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Noticias ‘eléctricas’ que desazonan

Tras un comienzo suave del otoño, los primeros fríos ya han llegado y renacen viejos problemas, que en algunos casos se convierten en auténticos dramas. La pobreza energética, una expresión nueva para definir un concepto antiguo, vuelve a resurgir: el pasado lunes 14 de noviembre moría en Reus (Tarragona) una mujer de 81 años en un incendio provocado por unas velas que utilizaba porque le habían cortado la luz. El ayuntamiento de esta localidad y la compañía suministradora, Gas Natural Fenosa, se han culpado mutuamente de este trágico suceso y se han sucedido las declaraciones en los medios de comunicación sacudiéndose el problema de encima.

Hay que recordar, como han publicado diarios como InfoLibre, que los cuerpos de bomberos de Barcelona, Badalona y Cornellá de Llobregat denunciaron en 2015 que el 70% de los accidentes relacionados con incendios en viviendas se producían a causa de la pobreza energética; la gente llega a emplear todo tipo de medios rudimentarios para calentarse cuando se le ha cortado el suministro eléctrico. Información bastante inquietante. Notorio es, además, que los precios de electricidad y gas aumentaron entre 2008 y 2014 un 73% y un 67%, respectivamente.

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Picaresca eléctrica de alto nivel

El mes de agosto es proclive a la difusión de noticias extravagantes; la ausencia de informaciones políticas –los diputados y otros próceres, oh gracias, también cogen vacaciones–, que suelen llenar buena parte de los periódicos y telediarios el resto del año, lleva a las parrillas de la televisión, radio y mesas de redacción sucesos de lo más variopinto en las semanas tradicionalmente destinadas al reposo estival.

En este flujo informativo más orientado a la frivolidad y a los fichajes de los ases del balompié, nos sorprendía allá por los primeros días de agosto la noticia que revelaba que urbanizaciones acomodadas y empresas de distintos sectores (por ejemplo, hoteles) son los principales estafadores para la compañías eléctricas; vamos, que roban la electricidad o se dedican a manipular contadores, en lenguaje más simple.

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Europa nos gusta, pero nos quiere sancionar

El discurso oficial del Gobierno español siempre está alineado con las tesis de las instituciones europeas, es el tono habitual de las intervenciones públicas de ministros y otros representantes políticos; somos un socio comprometido que suscribe y apoya hasta las medidas más ingratas que provienen de la Unión Europea, club al que pertenecemos y en el que tratamos de incardinar muchas de nuestras políticas, como no podía ser de otra manera.

Sin embargo, esta versión oficial ofrece un reverso sombrío y no tan pro europeo ya que España es un país huidizo y remolón cuando se trata de cumplir determinadas Directivas comunitarias que, con toda seguridad, nos haría crecer en competitividad entre los países de nuestro entorno, pero que los gobernantes patrios, de distinto signo político, han creído innecesario encajar en el ordenamiento jurídico español. En un hipotético ránking de áreas especialmente inmunes a dejarse empapar por las tendencias de la UE, hay dos claramente líderes: el sector energético y el ámbito de los plazos de pago. De hecho, España ha recibido recientemente varios varapalos en este sentido por parte de los organismos de Bruselas, que ponen en entredicho este ‘compromiso’ europeo. Veamos cuáles.

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Contabilidad creativa en la reforma energética

“No dejes que la realidad te estropee un buen titular” es una máxima que se atribuye al magnate de la prensa norteamericana William R. Hearst, cuya vida sirvió de inspiración para el inolvidable clásico del cine ‘Ciudadano Kane’, de Orson Welles. Salvando las distancias, de todo tipo, el Gobierno de la nación parece haber comprendido, en esta línea de actuación, que su diseño de la reforma energética no podía ser modificado o ajustado por cuestiones molestas de la realidad: el objetivo inamovible era reducir el déficit de tarifa causado por “unas energías renovables costosas”, cuyas subvenciones suponían un lastre para el sector eléctrico, siendo culpables también del incremento de la factura eléctrica. Esta era la trama del argumento.

Con este objetivo, el Gobierno del PP emprendió desde el inicio de su legislatura una prolongada batalla contra las energías renovables, que intensificaba las acciones tomadas por el anterior Ejecutivo. En esta estrategia, el ministro Soria refirió en septiembre de 2013 que se había contratado a dos consultoras, Roland Berger y Boston Consulting Group, para la elaboración de sendos estudios que establecieran una retribución razonable para las energías renovables, base técnica que serviría para acometer unos recortes de unos 3.000 millones de euros en el sector.

Y hete aquí que, ahora, a instancias del Tribunal Supremo, que ha actuado a partir de las reclamaciones interpuestas por diversas asociaciones como APPA o Anpier, el Ejecutivo revela por fin que esos dos informes no existen; o mejor dicho, uno no ha sido entregado todavía por Boston Consulting y el otro es tres meses posterior a que el recorte se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La pregunta que se hacen expertos y asociaciones sectoriales es de dónde salió el complejo entramado de cifras y cálculos que consignó el Gobierno en la orden ministerial –quince páginas y más de 1.700 anexos– para justificar el tijeretazo a las energías alternativas; ¿fueron creados ad hoc?, ¿se trata de contabilidad creativa? La trama del argumento se vuelve turbia.

