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¿Cómo concienciar mejor sobre eficiencia energética?

La eficiencia energética es un término tan manido en los últimos tiempos que ha llegado casi a saturar las temáticas de artículos, conferencias y foros que se han escrito y celebrado en el sector de material eléctrico, ámbito energético y afines. ¿Sustituir algunas bombillas convencionales en el hogar o en una oficina por Led ya es eficiencia?, ¿instalar una batería de condensadores en un pequeño negocio ya es eficiencia?, ¿automatizar el control de sistemas en un edificio es eficiencia? Es todo eso y más.

Cabe decir que el incremento continuado del precio de la electricidad, a pesar de las promesas reiteradas del Gobierno, ha hecho mella en los bolsillos de los ciudadanos y también en las cuentas de resultados de las empresas. El aumento del término fijo de potencia en la factura de la luz de los consumidores en 2014 supuso, además, desincentivar las medidas de ahorro ya que la parte variable del recibo, la que depende del consumo, pierde importancia frente a la parte fija; aunque gastes menos energía eléctrica ello no va a representar una bajada proporcional en el montante final que se abona a la distribuidora eléctrica.

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Precariedad y esclavos multidisciplinares

Nos hallamos en pleno fragor de la campaña política más competida de los últimos años, en la que los candidatos copan de forma abrumadora, casi hasta el hartazgo, programas de televisión, artículos en prensa, bloques radiofónicos y espacios en Internet. Muchas de las voces que hemos escuchado han hecho hincapié en la precariedad que predomina las relaciones económicas y laborales desde el inicio de la recesión: ya saben, para miles de españoles los sueldos se encogen de forma directamente proporcional al compromiso que se les exige y a las horas que trabajan.

En este sentido, en la primera de las Mesas Sectoriales de Matelec organizada por Cuadernos de Material Eléctrico el pasado 1 de diciembre en Valencia, salió a relucir también otra cara de esa precariedad que los profesionales de la instalación llevan padeciendo en los últimos años, una fragilidad derivada del papel casi omnímodo que ha ejercicio el constructor, que imponía su ley implacable: la rebaja constante de costes llevada hasta el límite, en los materiales de construcción, los equipamientos, la mano de obra… En ese objetivo no se han atendido de forma adecuada otros criterios importantes, sobre todo la eficiencia energética de la edificación y de sus instalaciones.

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Congreso de FENIE, unanimidad contra el decreto de autoconsumo

Tras la celebración del XVII Congreso de FENIE (Federación Nacional de empresarios instaladores) en Ávila la semana pasada, resuenan todavía en medios y redes sociales ecos de las ponencias, coloquios y opiniones que se sucedieron en este evento a lo largo de los días 22 y 23 de octubre. Lastres como el intrusismo y la morosidad se mantienen como preocupaciones de primer nivel entre el colectivo, ante la dejación de funciones de las distintas Administraciones Públicas, que sólo ponen el ojo fiscalizador en las empresas cumplidoras.

En este sentido, arreciaron también, y con toda la razón del mundo, las críticas y reproches ante la regulación aprobada por el Gobierno del PP, en especial en el ámbito del autoconsumo fotovoltaico y, en menor medida, aunque también, en el de las infraestructuras de carga del vehículo eléctrico, con la norma ITC-BT 52. En el primer caso, calificativos como “irracional”, “anomalía histórica” o “inútil” sirvieron para describir la

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Europa nos gusta, pero nos quiere sancionar

El discurso oficial del Gobierno español siempre está alineado con las tesis de las instituciones europeas, es el tono habitual de las intervenciones públicas de ministros y otros representantes políticos; somos un socio comprometido que suscribe y apoya hasta las medidas más ingratas que provienen de la Unión Europea, club al que pertenecemos y en el que tratamos de incardinar muchas de nuestras políticas, como no podía ser de otra manera.

Sin embargo, esta versión oficial ofrece un reverso sombrío y no tan pro europeo ya que España es un país huidizo y remolón cuando se trata de cumplir determinadas Directivas comunitarias que, con toda seguridad, nos haría crecer en competitividad entre los países de nuestro entorno, pero que los gobernantes patrios, de distinto signo político, han creído innecesario encajar en el ordenamiento jurídico español. En un hipotético ránking de áreas especialmente inmunes a dejarse empapar por las tendencias de la UE, hay dos claramente líderes: el sector energético y el ámbito de los plazos de pago. De hecho, España ha recibido recientemente varios varapalos en este sentido por parte de los organismos de Bruselas, que ponen en entredicho este ‘compromiso’ europeo. Veamos cuáles.

