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Factura eléctrica por horas, un tejemaneje de cuidado

El pasado 1 de octubre entró en vigor la nueva tarifa eléctrica por horas, una invención sin duda creativa, cuando menos peculiar, del actual Gobierno, que forma parte del paquete de medidas de la reforma eléctrica que, se suponía, iba a conseguir abaratar el precio de la energía eléctrica en un país, España, que es el cuarto de Europa donde la electricidad es más cara. No obstante, este sistema presenta numerosos inconvenientes y ofrece dudas razonables a cualquier persona sensata.

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Contabilidad creativa en la reforma energética

“No dejes que la realidad te estropee un buen titular” es una máxima que se atribuye al magnate de la prensa norteamericana William R. Hearst, cuya vida sirvió de inspiración para el inolvidable clásico del cine ‘Ciudadano Kane’, de Orson Welles. Salvando las distancias, de todo tipo, el Gobierno de la nación parece haber comprendido, en esta línea de actuación, que su diseño de la reforma energética no podía ser modificado o ajustado por cuestiones molestas de la realidad: el objetivo inamovible era reducir el déficit de tarifa causado por “unas energías renovables costosas”, cuyas subvenciones suponían un lastre para el sector eléctrico, siendo culpables también del incremento de la factura eléctrica. Esta era la trama del argumento.

Con este objetivo, el Gobierno del PP emprendió desde el inicio de su legislatura una prolongada batalla contra las energías renovables, que intensificaba las acciones tomadas por el anterior Ejecutivo. En esta estrategia, el ministro Soria refirió en septiembre de 2013 que se había contratado a dos consultoras, Roland Berger y Boston Consulting Group, para la elaboración de sendos estudios que establecieran una retribución razonable para las energías renovables, base técnica que serviría para acometer unos recortes de unos 3.000 millones de euros en el sector.

Y hete aquí que, ahora, a instancias del Tribunal Supremo, que ha actuado a partir de las reclamaciones interpuestas por diversas asociaciones como APPA o Anpier, el Ejecutivo revela por fin que esos dos informes no existen; o mejor dicho, uno no ha sido entregado todavía por Boston Consulting y el otro es tres meses posterior a que el recorte se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La pregunta que se hacen expertos y asociaciones sectoriales es de dónde salió el complejo entramado de cifras y cálculos que consignó el Gobierno en la orden ministerial –quince páginas y más de 1.700 anexos– para justificar el tijeretazo a las energías alternativas; ¿fueron creados ad hoc?, ¿se trata de contabilidad creativa? La trama del argumento se vuelve turbia.

El Ministerio de Industria esgrimió el uso de estos informes, que ahora se comprueba que no fueron utilizados, como una justificación técnica y económica, una pantalla para llevar a cabo el plan preconcebido: el recorte al sector de las renovables. Un asunto que ha sido pasto de múltiples polémicas, con un hecho incontestable: el régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) ha soportado el mayor peso del ajuste del sector, al tiempo que los datos de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) señalan que sólo ha supuesto realmente una quinta parte del déficit de tarifa acumulado, como afirmaba UNEF en un reciente comunicado.

Otros componentes son pues la parte del león de ese déficit de tarifa, que no termina de atajarse y que puede verse comprometido si las demandas interpuestas por inversores internacionales y entidades españolas ante el CIADI, organismo de arbitraje internacional, progresan y se falla contra la regulación aprobada por el Gobierno español. Además, como estamos en año de elecciones, muchos de estos datos y resultados verán la luz…, cuando se hayan celebrado los comicios, claro.

Como guinda, la Comisión Europea ha asegurado recientemente que el incremento del término fijo del recibo de la luz aplicado desde comienzos de 2014 y la reducción de la parte variable va en contra de algunas directivas europeas y, por tanto, actuará en consecuencia contra el Gobierno de España. Por si faltara poco, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido de forma reiterada que no se imponga el “peaje de respaldo” a la producción de energía para el autoconsumo energético, que considera una medida carente de justificación. Sin comentarios.

¡¡Feliz San Patricio a irlandeses y a los que se unan a esta fiesta!!

