La próxima batalla se librará en el hogar

A nadie extraña hoy en día que un vehículo turismo esté equipado con adelantos técnicos que hasta hace unos pocos años eran impensables: control de velocidad, climatización personalizada, conexión bluetooth, control de presión de neumáticos, asistente para aparcar con cámara 360º, distribución electrónica de frenado, aviso de cambio de carril, detector de ángulo muerto o detector de fatigas, por mencionar sólo algunos.  Sin embargo, en comparación con esto, una vivienda convencional dista mucho de incorporar este grado de tecnología.

Lo que se vislumbra con ello es que el hogar se convertirá en poco tiempo en el escenario de batalla de numerosos actores, algunos muy poderosos, para llevar diferentes opciones de automatización y avances tecnológicos al entorno residencial, en la senda de alcanzar lo que sería, en mayor o menor medida, una casa inteligente u hogar conectado (el tan manido smart home); un mercado que se estima que alcanzará los 6.000 millones de euros en los próximos cuatro años en Europa, según algunos expertos. De hecho, de las más de 25 millones de viviendas que existen en España se antoja muy escaso el número de aquellas que podrían ser consideradas como casas inteligentes, a pesar de que el uso de los smartphones y las apps correspondientes para aplicaciones de control se haya generalizado hasta cotas elevadísimas, aspecto que debería contribuir a esta tendencia, y que se está extendiendo también con la implantación de contadores inteligentes.

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Tendencia nacional a la consuetudinaria chapuza

En estas semanas tras las elecciones del 20-D, prácticamente cada día se nos regala un giro inesperado en esta suerte de competición por alumbrar a la coalición política que liderará los destinos de España en los próximos cuatro años. Los ciudadanos observamos, entre resignados e indignados, a veces incluso atónitos, las declaraciones, exabruptos y descalificaciones que se dedican unos políticos que, se supone, quieren buscar alianzas y consensos. Será por aquello de “amores reñidos, amores queridos”.

Lo que la gran mayoría desea es que este proceso, si es que se puede calificar así, no desemboque en chapuza, un logro al que nunca renunciamos en nuestro país y que parece nuestra contribución al acervo occidental; algunos lo llaman capacidad de improvisación. Viene esto a cuento porque, como ya es casi costumbre y denuncian varias asociaciones sectoriales, España lleva un retraso de más de 18 meses en la transposición de la Directiva de 2012/27/EU de Eficiencia Energética, uno de cuyos puntos más importantes es todo lo referente a la realización de auditorías energéticas. Precisamente, el pasado 5 de diciembre de 2015 cumplía el plazo para que las empresas no pymes (más de 250 trabajadores y una facturación superior a 50 millones de euros) hubieran realizado una auditoría energética o tuvieran implantado un Sistema de Gestión Energética (véase el reportaje en el último número de Cuadernos de Material Eléctrico).

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Precariedad y esclavos multidisciplinares

Nos hallamos en pleno fragor de la campaña política más competida de los últimos años, en la que los candidatos copan de forma abrumadora, casi hasta el hartazgo, programas de televisión, artículos en prensa, bloques radiofónicos y espacios en Internet. Muchas de las voces que hemos escuchado han hecho hincapié en la precariedad que predomina las relaciones económicas y laborales desde el inicio de la recesión: ya saben, para miles de españoles los sueldos se encogen de forma directamente proporcional al compromiso que se les exige y a las horas que trabajan.

En este sentido, en la primera de las Mesas Sectoriales de Matelec organizada por Cuadernos de Material Eléctrico el pasado 1 de diciembre en Valencia, salió a relucir también otra cara de esa precariedad que los profesionales de la instalación llevan padeciendo en los últimos años, una fragilidad derivada del papel casi omnímodo que ha ejercicio el constructor, que imponía su ley implacable: la rebaja constante de costes llevada hasta el límite, en los materiales de construcción, los equipamientos, la mano de obra… En ese objetivo no se han atendido de forma adecuada otros criterios importantes, sobre todo la eficiencia energética de la edificación y de sus instalaciones.

