CategoríaTarifa de Último Recurso (TUR)

Desandar el camino de la eficiencia

Empezamos con ilusión y elevadas dosis de cautela un año nuevo que, según los vaticinios de los gurús y analistas más proclives a las tesis oficiales, será un ejercicio con creación de empleo neto y mejora en los parámetros macroeconómicos. En el sector eléctrico, 2013 se despidió con el episodio bochornoso de la subida del precio de la luz en la subasta eléctrica del 19 de diciembre (un 11%), que se saldó finalmente con su anulación por parte del Gobierno, que fijó el aumento de la tarifa eléctrica en un 2,3%, dejando un rastro sospechoso de irregularidades, si bien la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) dictaminó en un informe la semana pasada que no hubo ninguna manipulación de precios en la subasta CESUR. ¡Doctores tiene la Iglesia!

Además, el pasado 27 de diciembre se publicaba en el BOE la Ley del Sector Eléctrico, que contempla un mecanismo automático de incremento de peajes (costes regulados) del recibo de la luz cuando se produzca un desajuste entre ingresos y costes del sistema, con el objetivo fundamental de suprimir el déficit tarifario, que actualmente supera los 26.000 millones de euros; esta norma también establece la sustitución de la Tarifa de Último Recurso (TUR) por el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), como el precio máximo de referencia al que podrán contratar los consumidores de menos de 10 kW de potencia contratada.

La ley, objeto de numerosos dardos, es un paso más en el camino de errores regulatorios, no satisface a casi nadie, penaliza las tecnologías de autoconsumo y no termina de solventar el desequilibrio de la formación de precios y de fomentar un desarrollo ordenado del mix energético nacional, ya que la dependencia energética se cifra en torno al 80% (España desembolsó 45.500 millones de euros en 2012 por la importación de combustibles fósiles, como ha desvelado APPA, la Asociación de Productores de Energías Renovables).

Por otro lado, el Parlamento Europeo aprobó a principios de enero los nuevos objetivos de reducción de un 40% de las emisiones de CO2, un 30% de generación renovable y un 40% de ahorro de energía para el año 2030, propuesta apoyada por varios países, como Alemania, Francia, Italia o Portugal, pero de la que se desmarcó el Gobierno español, poniendo en evidencia la postura institucional, que se aleja de la tendencia de futuro de caminar hacia una economía que estimule las renovables, menos contaminantes, y promueva el ahorro y la eficiencia energética como un elemento clave.

De este modo, se puede comprobar cómo un discurso engolado, que habla de mejorar la competitividad de las empresas, haciendo hincapié en el factor salarios, se queda en puro humo cuando se trata de rebajar los costes energéticos y apostar por un futuro que se desvincule de los combustibles fósiles, impulsando sectores que son generadores de empleo, y que se ponga al lado de las economías más potentes. El Gobierno, a contracorriente, y andando hacia atrás en este campo.

Veremos qué nos depara pues este 2014, aunque muchos nos tememos que consumidores y empresas acabaremos pagando, vía factura de la luz, los desaguisados, desaciertos y déficits, de tarifa o de cualquier otra índole, que cometa la Administración o los operadores dominantes. ¡Que se cumplan sus deseos y objetivos este año!

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Una reforma energética insuficiente

Casi como sucede con las revisiones del sistema educativo, las reformas del sistema eléctrico se suceden con el paso de los años y no se termina nunca de conformar una regulación eficaz que mire al largo plazo y que trabaje por la eficiencia del sector. Demasiados intereses contrapuestos, bastante desconocimiento y mucha hipocresía. Así, el pasado viernes 12 el Gobierno aprobó un paquete de medidas que, a la luz de los primeros análisis, no convence a nadie y, al decir de muchos, incorpora nuevos parches para diversos problemas, pero sin abordarlos desde una perspectiva integral y sostenible.

La primera consecuencia de este nueva reforma ­–¡como no podía ser de otra manera! – es la subida del recibo de la luz para el consumidor, un 3,2%, que se suma a las aplicadas en los últimos años: entre 2003 y 2011 la factura para el usuario doméstico ha aumentado un 63%, lo que convierte a España en el país más caro de la UE, únicamente por debajo de Chipre e Irlanda, según datos de Eurostat. Lo primero que se percibe, por tanto, es que el sufrido ciudadano sigue pagando la cuenta de los errores de otros. Pero no sólo en el ámbito doméstico, el consumidor industrial también paga más cara la electricidad en nuestro país (aparte de estados tan dispares como Malta, Chipre, Lituania o Eslovaquia, sólo Reino Unido, Irlanda e Italia nos superan entre los países de nuestro entorno), lo que repercute directa y negativamente en la competitividad de las empresas españolas.

A pesar de lo anterior, el Gobierno dice buscar con esta reforma garantizar el suministro al consumidor al menor coste posible y de la forma más transparente (no sabemos todavía cómo, ya que la factura de la luz es precisamente uno de esos documentos que parecen escritos en lenguaje críptico). Asimismo, otra novedad del paquete de medidas aprobado es que la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se acogen la gran mayoría de los usuarios domésticos, pasa ahora a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor.

La reforma gubernamental introduce, aparte del cambio de nombre, la penalización de las segundas viviendas y las viviendas vacías, cobrando más caro el término fijo de potencia. Esto conlleva que este tipo de instalaciones van a pagar más, aunque no haya consumo, de tal forma que, además, se beneficia a los usuarios que tienen un alto consumo, abandonando toda idea de eficiencia y racionalización del gasto energético.

Así las cosas, con esta nueva regulación, el Gobierno –al que hay que agradecer, al menos, el afrontar sin tapujos el problema del déficit de tarifa – ha generado el descontento tanto de las compañías eléctricas, que se consideran perjudicadas, como de los productores de energías renovables, que vuelven a sentirse castigados por unos nuevos recortes en las primas, que implican también más incertidumbre jurídica. Con ello se vislumbra que han predominado en esta reforma, sobre todo, los criterios economicistas, con la intención de parchear la sangría financiera del citado déficit de tarifa (4.500 millones de euros anuales), antes que otras motivaciones más orientadas a la sostenibilidad y a reducir la dependencia energética. Montoro gana la partida.

Coincidimos con unas declaraciones de José Ignacio Pérez Arriaga, director de la cátedra BP de energía de la Escuela Superior de Ingeniería ICAI, que afirmaba que la política energética gubernamental se define por “improvisación, inseguridad jurídica y falta de transparencia”. Se admiten más calificativos.

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