo estival llega el tradicional ajuste de cinturón para contener gastos, mientras la ola de calor que vivimos repercutirá en abultadas facturas de la luz para muchos.

Además, las cifras macroeconómicas que se anuncian por doquier alientan a la esperanza, pero parece que sus efectos balsámicos no llegan al entorno microeconómico de hogares y empresas; las dificultades de financiación, los plazos de pago abusivos, las ventas que no terminan de repuntar… son factores que arrojan sombras al panorama que dibujan algunas instancias. Por si faltara poco, se prevé una nueva vuelta de tuerca a la austeridad: el Gobierno pretende ahorrar 30.000 millones de euros de gasto público en tres años, según han publicado diversas fuentes.

A lo que hay que añadir las tensiones políticas, la más importante de las cuales es la cuestión nacionalista en Cataluña, con la fecha del 9 de noviembre en todas las agendas. La deriva que está tomando la situación política con la convocatoria del referéndum, y la total ausencia de diálogo entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico, centran la preocupación de empresarios de todos los sectores. Según un informe de PwC, “los responsables de las grandes empresas catalanas están preocupados por el proceso” y “por encima de todo, llaman al diálogo” entre las partes implicadas “casi con desesperación”. La mitad de los empresarios catalanes creen que la secesión unilateral daña el negocio con el resto de España.

Al margen de la mayor o menor valoración que se le dé a este estudio, no cabe duda de que las consecuencias económicas de una operación de este tipo son inimaginables, alejadas de la estabilidad necesaria, sobre todo si se tiene en cuenta que Cataluña cuenta con un significativo tejido industrial y empresarial, especialmente notable en el sector de material eléctrico y afines.

No olvidemos que una de las demandas que más han planteado las organizaciones empresariales (como AFME o Anfalum en el sector eléctrico) es desarrollar el criterio de unidad de mercado para que se aplique de forma homogénea en todas las comunidades autónomas la legislación de ámbito industrial y comercial. Con independencia de que exista una reglamentación autonómica específica para determinados ámbitos, no deja de ser un tanto surrealista que para comercializar y lanzar un producto en España una empresa tenga que pasar por 17 estamentos distintos, lo cual ralentiza y perjudica cualquier acción empresarial.

Nuestro país cuenta así con un corpus legislativo autonómico, que consta de miles de reglamentos, órdenes y disposiciones, que deviene un auténtico bosque difícil de atravesar, y que no está pensado en muchos casos para facilitar y simplificar la vida de empresarios y autónomos.

Diálogo y sentido común serían ahora más necesarios que nunca.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

¡Es la financiación, estúpido!

“La economía, estúpido” (the economy, stupid), fue una frase muy utilizada por Bill Clinton y sus asesores durante la campaña electoral a las presidenciales de EEUU contra George Bush padre en 1992, que posteriormente se popularizó como “es la economía, estúpido”. Parafraseando el dictamen del expresidente, en la economía nacional, en general, y en el sector eléctrico, en particular, la financiación es el meollo de la cuestión que estrangula una reactivación más sólida.

No obstante, las primeras brisas primaverales han traído cierto aire fresco y optimista que han barrido los malos humores invernales: según los esperanzadores datos publicados por AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico), las ventas del mercado nacional han aumentado un 6,9% en los dos primeros meses de 2014, confirmando el cambio de tendencia iniciado en el último tramo de 2013. No sabemos si es un espejismo, ya que se comparan con los meses de enero y febrero del año pasado, que fueron la travesía más árida del desierto del que parece que vamos a salir, o bien es un indicio de que este ejercicio podría acabar en positivo tras más de un lustro en números rojos.

Sin embargo, la situación económica de las empresas continúa en muchos casos bajo mínimos, en “modo supervivencia”, en buena parte debido a que el grifo del crédito sigue cerrado a cal y canto. En este sentido, los indicadores que ha facilitado recientemente la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) no son nada halagüeños. De acuerdo con esta entidad, dos normas podrían hacer tambalear la mejora registrada en los dos últimos años en el ámbito de los plazos de pago: el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, concretamente dos de sus disposiciones, que permiten el pacto entre las empresas superando los 60 días establecidos por ley, en los casos en los que la deuda o el crédito se cedan a un tercero; y el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público.

De lo que se desprende con esta presumible marcha atrás es la falta de voluntad política para atajar este problema que lastra la situación financiera de las empresas, sobre todo de pymes, micropymes y autónomos, organizaciones vulnerables que no pueden financiar el capital circulante y dependen de una buena gestión de pagos y cobros. Los poderosos (empresas del IBEX 35 y grandes corporaciones) son los grandes beneficiarios de un sistema donde las posiciones de poder y abuso entre cliente y proveedor dañan de partida una normal relación comercial; no es de recibo que un 68% de las empresas firmen contratos que incumplan la ley en los plazos de pago, según una encuesta de la PMcM: temen perder al cliente si le exigen cumplir con la ley, ¡extraña y cruel paradoja!