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El ministro Soria, director del “Circo del Sol”

Este fue uno de los apelativos “cariñosos” que recibió José Manuel Soria, ministro de Industria en el pasado Congreso de FENIE, celebrado a finales de octubre en Ávila y del que hablábamos en el último post, en referencia sobre todo al Real Decreto sobre el autoconsumo impulsado por su ministerio, regulación que en ese mismo foro fue calificada amablemente como “chapuza”, “norma inútil” o “anécdota”. Traigo a colación de nuevo el autoconsumo fotovoltaico porque es un asunto reiterado hasta el empacho en estas últimas semanas dado que es un ejemplo extremo de las contradicciones de la política energética, si es que se puede llamar política a una sucesión de normas que van en contra e incluso incumplen las Directivas Europeas en muchos de sus aspectos. Parece que la ley es sagrada según para qué cosas y que el ministro dirige un circo, en la acepción de ‘confusión’ o ‘desorden’ según la RAE.

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Congreso de FENIE, unanimidad contra el decreto de autoconsumo

Tras la celebración del XVII Congreso de FENIE (Federación Nacional de empresarios instaladores) en Ávila la semana pasada, resuenan todavía en medios y redes sociales ecos de las ponencias, coloquios y opiniones que se sucedieron en este evento a lo largo de los días 22 y 23 de octubre. Lastres como el intrusismo y la morosidad se mantienen como preocupaciones de primer nivel entre el colectivo, ante la dejación de funciones de las distintas Administraciones Públicas, que sólo ponen el ojo fiscalizador en las empresas cumplidoras.

En este sentido, arreciaron también, y con toda la razón del mundo, las críticas y reproches ante la regulación aprobada por el Gobierno del PP, en especial en el ámbito del autoconsumo fotovoltaico y, en menor medida, aunque también, en el de las infraestructuras de carga del vehículo eléctrico, con la norma ITC-BT 52. En el primer caso, calificativos como “irracional”, “anomalía histórica” o “inútil” sirvieron para describir la

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Factura eléctrica por horas, un tejemaneje de cuidado

El pasado 1 de octubre entró en vigor la nueva tarifa eléctrica por horas, una invención sin duda creativa, cuando menos peculiar, del actual Gobierno, que forma parte del paquete de medidas de la reforma eléctrica que, se suponía, iba a conseguir abaratar el precio de la energía eléctrica en un país, España, que es el cuarto de Europa donde la electricidad es más cara. No obstante, este sistema presenta numerosos inconvenientes y ofrece dudas razonables a cualquier persona sensata.

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Picaresca eléctrica de alto nivel

El mes de agosto es proclive a la difusión de noticias extravagantes; la ausencia de informaciones políticas –los diputados y otros próceres, oh gracias, también cogen vacaciones–, que suelen llenar buena parte de los periódicos y telediarios el resto del año, lleva a las parrillas de la televisión, radio y mesas de redacción sucesos de lo más variopinto en las semanas tradicionalmente destinadas al reposo estival.

En este flujo informativo más orientado a la frivolidad y a los fichajes de los ases del balompié, nos sorprendía allá por los primeros días de agosto la noticia que revelaba que urbanizaciones acomodadas y empresas de distintos sectores (por ejemplo, hoteles) son los principales estafadores para la compañías eléctricas; vamos, que roban la electricidad o se dedican a manipular contadores, en lenguaje más simple.

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Europa nos gusta, pero nos quiere sancionar

El discurso oficial del Gobierno español siempre está alineado con las tesis de las instituciones europeas, es el tono habitual de las intervenciones públicas de ministros y otros representantes políticos; somos un socio comprometido que suscribe y apoya hasta las medidas más ingratas que provienen de la Unión Europea, club al que pertenecemos y en el que tratamos de incardinar muchas de nuestras políticas, como no podía ser de otra manera.

Sin embargo, esta versión oficial ofrece un reverso sombrío y no tan pro europeo ya que España es un país huidizo y remolón cuando se trata de cumplir determinadas Directivas comunitarias que, con toda seguridad, nos haría crecer en competitividad entre los países de nuestro entorno, pero que los gobernantes patrios, de distinto signo político, han creído innecesario encajar en el ordenamiento jurídico español. En un hipotético ránking de áreas especialmente inmunes a dejarse empapar por las tendencias de la UE, hay dos claramente líderes: el sector energético y el ámbito de los plazos de pago. De hecho, España ha recibido recientemente varios varapalos en este sentido por parte de los organismos de Bruselas, que ponen en entredicho este ‘compromiso’ europeo. Veamos cuáles.

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¿Cambiar de apellido cambia al profesional?