El Ministerio de Industria esgrimió el uso de estos informes, que ahora se comprueba que no fueron utilizados, como una justificación técnica y económica, una pantalla para llevar a cabo el plan preconcebido: el recorte al sector de las renovables. Un asunto que ha sido pasto de múltiples polémicas, con un hecho incontestable: el régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) ha soportado el mayor peso del ajuste del sector, al tiempo que los datos de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) señalan que sólo ha supuesto realmente una quinta parte del déficit de tarifa acumulado, como afirmaba UNEF en un reciente comunicado.

Otros componentes son pues la parte del león de ese déficit de tarifa, que no termina de atajarse y que puede verse comprometido si las demandas interpuestas por inversores internacionales y entidades españolas ante el CIADI, organismo de arbitraje internacional, progresan y se falla contra la regulación aprobada por el Gobierno español. Además, como estamos en año de elecciones, muchos de estos datos y resultados verán la luz…, cuando se hayan celebrado los comicios, claro.

Como guinda, la Comisión Europea ha asegurado recientemente que el incremento del término fijo del recibo de la luz aplicado desde comienzos de 2014 y la reducción de la parte variable va en contra de algunas directivas europeas y, por tanto, actuará en consecuencia contra el Gobierno de España. Por si faltara poco, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido de forma reiterada que no se imponga el “peaje de respaldo” a la producción de energía para el autoconsumo energético, que considera una medida carente de justificación. Sin comentarios.

¡¡Feliz San Patricio a irlandeses y a los que se unan a esta fiesta!!

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Desandar el camino de la eficiencia

Empezamos con ilusión y elevadas dosis de cautela un año nuevo que, según los vaticinios de los gurús y analistas más proclives a las tesis oficiales, será un ejercicio con creación de empleo neto y mejora en los parámetros macroeconómicos. En el sector eléctrico, 2013 se despidió con el episodio bochornoso de la subida del precio de la luz en la subasta eléctrica del 19 de diciembre (un 11%), que se saldó finalmente con su anulación por parte del Gobierno, que fijó el aumento de la tarifa eléctrica en un 2,3%, dejando un rastro sospechoso de irregularidades, si bien la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) dictaminó en un informe la semana pasada que no hubo ninguna manipulación de precios en la subasta CESUR. ¡Doctores tiene la Iglesia!

Además, el pasado 27 de diciembre se publicaba en el BOE la Ley del Sector Eléctrico, que contempla un mecanismo automático de incremento de peajes (costes regulados) del recibo de la luz cuando se produzca un desajuste entre ingresos y costes del sistema, con el objetivo fundamental de suprimir el déficit tarifario, que actualmente supera los 26.000 millones de euros; esta norma también establece la sustitución de la Tarifa de Último Recurso (TUR) por el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), como el precio máximo de referencia al que podrán contratar los consumidores de menos de 10 kW de potencia contratada.

La ley, objeto de numerosos dardos, es un paso más en el camino de errores regulatorios, no satisface a casi nadie, penaliza las tecnologías de autoconsumo y no termina de solventar el desequilibrio de la formación de precios y de fomentar un desarrollo ordenado del mix energético nacional, ya que la dependencia energética se cifra en torno al 80% (España desembolsó 45.500 millones de euros en 2012 por la importación de combustibles fósiles, como ha desvelado APPA, la Asociación de Productores de Energías Renovables).

Por otro lado, el Parlamento Europeo aprobó a principios de enero los nuevos objetivos de reducción de un 40% de las emisiones de CO2, un 30% de generación renovable y un 40% de ahorro de energía para el año 2030, propuesta apoyada por varios países, como Alemania, Francia, Italia o Portugal, pero de la que se desmarcó el Gobierno español, poniendo en evidencia la postura institucional, que se aleja de la tendencia de futuro de caminar hacia una economía que estimule las renovables, menos contaminantes, y promueva el ahorro y la eficiencia energética como un elemento clave.

De este modo, se puede comprobar cómo un discurso engolado, que habla de mejorar la competitividad de las empresas, haciendo hincapié en el factor salarios, se queda en puro humo cuando se trata de rebajar los costes energéticos y apostar por un futuro que se desvincule de los combustibles fósiles, impulsando sectores que son generadores de empleo, y que se ponga al lado de las economías más potentes. El Gobierno, a contracorriente, y andando hacia atrás en este campo.

Veremos qué nos depara pues este 2014, aunque muchos nos tememos que consumidores y empresas acabaremos pagando, vía factura de la luz, los desaguisados, desaciertos y déficits, de tarifa o de cualquier otra índole, que cometa la Administración o los operadores dominantes. ¡Que se cumplan sus deseos y objetivos este año!

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