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Salir de la zona de confort

En las carreras de coches de competición hay ocasiones en que un piloto, aun con la certeza de que está conduciendo bien su bólido, de repente ve cómo le adelantan varios rivales por la izquierda o por la derecha y se da cuenta de que su conducción es mejorable. En los últimos tiempos he venido escuchando en distintos foros y encuentros profesionales una percepción similar entre el colectivo de instaladores, que están comprobando cómo su tradicional campo de acción se ve invadido por otros profesionales.

A pesar de los duros años de crisis económica, cuyos efectos llegan hasta hoy, y de los cambios que han emprendido muchos empresarios y autónomos, los instaladores eléctricos y generalistas están perdiendo terreno en ámbitos que de forma natural serían una extensión de su actividad: instalaciones de seguridad, intercomunicación, control de accesos, proyectos de eficiencia energética, etc. Por si esto fuera poco surge la competencia desleal de las Administraciones Públicas, ayuntamientos o diputaciones provinciales, que han puesto en marcha centrales de compra para gestionar la contratación de materiales y servicios, supliendo la actividad de empresas privadas.

Al margen de la denuncia que es lícito y justo hacer de estas actuaciones, hay dos aspectos a los que muchos profesionales no prestan la suficiente atención y que son fundamentales para su actividad: mejorar su perfil como comerciales y la formación. Tras hablar con diversos representantes del colectivo, se constata que los instaladores se venden muy mal, practican poco la comercialización de su empresa y servicios, por lo que en muchas ocasiones pierden oportunidades y se acaban adelantando firmas procedentes de otros sectores.

En segundo lugar, la formación continua es ineludible para las empresas instaladoras hoy en día: un instalador sin formación no tiene futuro, dada la velocidad casi de vértigo a la que se mueve el mundo en todos los órdenes: innovaciones tecnológicas y novedades normativas se suceden y es imprescindible estar al tanto para no quedarse fuera de juego. Aquí ejercen un papel fundamental las asociaciones sectoriales, que vertebran, forman y apoyan las acciones de sus empresas afiliadas. En este contexto, el instalador tiene también que crecer como gestor, como empresario: sin olvidar el apartado técnico, profundizar y formarse en todas las áreas de gestión y de estrategia comercial para buscar nuevos nichos de negocio y optimizar los procesos.

También al decir de varios dirigentes sectoriales y empresarios del sector las empresas del sector de las instalaciones han de dejar de mirar hacia el Estado como fuente de subvenciones y ayudas a la hora de resolver problemas o lanzarse a determinados proyectos.

Todo esto se resume en algo que ya han llevado a cabo muchos profesionales en estos últimos años: salir de la zona de confort en la que estaban instalados en los años de bonanza y aventurarse a otros ámbitos menos conocidos donde, en efecto, la incertidumbre crece y nadie garantiza ningún resultado, pero se puede acceder a nuevos clientes.

 

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“Si Morgan Stanley lo dice…”

El “gran capital” (the big money) suele manejar el mundo, solemos pensar como un lugar común; los fondos de capital riesgo importantes y los bancos de inversión influyentes, con sus operaciones y previsiones, anticipan las corrientes profundas que desvelan hacia dónde se van a dirigir los mercados y las tendencias que definirán el crecimiento económico del futuro. El Foro de Davos (en Suiza), celebrado recientemente, es uno de esos lugares donde se deciden y perfilan algunas de esas tendencias. En un documento sobre el futuro energético que se dio a conocer en este evento se revela que en las próximas décadas habrá un ascenso constante de los precios de la electricidad –la caída actual de los precios de crudo es un espejismo temporal–, al tiempo que va a descender la demanda eléctrica en el mundo.