Queda una pequeña ventana a la esperanza: el desarrollo de un régimen sancionador continúa su trámite en las Cortes y podría entrar en debate parlamentario entre abril y mayo de este año. España es un país que, en muchos ámbitos –más de lo que nos gustaría–, funciona a base de penalizaciones y multas (desde las normas de tráfico a cumplir con la Hacienda pública, por citar sólo dos ejemplos); lo que evidencia que una tipificación clara de infracciones y sus correspondientes sanciones sería un buen método para corregir esta anomalía que nos diferencia de Europa, sólo por delante de Portugal y Grecia. En Francia, gracias a la implantación de un régimen sancionador, los plazos de pago medio se han situado por debajo de los 45 días.

Así, acceso al crédito restringido y plazos de pago abusivos (en el sector de la construcción el plazo medio se sitúa en 253 días) es una combinación fatídica para la liquidez de las compañías que quiebra cualquier conato de reanimar la actividad. No hay que olvidar que morosidad y plazos de pago ilegales son la causa del cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis, algo que perjudica también la competitividad de la economía.

Que disfruten de la Semana Santa, de sus penitencias y sus pequeños placeres.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

El intrusismo que no cesa

La extensión de la cruda recesión económica que sufrimos desde hace años ha traído diversas consecuencias, unas más previsibles que otras. El cierre de empresas en todos los sectores de actividad y la destrucción de empleo subsiguiente, especialmente en ámbitos como la industria de la construcción y sus sectores auxiliares, ha generado las condiciones idóneas para un caldo de cultivo donde se desarrolla un viejo conocido: el intrusismo profesional.

En muchos casos, la mortandad de empresas ha devenido en la creación, a la manera de la reproducción por esporas, de nuevos pequeños organismos: micropymes y autónomos que surgen del antiguo cuerpo para seguir activos en el mismo sector que conocen y en el que acumulan experiencia; además, se dan muchos ejemplos en los que incluso estos trabajadores actúan en condiciones que rayan la ilegalidad, que en algunas zonas del país llaman ‘irregulares’. Su estrategia se basa en numerosas ocasiones en ofertas agresivas en precio, llegando a involucrarse y a entrar en proyectos donde carecen de la experiencia adecuada, o desconocen algunos de sus elementos tecnológicos o normativos. La desesperación, y esto es comprensible, lleva a la audacia.

Pero resulta que el sector eléctrico (y afines) es un campo con un alto contenido tecnológico, en el que se trabaja –una obviedad que hay que recordar– con electricidad, un elemento peligroso y sensible que puede causar accidentes, heridos e incluso muertes (como ha resaltado a lo largo de su trayectoria la Plataforma PRIE, ahora caída en cierto olvido). La calidad y la seguridad de las instalaciones es un objetivo irrenunciable, a pesar de las dificultades económicas, porque, si no es así, probablemente vendrán los lamentos a posteriori, en forma de altos consumos de energía, mal funcionamiento de las instalaciones, deterioro de los materiales y riesgo de accidentes. El usuario final, sea un particular o una empresa de cualquier sector de actividad, debería valorar todos estos factores.

En este contexto, el presidente de AEMIAT (Asociación Española de Empresas de Mantenimiento de Instalaciones de Alta Tensión) me relataba recientemente un caso clarificador: una comunidad de vecinos, a la hora de renovar las instalaciones eléctricas comunes del edificio ya obsoletas –los cuadros de contadores–, eligió entre varias propuestas la más económica, sin mirar o valorar otros aspectos. El reducido compartimento del cuarto de contadores y el desconocimiento de la normativa por parte del instalador contratado le llevó a derribar una pared para aumentar el espacio entre los cuadros, cuando eso se hubiera evitado con la instalación de unos equipos de protección adecuados, y permitidos por la normativa para este tipo de situaciones. El organismo de control no validó finalmente la obra al no cumplir los requisitos de seguridad y la comunidad de vecinos se encontró con un problema adicional, más oneroso de lo que había previsto en un principio. El conjunto de los trabajos supuso un mayor desembolso del inicial y el cliente quedó insatisfecho puesto que no se habían cumplido las expectativas prometidas en precio y calidad.

La competencia desleal de ‘irregulares’ (trabajos sin IVA, no verificación de la calidad y seguridad…) distorsiona las condiciones de un mercado ya de por sí castigado por otros factores. Las asociaciones de instaladores llevan clamando contra el intrusismo desde hace años, pero la crisis ha echado en saco roto cualquier iniciativa en este sentido; en una reciente encuesta elaborada por Cuadernos de Material Eléctrico el intrusismo estaba entre los primeros cinco problemas del colectivo. Hace falta, además, una mayor concienciación ya que el precio no es lo único que cuenta.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail