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Noticias ‘eléctricas’ que desazonan

Tras un comienzo suave del otoño, los primeros fríos ya han llegado y renacen viejos problemas, que en algunos casos se convierten en auténticos dramas. La pobreza energética, una expresión nueva para definir un concepto antiguo, vuelve a resurgir: el pasado lunes 14 de noviembre moría en Reus (Tarragona) una mujer de 81 años en un incendio provocado por unas velas que utilizaba porque le habían cortado la luz. El ayuntamiento de esta localidad y la compañía suministradora, Gas Natural Fenosa, se han culpado mutuamente de este trágico suceso y se han sucedido las declaraciones en los medios de comunicación sacudiéndose el problema de encima.

Hay que recordar, como han publicado diarios como InfoLibre, que los cuerpos de bomberos de Barcelona, Badalona y Cornellá de Llobregat denunciaron en 2015 que el 70% de los accidentes relacionados con incendios en viviendas se producían a causa de la pobreza energética; la gente llega a emplear todo tipo de medios rudimentarios para calentarse cuando se le ha cortado el suministro eléctrico. Información bastante inquietante. Notorio es, además, que los precios de electricidad y gas aumentaron entre 2008 y 2014 un 73% y un 67%, respectivamente.

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Subastas, peajes y otras digresiones

El mundo es un lugar lleno de sorpresas, sobre todo en época pre-electoral; los candidatos nos prometen poco menos que el paraíso en la Tierra, mejoras en los servicios (que, desconocemos, antes no se implantaban), infraestructuras por doquier e incluso “asaltar los cielos”, en una metáfora que ha suscitado no pocos ríos de tinta. Así, de forma imprevista, uno los giros que nos guardaba este Gobierno, tan poco sensible a las energías renovables –culpables de casi todos los males en privado y alabadas en público– es el reciente anuncio de un concurso para sacar a subasta 700 MW de energías renovables, 500 de ellos de tecnología eólica y 200 de biomasa.

¿Por qué ahora, en este momento, sale esta subasta? ¿Por qué se deja fuera a otras tecnologías, como la fotovoltaica, la termoeléctrica o la mini hidráulica? ¿Es un lavado de imagen dirigido a la Comisión Europea y con vistas a las directivas que atañen en este campo? ¿Es un giro oportunista en un año plagado de comicios electorales?

Estos y otros interrogantes emergen en esta decisión del Ministerio de Industria, sobre todo porque el actual Gobierno se ha distinguido precisamente por una legislación regresiva en el ámbito de las energías limpias, que han pagado buena parte del desaguisado del déficit de tarifa, como han denunciado diversas asociaciones sectoriales (como APPA), grupos ecologistas y otras formaciones políticas.

Además, no debe olvidarse que el actual Ejecutivo también ha puesto el punto de mira en el autoconsumo energético. De hecho, según todas las informaciones disponibles, tiene previsto aprobar y publicar en breve plazo una normativa –que se ha retrasado más de año y medio– que regule esta modalidad, en la que se podría incluir el denominado “peaje de respaldo”, al que muchos han calificado agriamente como “impuesto al sol”. Este peaje, o tasa recaudatoria, se aplicará con el argumento de que, desde el momento en el que el usuario que cuenta con una instalación de autoconsumo está conectado al sistema eléctrico, está “aprovechándose” del respaldo que le ofrece el conjunto de la infraestructura, incluso aunque esté consumiendo electricidad producida por su instalación. Curiosa explicación.

¿Y por qué sí apostar por la eólica? Acaso sea una coincidencia, pero esta tecnología es donde tienen mayores intereses e inversiones las compañías eléctricas y otras grandes corporaciones. No obstante, y a pesar de que el país necesita este tipo de energía renovable, la patronal de la energía eólica (AEE), se ha apresurado a señalar ante el anuncio del Gobierno que “la propuesta de normativa se ha realizado sin consultar al sector, lo que implica que se aleja de su realidad y no resuelve la inseguridad jurídica generada por la regulación en vigor”.

En cambio, la fotovoltaica es una tecnología más flexible y, si cabe, democrática, se pueden llevar a cabo desde grandes plantas de generación hasta pequeñas instalaciones integradas en entornos urbanos –como explican desde la asociación UNEF–, sea en viviendas, hoteles, recintos comerciales o polígonos industriales, extendiendo el concepto de generación distribuida.

¿Por qué entonces no caminar por la senda que nos marcan las Directivas Europeas? ¿No se debería, como así se promueve desde Bruselas, simplificar y acelerar los procedimientos administrativos para autorizar y realizar la conexión a redes de distribución y transporte de energía eléctrica para fomentar el uso de energías procedentes de fuentes renovables? La sociedad española, tan dependiente de combustibles fósiles, tendría que asumir que todas las renovables deben aportar su grano de arena para construir una economía con menos emisiones de CO2 y más eficiente en el uso de la energía.

Y hablando de energías renovables, me permito hacerles una recomendación literaria relacionada. Se trata de la novela Solar, del escritor británico Ian McEwan, una historia mordaz, divertida y algo cínica sobre un físico, Premio Nobel, que busca su redención personal y profesional en un proyecto de energía solar.

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Contabilidad creativa en la reforma energética

“No dejes que la realidad te estropee un buen titular” es una máxima que se atribuye al magnate de la prensa norteamericana William R. Hearst, cuya vida sirvió de inspiración para el inolvidable clásico del cine ‘Ciudadano Kane’, de Orson Welles. Salvando las distancias, de todo tipo, el Gobierno de la nación parece haber comprendido, en esta línea de actuación, que su diseño de la reforma energética no podía ser modificado o ajustado por cuestiones molestas de la realidad: el objetivo inamovible era reducir el déficit de tarifa causado por “unas energías renovables costosas”, cuyas subvenciones suponían un lastre para el sector eléctrico, siendo culpables también del incremento de la factura eléctrica. Esta era la trama del argumento.

Con este objetivo, el Gobierno del PP emprendió desde el inicio de su legislatura una prolongada batalla contra las energías renovables, que intensificaba las acciones tomadas por el anterior Ejecutivo. En esta estrategia, el ministro Soria refirió en septiembre de 2013 que se había contratado a dos consultoras, Roland Berger y Boston Consulting Group, para la elaboración de sendos estudios que establecieran una retribución razonable para las energías renovables, base técnica que serviría para acometer unos recortes de unos 3.000 millones de euros en el sector.

Y hete aquí que, ahora, a instancias del Tribunal Supremo, que ha actuado a partir de las reclamaciones interpuestas por diversas asociaciones como APPA o Anpier, el Ejecutivo revela por fin que esos dos informes no existen; o mejor dicho, uno no ha sido entregado todavía por Boston Consulting y el otro es tres meses posterior a que el recorte se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La pregunta que se hacen expertos y asociaciones sectoriales es de dónde salió el complejo entramado de cifras y cálculos que consignó el Gobierno en la orden ministerial –quince páginas y más de 1.700 anexos– para justificar el tijeretazo a las energías alternativas; ¿fueron creados ad hoc?, ¿se trata de contabilidad creativa? La trama del argumento se vuelve turbia.

El Ministerio de Industria esgrimió el uso de estos informes, que ahora se comprueba que no fueron utilizados, como una justificación técnica y económica, una pantalla para llevar a cabo el plan preconcebido: el recorte al sector de las renovables. Un asunto que ha sido pasto de múltiples polémicas, con un hecho incontestable: el régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) ha soportado el mayor peso del ajuste del sector, al tiempo que los datos de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) señalan que sólo ha supuesto realmente una quinta parte del déficit de tarifa acumulado, como afirmaba UNEF en un reciente comunicado.

Otros componentes son pues la parte del león de ese déficit de tarifa, que no termina de atajarse y que puede verse comprometido si las demandas interpuestas por inversores internacionales y entidades españolas ante el CIADI, organismo de arbitraje internacional, progresan y se falla contra la regulación aprobada por el Gobierno español. Además, como estamos en año de elecciones, muchos de estos datos y resultados verán la luz…, cuando se hayan celebrado los comicios, claro.

Como guinda, la Comisión Europea ha asegurado recientemente que el incremento del término fijo del recibo de la luz aplicado desde comienzos de 2014 y la reducción de la parte variable va en contra de algunas directivas europeas y, por tanto, actuará en consecuencia contra el Gobierno de España. Por si faltara poco, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido de forma reiterada que no se imponga el “peaje de respaldo” a la producción de energía para el autoconsumo energético, que considera una medida carente de justificación. Sin comentarios.

¡¡Feliz San Patricio a irlandeses y a los que se unan a esta fiesta!!

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“Si Morgan Stanley lo dice…”

El “gran capital” (the big money) suele manejar el mundo, solemos pensar como un lugar común; los fondos de capital riesgo importantes y los bancos de inversión influyentes, con sus operaciones y previsiones, anticipan las corrientes profundas que desvelan hacia dónde se van a dirigir los mercados y las tendencias que definirán el crecimiento económico del futuro. El Foro de Davos (en Suiza), celebrado recientemente, es uno de esos lugares donde se deciden y perfilan algunas de esas tendencias. En un documento sobre el futuro energético que se dio a conocer en este evento se revela que en las próximas décadas habrá un ascenso constante de los precios de la electricidad –la caída actual de los precios de crudo es un espejismo temporal–, al tiempo que va a descender la demanda eléctrica en el mundo.

Así lo comentaba Javier García Breva, experto en políticas energéticas con un dilatado currículum, en un encuentro celebrado en Madrid el pasado 29 de enero. Lo curioso, decía, es que gigantes como Morgan Stanley están aconsejando a sus clientes que trasladen sus inversiones de forma progresiva del sector de los combustibles fósiles al segmento de las energías renovables.

Además, en el año 2018, la mayor parte de la generación de electricidad a escala mundial procederá de fuentes renovables, de acuerdo con el citado banco de inversión norteamericano. Una de las tendencias a tener en cuenta será, junto a la pujanza de la energía eólica marina y la solar, la generación distribuida en proyectos inferiores a 1 MW (se han estimado más de 73.000 millones de euros de inversión en todo el mundo, comentó García Breva).

¿Y qué tenemos en España frente a este contexto, que además nos viene exigido también por las directrices de las instituciones europeas en forma de Directivas? Un Gobierno que, profundizando lo realizado por el Ejecutivo anterior, ha creado un marco legislativo irregular y contradictorio, que persigue sobre todo penalizar las energías renovables y castigar la eficiencia energética; la subida del término fijo de potencia a principios de 2014 es sólo un botón de muestra de sus esquemas. Nuestro ministro Soria opina, además, que es mejor para empresas y ciudadanos consumir más energía.

En cambio, Alemania, Dinamarca y Reino Unido son ejemplos de países de lo que llamamos “nuestro entorno” que, con mayor o menor acierto e intensidad, se han dado cuenta de la inevitabilidad de las energías renovables para reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles y de la relevancia de incorporar la eficiencia energética y la rehabilitación como claves de bóveda del edificio económico, con planes a largo plazo que no se desvíen de sus objetivos por influencias externas, políticas o de otro signo.

De lo que se deduce que hace falta voluntad política y mentalidad empresarial en grandes dosis para emprender de verdad actuaciones que promuevan la eficiencia y la rehabilitación energética en edificios y viviendas. En un país donde la mayor preocupación es el paro, sorprende que se haga poco en este sentido cuando hasta los informes más prudentes señalan que se podrían crear hasta 150.000 empleos con las inversiones adecuadas en rehabilitación energética, tanto en el sector público de edificios como en el ámbito residencial.

¿Alguien tiene una buena razón para explicar esto? Si Morgan Stanley lo dice, es difícil al menos no prestar algo de atención.

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Eficiencia energética, a destiempo y sin ganas

A los españoles nos cuesta bastante aplicarnos en determinadas tareas, tenemos fama entre nuestros vecinos europeos de llegar tarde a muchos trenes y, a veces, cuando los cogemos a tiempo nos bajamos antes de que alcancen la velocidad adecuada. Así, el avance de la eficiencia energética está experimentando pasos adelante y atrás: es un ámbito en el que ocupamos una más que digna posición entre las 16 economías más grandes del mundo; algo que no debe llevar a la complacencia, ya que, como Estado miembro de la Unión Europea, España tiene el compromiso ineludible de incorporar a su ordenamiento jurídico las Directivas que se promulgan desde Bruselas. Y aquí es donde desde hace unos años nos vienen sacando los colores por quedarnos a la zaga.

Siempre a última hora, y en ocasiones pasado el límite temporal estipulado (como los partidos que se acaban decidiendo en la prórroga), nuestro país siempre apura los plazos. Así, el Gobierno presentó in extremis, sin ganas, a la Comisión Europea el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, que abarca un programa de rehabilitación energética de edificios; la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE terminó su periodo de transposición a la legislación nacional el día 5 del pasado mes de junio, y al día siguiente el Consejo de Ministros aprueba la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), cuya cuantía y objetivos ya se han calificado como de decepcionantes y escasos, dado el estado del parque inmobiliario (cerca del 60% de los más de 25 millones de viviendas tienen más de 30 años). Una política más ambiciosa e integral en este campo sería beneficiosa por los ahorros y por su capacidad de crear empleo estable y de calidad; algo que se ha intentado paliar con el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, aprobado el viernes 18 de julio.

Esto es, el Gobierno de la nación se demora en diversos aspectos importantes y le cuesta ponerse al día con los deberes que marca la normativa europea en cuanto a eficiencia energética e implantación de energías renovables, tema este último de largo alcance, ya que la regulación ha ido claramente en contra de este sector. Todo ello sorprendente si se piensa que nuestra dependencia energética exterior se halla cerca del 80%.

A esto se puede añadir que la eficiencia energética quedó fuera de las prioridades cuando se decidió en febrero de este año subir el término fijo de potencia en la factura de la luz, con lo que se desincentivan las medidas de eficiencia que se puedan tomar en los hogares. Importa más el déficit de tarifa.

Ha comenzado pues el verano y, para alegrarnos el estío, el 1 de julio finalizaba el plazo que tenían las comercializadoras eléctricas para adaptar sus sistemas de facturación de acuerdo con el nuevo cálculo de los Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (PVPC), por la gracia del ministerio que dirige José Manuel Soria.

Aunque las eléctricas están devolviendo el dinero facturado de más en el primer tramo del año, los consumidores se encuentran ahora en cierto estado de confusión, e incluso de vulnerabilidad. Según se ha publicado en distintos medios, las denuncias a las eléctricas han aumentado sustancialmente en el primer semestre de este año (son las más numerosas tras las operadores de telecomunicaciones y la banca), debido sobre todo a las quejas de fraudes y abusos en las ofertas del mercado libre que se producen con campañas engañosas y búsqueda de clientes casa por casa –vamos, lo que se ha llamado siempre “venta a puerta fría”–.

En suma, desconfíe usted si además vienen a ofrecerle el mejor precio de la electricidad a la puerta de su casa. Eso es que algo no funciona.

Lo que sí creo que funciona en esta época calurosa es un buen rato de lectura. Y como este es el último post antes de las vacaciones, me permito hacerles una recomendación en este sentido: John Banville, escritor irlandés que ha sido merecedor del Premio Príncipe Asturias de las Letras 2014; si no han leído ningún libro suyo, prueben con obras como El mar o Antigua luz, o alguna de las que ha escrito bajo el seudónimo de Benjamin Black, como El secreto de Christine o El otro nombre de Laura. El que suscribe, al menos, ha disfrutado enormemente. ¡Feliz verano!

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Mamá, quiero ser danés

No es que yo sea particularmente aficionado a los cuentos de Hans Christian Andersen, aunque en mi niñez –como muchos infantes de varias generaciones– leí o me leyeron historias como “El soldadito de plomo” o “El patito feo”. Tampoco es que sea un fiel seguidor de las consignas del movimiento cinematográfico Dogma, cuyo máximo exponente es el polémico Lars von Trier, aunque reconozco que películas como “Bailando en la oscuridad”, o “Celebración”, de Thomas Vinterberg, encierran imágenes poderosas e historias impactantes. Ni siquiera quiero mostrar aquí mi admiración por una sociedad como la danesa, más igualitaria y con un sistema educativo más eficaz y estable que el español.

No, en este post quiero dejar constancia de mi sana envidia por Dinamarca porque es un ejemplo a seguir por un sueño lejano para nuestra economía: contar con una política energética que mire al largo plazo, que integre a las energías renovables como un elemento fundamental en el mix –y no las penalice– y que se desvincule de los combustibles fósiles. España es una muestra palmaria de todo lo contrario, a tenor de las decisiones llevadas a cabo por el actual Gobierno de Rajoy y también en la etapa final de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero.

Esta breve historia se inicia en 1973, con el estallido de la crisis del petróleo desencadenada por los mandamases de la OPEP y que incrementó de forma brutal el precio del barril de crudo. Los daneses, tal como explicó Mikkel Larsen, agregado de Comunicación de la Embajada de Dinamarca en España en un reciente acto en Madrid, organizado por La Oficina de Javier García Breva, se dieron cuenta, como en muchos otros países, que la energía no era un bien abundante y barato (en los años 70 su dependencia energética era muy elevada), y se empezaron a acostumbrar a las restricciones en el suministro eléctrico e incluso al apagado del alumbrado público en determinadas franjas horarias con el fin de ahorrar electricidad, entre otras cosas.