Así lo comentaba Javier García Breva, experto en políticas energéticas con un dilatado currículum, en un encuentro celebrado en Madrid el pasado 29 de enero. Lo curioso, decía, es que gigantes como Morgan Stanley están aconsejando a sus clientes que trasladen sus inversiones de forma progresiva del sector de los combustibles fósiles al segmento de las energías renovables.

Además, en el año 2018, la mayor parte de la generación de electricidad a escala mundial procederá de fuentes renovables, de acuerdo con el citado banco de inversión norteamericano. Una de las tendencias a tener en cuenta será, junto a la pujanza de la energía eólica marina y la solar, la generación distribuida en proyectos inferiores a 1 MW (se han estimado más de 73.000 millones de euros de inversión en todo el mundo, comentó García Breva).

¿Y qué tenemos en España frente a este contexto, que además nos viene exigido también por las directrices de las instituciones europeas en forma de Directivas? Un Gobierno que, profundizando lo realizado por el Ejecutivo anterior, ha creado un marco legislativo irregular y contradictorio, que persigue sobre todo penalizar las energías renovables y castigar la eficiencia energética; la subida del término fijo de potencia a principios de 2014 es sólo un botón de muestra de sus esquemas. Nuestro ministro Soria opina, además, que es mejor para empresas y ciudadanos consumir más energía.

En cambio, Alemania, Dinamarca y Reino Unido son ejemplos de países de lo que llamamos “nuestro entorno” que, con mayor o menor acierto e intensidad, se han dado cuenta de la inevitabilidad de las energías renovables para reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles y de la relevancia de incorporar la eficiencia energética y la rehabilitación como claves de bóveda del edificio económico, con planes a largo plazo que no se desvíen de sus objetivos por influencias externas, políticas o de otro signo.

De lo que se deduce que hace falta voluntad política y mentalidad empresarial en grandes dosis para emprender de verdad actuaciones que promuevan la eficiencia y la rehabilitación energética en edificios y viviendas. En un país donde la mayor preocupación es el paro, sorprende que se haga poco en este sentido cuando hasta los informes más prudentes señalan que se podrían crear hasta 150.000 empleos con las inversiones adecuadas en rehabilitación energética, tanto en el sector público de edificios como en el ámbito residencial.

¿Alguien tiene una buena razón para explicar esto? Si Morgan Stanley lo dice, es difícil al menos no prestar algo de atención.

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Acercar el mensaje de la eficiencia al ciudadano

Las encuestas son un método muy utilizado por empresas de investigación de mercados, multinacionales de productos de consumo o instituciones públicas (como el CSIC) que tratan de indagar y determinar el comportamiento de las personas en tanto ciudadanos, consumidores y sujetos electorales. Como es bien sabido, no es una ciencia exacta –sus números se suelen “cocinar”, nos dicen los expertos–, y ahora que se aproximan elecciones de todo signo se suceden numerosos sondeos que tratan de vaticinar o predecir su resultado. No hace falta citar las veces que han fallado o se han alejado de la realidad.

A pesar de ello, en este post ponemos la atención en una reciente encuesta que ha llevado a cabo la Confederación Nacional de Instaladores (CNI) y que ha mostrado unos resultados curiosos, que trastocan cualquier idea preconcebida que uno pueda tener sobre lo ineludible y necesario de invertir en eficiencia energética. Entre otras conclusiones, el sondeo revela que ¡¡el 70% de los ciudadanos preguntados!! desconoce o confunde el significado del término “eficiencia energética”; es más, se asocia este concepto sólo con el precio de la energía antes que con otros aspectos cuando se habla de ello.

Por si esto fuera poco, un sorprendente 40% respondió negativamente a la pregunta sobre si tendría interés en conocer más a fondo de qué se trata la eficiencia energética. En tiempos como los actuales, donde hasta el más común de los mortales se ha acostumbrado a apretarse el cinturón y analizar con detalle el coste de cualquier compra, choca esta aparente desidia en un ámbito que afecta el bolsillo en todos los hogares y empresas todos los meses.

En este sentido, el trabajo de CNI revela que un 96% del total de encuestados (2.400 propietarios o usuarios de inmuebles) estaría dispuesto a realizar obras de mejora o rehabilitación en su vivienda o edificio si ello representa mayor confort, ahorro y revalorización, los tres motivos básicos. Pero, al profundizar, sólo el 18% podría acometer obras sin financiación externa; de lo que se deduce que las finanzas personales sí que cuentan, y mucho, en cualquier obra de renovación o reforma. Es la clave.

