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Acercar el mensaje de la eficiencia al ciudadano

Las encuestas son un método muy utilizado por empresas de investigación de mercados, multinacionales de productos de consumo o instituciones públicas (como el CSIC) que tratan de indagar y determinar el comportamiento de las personas en tanto ciudadanos, consumidores y sujetos electorales. Como es bien sabido, no es una ciencia exacta –sus números se suelen “cocinar”, nos dicen los expertos–, y ahora que se aproximan elecciones de todo signo se suceden numerosos sondeos que tratan de vaticinar o predecir su resultado. No hace falta citar las veces que han fallado o se han alejado de la realidad.

A pesar de ello, en este post ponemos la atención en una reciente encuesta que ha llevado a cabo la Confederación Nacional de Instaladores (CNI) y que ha mostrado unos resultados curiosos, que trastocan cualquier idea preconcebida que uno pueda tener sobre lo ineludible y necesario de invertir en eficiencia energética. Entre otras conclusiones, el sondeo revela que ¡¡el 70% de los ciudadanos preguntados!! desconoce o confunde el significado del término “eficiencia energética”; es más, se asocia este concepto sólo con el precio de la energía antes que con otros aspectos cuando se habla de ello.

Por si esto fuera poco, un sorprendente 40% respondió negativamente a la pregunta sobre si tendría interés en conocer más a fondo de qué se trata la eficiencia energética. En tiempos como los actuales, donde hasta el más común de los mortales se ha acostumbrado a apretarse el cinturón y analizar con detalle el coste de cualquier compra, choca esta aparente desidia en un ámbito que afecta el bolsillo en todos los hogares y empresas todos los meses.

En este sentido, el trabajo de CNI revela que un 96% del total de encuestados (2.400 propietarios o usuarios de inmuebles) estaría dispuesto a realizar obras de mejora o rehabilitación en su vivienda o edificio si ello representa mayor confort, ahorro y revalorización, los tres motivos básicos. Pero, al profundizar, sólo el 18% podría acometer obras sin financiación externa; de lo que se deduce que las finanzas personales sí que cuentan, y mucho, en cualquier obra de renovación o reforma. Es la clave.

Al no disponer de recursos económicos, todos estos proyectos se quedan arrumbados, o pasan a un segundo o tercer plano a la espera de mejores épocas, cuando si se acometieran con seriedad permitirían un ahorro de costes apreciable. A esto se añade que la crisis y sus efectos han traído el intrusismo y los trabajos de baja calidad a cualquier precio; de este modo, como reverso de ello, el 96% de encuestados contaba que había tenido malas experiencias al contratar algún trabajo, y de ellos el 70% responsabiliza de ello a la falta de profesionalidad de los servicios contratados. Optamos por lo más barato, olvidando el argumento de la calidad y los profesionales acreditados, y así muchas veces nos equivocamos puesto que no nos solventan el problema, y a veces nos generarán otros nuevos con gastos adicionales.

¿Cómo resolver esta ecuación e impulsar la rehabilitación y la eficiencia energética? Según Javier Cueto, presidente de CNI, “lo importante es definir claramente el mensaje a transmitir” y hacerlo de forma masiva. La aprobación de paquetes legislativos y ayudas financieras por parte de la Administración es un factor positivo, pero es preciso acercar este mensaje de eficiencia y ahorro a los ciudadanos con sencillez y claridad, para que demanden por sí mismos estas soluciones. ¿Estamos por la labor?

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El dividendo digital que se avecina

Las comunidades de vecinos constituyen un espacio de convivencia, más o menos civilizada, en unos sitios más que en otros, donde los seres humanos residen, se relacionan y discuten, como no podía ser de otra manera; es un formato de vivienda muy común en determinados países, sobre todo en el sur de Europa. En este sentido, nuestro imaginario popular se ha llenado con decenas de obras de teatro, cine y televisión que exponen la miseria que se destila al compartir vidas, cuitas y espacio. Baste citar, por ejemplo, “El pisito”, película de Marco Ferreri e Isidoro M. Ferry de finales de los 50 –anticipo visionario de la España de hoy–, o “La comunidad”, de Álex de la Iglesia, que se acercaba a este fenómeno desde el humor más negro y caústico; o más recientemente las series de TV “Aquí no hay quien viva” y “La que se avecina”, de gran éxito popular.

En estos años de crisis la vida cotidiana se ha hecho algo más árida en estas comunidades pues los propietarios e inquilinos se han encontrado con dificultades económicas añadidas para hacer frente a los gastos comunes, no digamos ya si hablamos de abonar derramas (¡el añorado señor Cuesta!) para financiar las obras de reformas y mejoras en instalaciones eléctricas, tuberías, ascensores o la calefacción.

Ahora llega un nuevo cambio, por mandato europeo, como ha sucedido en otros ámbitos: la liberación del dividendo digital, que se lleva a cabo para reubicar las frecuencias de televisión para dejarlas libres para las nuevas redes de telefonía móvil de 4G. Este proceso supondrá tener que intervenir en más de 1 millón de edificios con antenas colectivas, un 55% de la población; actuación que se suma a los cambios que tuvieron que realizarse en los años 2009 y 2010 con la llegada de la TDT (Televisión Digital Terrestre).

Sin embargo, estos cambios de ahora no supondrán un desembolso para las comunidades de vecinos si son diligentes ya que el Gobierno ha puesto en marcha un plan de ayudas (de unos 290 millones de euros) destinadas a sufragar los gastos de estas intervenciones, pero hay que actuar con rapidez: el plazo se acaba el 31 de diciembre de 2014, por lo que administradores de fincas y otros representantes de las comunidades de propietarios tendrán que acelerar la solicitud de presupuestos para llevar a cabo estas adaptaciones y así cobrar antes la ayuda.