Hoy en día los términos ‘electricista’ o ‘antenista’, por nombrar algunas de las denominaciones de los instaladores especializados en una u otra materia, se han quedado obsoletos porque son reduccionistas y limitan las tareas que desarrollan. El profesional de la instalación del siglo XXI, que ha atravesado los azarosos años de la crisis –económica, de la construcción, financiera…–, se está transformado en un nuevo perfil profesional, aspecto que ya hemos tratado en este blog.

Este nuevo perfil responde a todas las mutaciones que se están viviendo en el sector eléctrico, y campos auxiliares, donde han surgido nuevos modelos de consumo y que está dando paso a un mercado más complejo que abre posibilidades para todo tipo de organizaciones. En este proceso las empresas instaladoras, sobre todo de tamaño medio, son las que más han sufrido en este periodo de recesión, originando a partir de su desaparición micropymes que están luchando por sobrevivir.

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Distribución y fabricantes, condenados a entenderse

En la reciente mesa redonda organizada por la revista Cuadernos de Material Eléctrico, una de las quejas planteadas por los distribuidores se centraba en lo que se ha llamado ‘ventas pilotadas’, actuaciones donde el papel protagonista y guía era tomado por el fabricante y se dejaba al mayorista en mero comparsa; por extensión de este tipo de fenómenos se hablaba de la competencia que ejerce el propio fabricante sobre la distribución, sobre todo –así sucedía tradicionalmente– cuando se trataba de proyectos muy apetitosos en el plano económico o atractivos por la tipología del cliente o por la proyección pública.

Los representantes del canal de la distribución siempre han recelado de estas prácticas, ya que las entendían como una traición de la confianza que llevaban a cabo los proveedores, una intromisión en su terreno de juego habitual. La crudeza de la crisis y la feroz competencia por no perder cuota de mercado hizo que esta clase de métodos proliferaran más de la cuenta, si bien hay que hacer constar que la mayoría de las marcas de primer nivel han tratado siempre, o casi siempre, de acompañar al distribuidor aportando soporte y ayuda sin suplantar su labor. Se ha dado el caso incluso de fabricantes que cerraban el precio de determinadas obras o trabajos, o tutelaban de tal modo el cierre de un contrato que, posteriormente, se dejaba poco margen para la actuación de los distribuidores.

Un ejemplo de cómo el fabricante accede directamente al cliente final se ha dado en el gran proyecto de renovación del alumbrado público de Madrid (225.000 puntos de luz), que se ha otorgado a través de un modelo ESE (Empresas de Servicios Energéticos) por concurso público, donde han concurrido grandes contratistas como ACS, Ferrovial Servicios, FCC e Indra, entre otras grandes corporaciones. Philips ha sido el fabricante que se ha llevado el gato al agua, y que, mediante una política institucional acertada y su potente imagen de marca, ha gestionado directamente este contrato, dejando a la distribución en un papel menor y limitado.

No obstante, ambos actores de la cadena de  valor se necesitan mutuamente: el distribuidor requiere de equipos y tecnologías que permitan cubrir las necesidades de sus clientes en distintos sectores, mientras que el fabricante precisa de la capilaridad, la gestión logística y el soporte técnico y de formación que, entre otras cosas, proporciona el distribuidor para hacer llegar estas soluciones a todo el mercado, desde el cliente más grande, como un contratista, compañía eléctrica o la Administración Pública, hasta el cliente de menor tamaño, como el pequeño instalador o autónomo que atiende a un particular.

Con un cierto sentido de autocrítica, algunos distribuidores comentaron que la culpa en parte de estas situaciones recaía en el propio distribuidor, que no ha sabido trasladar su valor añadido al cliente, ni tampoco –en algunos casos– al proveedor con el que colabora.

Como ocurre en cualquier vínculo comercial, en las relaciones fabricante-distribuidor siempre habrá tensiones y forcejeos, pero no debería olvidarse que existe una comunidad de objetivos e intereses. Creo que ya avanzado el siglo XXI es tiempo de colaboraciones, más que de competencias sin control. Como señalaron varios directivos en la citada mesa, un diálogo sincero y honesto entre los dos actores es el mejor instrumento para limar estas fricciones y hacer que ambos salgan ganando, en eso que los anglosajones han bautizado de forma un poco pomposa como win-to-win. Ambos están condenados a entenderse.

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