Al no disponer de recursos económicos, todos estos proyectos se quedan arrumbados, o pasan a un segundo o tercer plano a la espera de mejores épocas, cuando si se acometieran con seriedad permitirían un ahorro de costes apreciable. A esto se añade que la crisis y sus efectos han traído el intrusismo y los trabajos de baja calidad a cualquier precio; de este modo, como reverso de ello, el 96% de encuestados contaba que había tenido malas experiencias al contratar algún trabajo, y de ellos el 70% responsabiliza de ello a la falta de profesionalidad de los servicios contratados. Optamos por lo más barato, olvidando el argumento de la calidad y los profesionales acreditados, y así muchas veces nos equivocamos puesto que no nos solventan el problema, y a veces nos generarán otros nuevos con gastos adicionales.

¿Cómo resolver esta ecuación e impulsar la rehabilitación y la eficiencia energética? Según Javier Cueto, presidente de CNI, “lo importante es definir claramente el mensaje a transmitir” y hacerlo de forma masiva. La aprobación de paquetes legislativos y ayudas financieras por parte de la Administración es un factor positivo, pero es preciso acercar este mensaje de eficiencia y ahorro a los ciudadanos con sencillez y claridad, para que demanden por sí mismos estas soluciones. ¿Estamos por la labor?

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Eficiencia energética, a destiempo y sin ganas

A los españoles nos cuesta bastante aplicarnos en determinadas tareas, tenemos fama entre nuestros vecinos europeos de llegar tarde a muchos trenes y, a veces, cuando los cogemos a tiempo nos bajamos antes de que alcancen la velocidad adecuada. Así, el avance de la eficiencia energética está experimentando pasos adelante y atrás: es un ámbito en el que ocupamos una más que digna posición entre las 16 economías más grandes del mundo; algo que no debe llevar a la complacencia, ya que, como Estado miembro de la Unión Europea, España tiene el compromiso ineludible de incorporar a su ordenamiento jurídico las Directivas que se promulgan desde Bruselas. Y aquí es donde desde hace unos años nos vienen sacando los colores por quedarnos a la zaga.

Siempre a última hora, y en ocasiones pasado el límite temporal estipulado (como los partidos que se acaban decidiendo en la prórroga), nuestro país siempre apura los plazos. Así, el Gobierno presentó in extremis, sin ganas, a la Comisión Europea el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, que abarca un programa de rehabilitación energética de edificios; la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE terminó su periodo de transposición a la legislación nacional el día 5 del pasado mes de junio, y al día siguiente el Consejo de Ministros aprueba la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), cuya cuantía y objetivos ya se han calificado como de decepcionantes y escasos, dado el estado del parque inmobiliario (cerca del 60% de los más de 25 millones de viviendas tienen más de 30 años). Una política más ambiciosa e integral en este campo sería beneficiosa por los ahorros y por su capacidad de crear empleo estable y de calidad; algo que se ha intentado paliar con el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, aprobado el viernes 18 de julio.

Esto es, el Gobierno de la nación se demora en diversos aspectos importantes y le cuesta ponerse al día con los deberes que marca la normativa europea en cuanto a eficiencia energética e implantación de energías renovables, tema este último de largo alcance, ya que la regulación ha ido claramente en contra de este sector. Todo ello sorprendente si se piensa que nuestra dependencia energética exterior se halla cerca del 80%.

A esto se puede añadir que la eficiencia energética quedó fuera de las prioridades cuando se decidió en febrero de este año subir el término fijo de potencia en la factura de la luz, con lo que se desincentivan las medidas de eficiencia que se puedan tomar en los hogares. Importa más el déficit de tarifa.

Ha comenzado pues el verano y, para alegrarnos el estío, el 1 de julio finalizaba el plazo que tenían las comercializadoras eléctricas para adaptar sus sistemas de facturación de acuerdo con el nuevo cálculo de los Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (PVPC), por la gracia del ministerio que dirige José Manuel Soria.