Para muchos instaladores, este proceso de adaptación supone una importante carga de trabajo, más necesaria si cabe en un contexto todavía deprimido de la actividad. Las empresas tendrán que acometer con eficacia y profesionalidad esta tarea de gran envergadura, y en un corto plazo de tiempo.

Todos estos elementos constituyen una buena noticia. A lo que se añade que en esta ocasión se han puesto las medidas idóneas para hacer que toda esta actividad sea transparente y no propicie la economía sumergida. Miguel Ángel García Argüelles, director gerente de FENITEL (Federación de Instaladores de Telecomunicaciones), explicaba a nuestra redacción que para cobrar las ayudas públicas será necesario presentar la factura del trabajo, que la intervención deberá realizarse por un instalador homologado y que el pago habrá de abonarse por procedimientos bancarios. De este modo, se evitará el intrusismo, efecto colateral negativo que no se pudo impedir en buena medida en la primera adaptación de la TDT.

Son todas ellas acciones que persiguen luchar contra la tendencia a la chapuza y al apaño que todavía persiste en nuestro país, como queda reflejado con el filtro del humor en series televisivas como la citada “La que se avecina”, que precisamente acaba de estrenar su octava temporada. Si bien hay que recordar que en esta transición a la TDT y a la televisión de alta definición nuestro país se encuentra entre los que mejor han llevado a cabo estos procesos en Europa.

PD.: No olviden que a partir del próximo 26 de octubre, todos los ciudadanos, tanto si viven o no en un edificio con antena colectiva, tendrán que resintonizar sus televisores para localizar las nuevas frecuencias en las que se emitirán los programas de televisión.

En el número de octubre de Cuadernos de Material Eléctrico se publican una entrevista a Miguel Ángel García Argüelles, director gerente de FENITEL, y un interesante reportaje sobre diversos aspectos técnicos de la adaptación para la llegada del dividendo digital, que arrojan luz sobre todo este proceso.

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El intrusismo que no cesa

La extensión de la cruda recesión económica que sufrimos desde hace años ha traído diversas consecuencias, unas más previsibles que otras. El cierre de empresas en todos los sectores de actividad y la destrucción de empleo subsiguiente, especialmente en ámbitos como la industria de la construcción y sus sectores auxiliares, ha generado las condiciones idóneas para un caldo de cultivo donde se desarrolla un viejo conocido: el intrusismo profesional.

En muchos casos, la mortandad de empresas ha devenido en la creación, a la manera de la reproducción por esporas, de nuevos pequeños organismos: micropymes y autónomos que surgen del antiguo cuerpo para seguir activos en el mismo sector que conocen y en el que acumulan experiencia; además, se dan muchos ejemplos en los que incluso estos trabajadores actúan en condiciones que rayan la ilegalidad, que en algunas zonas del país llaman ‘irregulares’. Su estrategia se basa en numerosas ocasiones en ofertas agresivas en precio, llegando a involucrarse y a entrar en proyectos donde carecen de la experiencia adecuada, o desconocen algunos de sus elementos tecnológicos o normativos. La desesperación, y esto es comprensible, lleva a la audacia.

Pero resulta que el sector eléctrico (y afines) es un campo con un alto contenido tecnológico, en el que se trabaja –una obviedad que hay que recordar– con electricidad, un elemento peligroso y sensible que puede causar accidentes, heridos e incluso muertes (como ha resaltado a lo largo de su trayectoria la Plataforma PRIE, ahora caída en cierto olvido). La calidad y la seguridad de las instalaciones es un objetivo irrenunciable, a pesar de las dificultades económicas, porque, si no es así, probablemente vendrán los lamentos a posteriori, en forma de altos consumos de energía, mal funcionamiento de las instalaciones, deterioro de los materiales y riesgo de accidentes. El usuario final, sea un particular o una empresa de cualquier sector de actividad, debería valorar todos estos factores.

En este contexto, el presidente de AEMIAT (Asociación Española de Empresas de Mantenimiento de Instalaciones de Alta Tensión) me relataba recientemente un caso clarificador: una comunidad de vecinos, a la hora de renovar las instalaciones eléctricas comunes del edificio ya obsoletas –los cuadros de contadores–, eligió entre varias propuestas la más económica, sin mirar o valorar otros aspectos. El reducido compartimento del cuarto de contadores y el desconocimiento de la normativa por parte del instalador contratado le llevó a derribar una pared para aumentar el espacio entre los cuadros, cuando eso se hubiera evitado con la instalación de unos equipos de protección adecuados, y permitidos por la normativa para este tipo de situaciones. El organismo de control no validó finalmente la obra al no cumplir los requisitos de seguridad y la comunidad de vecinos se encontró con un problema adicional, más oneroso de lo que había previsto en un principio. El conjunto de los trabajos supuso un mayor desembolso del inicial y el cliente quedó insatisfecho puesto que no se habían cumplido las expectativas prometidas en precio y calidad.

La competencia desleal de ‘irregulares’ (trabajos sin IVA, no verificación de la calidad y seguridad…) distorsiona las condiciones de un mercado ya de por sí castigado por otros factores. Las asociaciones de instaladores llevan clamando contra el intrusismo desde hace años, pero la crisis ha echado en saco roto cualquier iniciativa en este sentido; en una reciente encuesta elaborada por Cuadernos de Material Eléctrico el intrusismo estaba entre los primeros cinco problemas del colectivo. Hace falta, además, una mayor concienciación ya que el precio no es lo único que cuenta.

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