El país decidió entonces acometer varios planes dentro de una verdadera política energética orientada al futuro que se planteara como objetivo fundamental la reducción de la dependencia energética y disminuir la intensidad energética de su economía. Con algunos vaivenes, esta apuesta se ha convertido en una historia de éxito a día de hoy: a pesar de disponer de reservas de petróleo en el Mar del Norte, Dinamarca es un Estado que apuesta por medidas de eficiencia energética a todos los niveles y donde la generación de energía a partir de fuentes renovables crece de forma imparable; su objetivo es que en el año 2020 más del 35% de su consumo energético final proceda de renovables y que el 70% del consumo eléctrico se derive de energías limpias, y sus planes se están cumpliendo y han establecido metas más elevadas para 2030.

Es más, el país escandinavo ha conseguido desvincular su crecimiento económico de las emisiones de CO2; es decir, en el periodo 1990-2010, mientras su PIB aumentaba cerca de un 40%, las emisiones de gases de efecto invernadero se rebajaban más de un 20%. Además, el programa promovido por el anterior gobierno conservador no sólo no ha sido cancelado por el ejecutivo socialdemócrata que ganó las elecciones en octubre de 2011, sino que se ha ampliado con objetivos más ambiciosos, en lo que se considera una auténtica “política de Estado”, y no el juego de intereses cruzados y de debates vacíos de contenido que se desarrollan en España. Los daneses son conscientes de que cada euro invertido en importar petróleo o gas es un dinero que se va del país, y que cada euro que se ahorra en energía o que se invierte en renovables se queda en el país.

Como es lógico, quizás la experiencia de Dinamarca no sea extrapolable a España en su globalidad, por las particularidades de cada sociedad y economía, pero sí se pueden extraer ejemplos para aplicar en nuestro país, que si de algo carece en su política energética es de un enfoque integral y de una planificación basada en el largo plazo, que no dependa además del color político del partido en el poder o de compañías privadas, cuyos intereses son legítimos pero que, a veces, no concuerdan con los de la sociedad.

PD: Gracias a Mikkel Larsen por la claridad y amenidad de su exposición, que ha inspirado este post.

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Desandar el camino de la eficiencia

Empezamos con ilusión y elevadas dosis de cautela un año nuevo que, según los vaticinios de los gurús y analistas más proclives a las tesis oficiales, será un ejercicio con creación de empleo neto y mejora en los parámetros macroeconómicos. En el sector eléctrico, 2013 se despidió con el episodio bochornoso de la subida del precio de la luz en la subasta eléctrica del 19 de diciembre (un 11%), que se saldó finalmente con su anulación por parte del Gobierno, que fijó el aumento de la tarifa eléctrica en un 2,3%, dejando un rastro sospechoso de irregularidades, si bien la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) dictaminó en un informe la semana pasada que no hubo ninguna manipulación de precios en la subasta CESUR. ¡Doctores tiene la Iglesia!

Además, el pasado 27 de diciembre se publicaba en el BOE la Ley del Sector Eléctrico, que contempla un mecanismo automático de incremento de peajes (costes regulados) del recibo de la luz cuando se produzca un desajuste entre ingresos y costes del sistema, con el objetivo fundamental de suprimir el déficit tarifario, que actualmente supera los 26.000 millones de euros; esta norma también establece la sustitución de la Tarifa de Último Recurso (TUR) por el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), como el precio máximo de referencia al que podrán contratar los consumidores de menos de 10 kW de potencia contratada.

La ley, objeto de numerosos dardos, es un paso más en el camino de errores regulatorios, no satisface a casi nadie, penaliza las tecnologías de autoconsumo y no termina de solventar el desequilibrio de la formación de precios y de fomentar un desarrollo ordenado del mix energético nacional, ya que la dependencia energética se cifra en torno al 80% (España desembolsó 45.500 millones de euros en 2012 por la importación de combustibles fósiles, como ha desvelado APPA, la Asociación de Productores de Energías Renovables).

Por otro lado, el Parlamento Europeo aprobó a principios de enero los nuevos objetivos de reducción de un 40% de las emisiones de CO2, un 30% de generación renovable y un 40% de ahorro de energía para el año 2030, propuesta apoyada por varios países, como Alemania, Francia, Italia o Portugal, pero de la que se desmarcó el Gobierno español, poniendo en evidencia la postura institucional, que se aleja de la tendencia de futuro de caminar hacia una economía que estimule las renovables, menos contaminantes, y promueva el ahorro y la eficiencia energética como un elemento clave.