Aunque las eléctricas están devolviendo el dinero facturado de más en el primer tramo del año, los consumidores se encuentran ahora en cierto estado de confusión, e incluso de vulnerabilidad. Según se ha publicado en distintos medios, las denuncias a las eléctricas han aumentado sustancialmente en el primer semestre de este año (son las más numerosas tras las operadores de telecomunicaciones y la banca), debido sobre todo a las quejas de fraudes y abusos en las ofertas del mercado libre que se producen con campañas engañosas y búsqueda de clientes casa por casa –vamos, lo que se ha llamado siempre “venta a puerta fría”–.

En suma, desconfíe usted si además vienen a ofrecerle el mejor precio de la electricidad a la puerta de su casa. Eso es que algo no funciona.

Lo que sí creo que funciona en esta época calurosa es un buen rato de lectura. Y como este es el último post antes de las vacaciones, me permito hacerles una recomendación en este sentido: John Banville, escritor irlandés que ha sido merecedor del Premio Príncipe Asturias de las Letras 2014; si no han leído ningún libro suyo, prueben con obras como El mar o Antigua luz, o alguna de las que ha escrito bajo el seudónimo de Benjamin Black, como El secreto de Christine o El otro nombre de Laura. El que suscribe, al menos, ha disfrutado enormemente. ¡Feliz verano!

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Mamá, quiero ser danés

No es que yo sea particularmente aficionado a los cuentos de Hans Christian Andersen, aunque en mi niñez –como muchos infantes de varias generaciones– leí o me leyeron historias como “El soldadito de plomo” o “El patito feo”. Tampoco es que sea un fiel seguidor de las consignas del movimiento cinematográfico Dogma, cuyo máximo exponente es el polémico Lars von Trier, aunque reconozco que películas como “Bailando en la oscuridad”, o “Celebración”, de Thomas Vinterberg, encierran imágenes poderosas e historias impactantes. Ni siquiera quiero mostrar aquí mi admiración por una sociedad como la danesa, más igualitaria y con un sistema educativo más eficaz y estable que el español.

No, en este post quiero dejar constancia de mi sana envidia por Dinamarca porque es un ejemplo a seguir por un sueño lejano para nuestra economía: contar con una política energética que mire al largo plazo, que integre a las energías renovables como un elemento fundamental en el mix –y no las penalice– y que se desvincule de los combustibles fósiles. España es una muestra palmaria de todo lo contrario, a tenor de las decisiones llevadas a cabo por el actual Gobierno de Rajoy y también en la etapa final de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero.

Esta breve historia se inicia en 1973, con el estallido de la crisis del petróleo desencadenada por los mandamases de la OPEP y que incrementó de forma brutal el precio del barril de crudo. Los daneses, tal como explicó Mikkel Larsen, agregado de Comunicación de la Embajada de Dinamarca en España en un reciente acto en Madrid, organizado por La Oficina de Javier García Breva, se dieron cuenta, como en muchos otros países, que la energía no era un bien abundante y barato (en los años 70 su dependencia energética era muy elevada), y se empezaron a acostumbrar a las restricciones en el suministro eléctrico e incluso al apagado del alumbrado público en determinadas franjas horarias con el fin de ahorrar electricidad, entre otras cosas.

El país decidió entonces acometer varios planes dentro de una verdadera política energética orientada al futuro que se planteara como objetivo fundamental la reducción de la dependencia energética y disminuir la intensidad energética de su economía. Con algunos vaivenes, esta apuesta se ha convertido en una historia de éxito a día de hoy: a pesar de disponer de reservas de petróleo en el Mar del Norte, Dinamarca es un Estado que apuesta por medidas de eficiencia energética a todos los niveles y donde la generación de energía a partir de fuentes renovables crece de forma imparable; su objetivo es que en el año 2020 más del 35% de su consumo energético final proceda de renovables y que el 70% del consumo eléctrico se derive de energías limpias, y sus planes se están cumpliendo y han establecido metas más elevadas para 2030.

Es más, el país escandinavo ha conseguido desvincular su crecimiento económico de las emisiones de CO2; es decir, en el periodo 1990-2010, mientras su PIB aumentaba cerca de un 40%, las emisiones de gases de efecto invernadero se rebajaban más de un 20%. Además, el programa promovido por el anterior gobierno conservador no sólo no ha sido cancelado por el ejecutivo socialdemócrata que ganó las elecciones en octubre de 2011, sino que se ha ampliado con objetivos más ambiciosos, en lo que se considera una auténtica “política de Estado”, y no el juego de intereses cruzados y de debates vacíos de contenido que se desarrollan en España. Los daneses son conscientes de que cada euro invertido en importar petróleo o gas es un dinero que se va del país, y que cada euro que se ahorra en energía o que se invierte en renovables se queda en el país.

Como es lógico, quizás la experiencia de Dinamarca no sea extrapolable a España en su globalidad, por las particularidades de cada sociedad y economía, pero sí se pueden extraer ejemplos para aplicar en nuestro país, que si de algo carece en su política energética es de un enfoque integral y de una planificación basada en el largo plazo, que no dependa además del color político del partido en el poder o de compañías privadas, cuyos intereses son legítimos pero que, a veces, no concuerdan con los de la sociedad.

PD: Gracias a Mikkel Larsen por la claridad y amenidad de su exposición, que ha inspirado este post.

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Desandar el camino de la eficiencia

Empezamos con ilusión y elevadas dosis de cautela un año nuevo que, según los vaticinios de los gurús y analistas más proclives a las tesis oficiales, será un ejercicio con creación de empleo neto y mejora en los parámetros macroeconómicos. En el sector eléctrico, 2013 se despidió con el episodio bochornoso de la subida del precio de la luz en la subasta eléctrica del 19 de diciembre (un 11%), que se saldó finalmente con su anulación por parte del Gobierno, que fijó el aumento de la tarifa eléctrica en un 2,3%, dejando un rastro sospechoso de irregularidades, si bien la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) dictaminó en un informe la semana pasada que no hubo ninguna manipulación de precios en la subasta CESUR. ¡Doctores tiene la Iglesia!

Además, el pasado 27 de diciembre se publicaba en el BOE la Ley del Sector Eléctrico, que contempla un mecanismo automático de incremento de peajes (costes regulados) del recibo de la luz cuando se produzca un desajuste entre ingresos y costes del sistema, con el objetivo fundamental de suprimir el déficit tarifario, que actualmente supera los 26.000 millones de euros; esta norma también establece la sustitución de la Tarifa de Último Recurso (TUR) por el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), como el precio máximo de referencia al que podrán contratar los consumidores de menos de 10 kW de potencia contratada.

La ley, objeto de numerosos dardos, es un paso más en el camino de errores regulatorios, no satisface a casi nadie, penaliza las tecnologías de autoconsumo y no termina de solventar el desequilibrio de la formación de precios y de fomentar un desarrollo ordenado del mix energético nacional, ya que la dependencia energética se cifra en torno al 80% (España desembolsó 45.500 millones de euros en 2012 por la importación de combustibles fósiles, como ha desvelado APPA, la Asociación de Productores de Energías Renovables).

Por otro lado, el Parlamento Europeo aprobó a principios de enero los nuevos objetivos de reducción de un 40% de las emisiones de CO2, un 30% de generación renovable y un 40% de ahorro de energía para el año 2030, propuesta apoyada por varios países, como Alemania, Francia, Italia o Portugal, pero de la que se desmarcó el Gobierno español, poniendo en evidencia la postura institucional, que se aleja de la tendencia de futuro de caminar hacia una economía que estimule las renovables, menos contaminantes, y promueva el ahorro y la eficiencia energética como un elemento clave.

De este modo, se puede comprobar cómo un discurso engolado, que habla de mejorar la competitividad de las empresas, haciendo hincapié en el factor salarios, se queda en puro humo cuando se trata de rebajar los costes energéticos y apostar por un futuro que se desvincule de los combustibles fósiles, impulsando sectores que son generadores de empleo, y que se ponga al lado de las economías más potentes. El Gobierno, a contracorriente, y andando hacia atrás en este campo.

Veremos qué nos depara pues este 2014, aunque muchos nos tememos que consumidores y empresas acabaremos pagando, vía factura de la luz, los desaguisados, desaciertos y déficits, de tarifa o de cualquier otra índole, que cometa la Administración o los operadores dominantes. ¡Que se cumplan sus deseos y objetivos este año!

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