De este modo, se puede comprobar cómo un discurso engolado, que habla de mejorar la competitividad de las empresas, haciendo hincapié en el factor salarios, se queda en puro humo cuando se trata de rebajar los costes energéticos y apostar por un futuro que se desvincule de los combustibles fósiles, impulsando sectores que son generadores de empleo, y que se ponga al lado de las economías más potentes. El Gobierno, a contracorriente, y andando hacia atrás en este campo.

Veremos qué nos depara pues este 2014, aunque muchos nos tememos que consumidores y empresas acabaremos pagando, vía factura de la luz, los desaguisados, desaciertos y déficits, de tarifa o de cualquier otra índole, que cometa la Administración o los operadores dominantes. ¡Que se cumplan sus deseos y objetivos este año!

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La opacidad de la tarifa eléctrica

Se ha vuelto a repetir, como vaticinaban muchos expertos, el recibo de la luz volverá a subir a partir del 1 de enero de 2014, esta vez un excesivo 11%, tal como se ha anunciado en diarios nacionales, radios y televisiones. El consumidor, sea doméstico o empresarial, otra vez paga los platos rotos de un ecuación que no se quiere resolver para salvaguardar los intereses de un oligopolio formado por unas pocas compañías que se lamentan por las decisiones del Gobierno, presumiblemente en su contra, pero que al mismo tiempo anuncian beneficios millonarios en sus cuentas de resultados (un botón de muestra: Iberdrola y Endesa fueron la segunda y la tercera eléctricas europeas que más beneficio obtuvieron en 2012, solo por detrás de la francesa EDF, según desvelaron varias agencias de noticias en noviembre de este año).

Se nos había vendido que la liberalización del sector eléctrico traería un sinfín de ventajas entre las que destacaba contar con unos precios de la energía eléctrica competitivos y ajustados, y lo que está ocurriendo es lo contrario: un mercado distorsionado, con una influencia abrumadora de las grandes compañías eléctricas, que lo que hace es generar una dinámica de precios casi siempre alcista (más de un 60% en los últimos cinco años), y que ningún Gobierno, no importa del signo que sea, se atreve a resolver.

Además, tal como reconocieron los participantes en una mesa redonda organizada por Cuadernos de Material Eléctrico, el pasado 3 de diciembre, la formación de precios de la electricidad y la propia factura de la luz es un auténtico embrollo, difícil de desentrañar hasta para el más avezado de los expertos. Pero no sólo eso, por parte de los agentes que más ventajas obtienen se persigue que esa opacidad se mantenga, que el oscurantismo que rodea todo ese proceso –precio del pool, subasta de comercializadoras, origen del déficit de tarifa, primas a renovables, costes extrapeninsulares, tecnologías amortizadas…– no se aclare, para que así sigamos con esta situación, incomprensible, escandalosa y que influye negativamente en los bolsillos de los ciudadanos y en los costes de las empresas.

Y precisamente ahí surge otra cuestión clave: para multitud de empresas, por no decir todas, los costes energéticos suponen el segundo factor después del coste de los recursos humanos a la hora de afrontar un balance. Ahora que la masa salarial está contenida con las sucesivas reformas, los empresarios (sobre todo industrias intensivas en consumo energético o entidades como hoteles o recintos comerciales, entre otras) ven que su competitividad, interna y externa, queda lastrada por unos precios que siempre suben, y de forma impredecible (bueno, lo predecible es que siempre van al alza en el cómputo del año).

Hoy el ministerio de Industria ha anunciado, por medio del portavoz del PP, Alfonso Alonso, la apertura de una investigación sobre la subasta eléctrica realizada esta misma mañana porque existen sospechas de que haya podido manipularse para elevar artificialmente los precios; ya veremos a dónde conduce. Porque el corolario a todo esto es una legislación confusa y deficiente que no prima la eficiencia y que prefiere penalizar las energías limpias en lugar de castigar a las más contaminantes; en contra, además, de las Directivas Europeas.

La luz eléctrica, que es el fin y principio de este negocio, vuelve a ser motivo de polémica. Veremos nuevos episodios en esta larga trayectoria, pero eso será en el año próximo. Así que les deseo a todos los lectores y clientes que nos han brindado su apoyo unas felices fiestas y un venturoso 2014. Este blog se toma un respiro y vuelve en enero.

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