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Mamá, quiero ser danés

No es que yo sea particularmente aficionado a los cuentos de Hans Christian Andersen, aunque en mi niñez –como muchos infantes de varias generaciones– leí o me leyeron historias como “El soldadito de plomo” o “El patito feo”. Tampoco es que sea un fiel seguidor de las consignas del movimiento cinematográfico Dogma, cuyo máximo exponente es el polémico Lars von Trier, aunque reconozco que películas como “Bailando en la oscuridad”, o “Celebración”, de Thomas Vinterberg, encierran imágenes poderosas e historias impactantes. Ni siquiera quiero mostrar aquí mi admiración por una sociedad como la danesa, más igualitaria y con un sistema educativo más eficaz y estable que el español.

No, en este post quiero dejar constancia de mi sana envidia por Dinamarca porque es un ejemplo a seguir por un sueño lejano para nuestra economía: contar con una política energética que mire al largo plazo, que integre a las energías renovables como un elemento fundamental en el mix –y no las penalice– y que se desvincule de los combustibles fósiles. España es una muestra palmaria de todo lo contrario, a tenor de las decisiones llevadas a cabo por el actual Gobierno de Rajoy y también en la etapa final de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero.

Esta breve historia se inicia en 1973, con el estallido de la crisis del petróleo desencadenada por los mandamases de la OPEP y que incrementó de forma brutal el precio del barril de crudo. Los daneses, tal como explicó Mikkel Larsen, agregado de Comunicación de la Embajada de Dinamarca en España en un reciente acto en Madrid, organizado por La Oficina de Javier García Breva, se dieron cuenta, como en muchos otros países, que la energía no era un bien abundante y barato (en los años 70 su dependencia energética era muy elevada), y se empezaron a acostumbrar a las restricciones en el suministro eléctrico e incluso al apagado del alumbrado público en determinadas franjas horarias con el fin de ahorrar electricidad, entre otras cosas.

El país decidió entonces acometer varios planes dentro de una verdadera política energética orientada al futuro que se planteara como objetivo fundamental la reducción de la dependencia energética y disminuir la intensidad energética de su economía. Con algunos vaivenes, esta apuesta se ha convertido en una historia de éxito a día de hoy: a pesar de disponer de reservas de petróleo en el Mar del Norte, Dinamarca es un Estado que apuesta por medidas de eficiencia energética a todos los niveles y donde la generación de energía a partir de fuentes renovables crece de forma imparable; su objetivo es que en el año 2020 más del 35% de su consumo energético final proceda de renovables y que el 70% del consumo eléctrico se derive de energías limpias, y sus planes se están cumpliendo y han establecido metas más elevadas para 2030.

Es más, el país escandinavo ha conseguido desvincular su crecimiento económico de las emisiones de CO2; es decir, en el periodo 1990-2010, mientras su PIB aumentaba cerca de un 40%, las emisiones de gases de efecto invernadero se rebajaban más de un 20%. Además, el programa promovido por el anterior gobierno conservador no sólo no ha sido cancelado por el ejecutivo socialdemócrata que ganó las elecciones en octubre de 2011, sino que se ha ampliado con objetivos más ambiciosos, en lo que se considera una auténtica “política de Estado”, y no el juego de intereses cruzados y de debates vacíos de contenido que se desarrollan en España. Los daneses son conscientes de que cada euro invertido en importar petróleo o gas es un dinero que se va del país, y que cada euro que se ahorra en energía o que se invierte en renovables se queda en el país.

Como es lógico, quizás la experiencia de Dinamarca no sea extrapolable a España en su globalidad, por las particularidades de cada sociedad y economía, pero sí se pueden extraer ejemplos para aplicar en nuestro país, que si de algo carece en su política energética es de un enfoque integral y de una planificación basada en el largo plazo, que no dependa además del color político del partido en el poder o de compañías privadas, cuyos intereses son legítimos pero que, a veces, no concuerdan con los de la sociedad.

PD: Gracias a Mikkel Larsen por la claridad y amenidad de su exposición, que ha inspirado este post.

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Apaguen la luz al salir, por favor

El desbarajuste de la reforma eléctrica del Gobierno ha llegado ya a la televisión y ocupa, no sólo primeras planas de periódicos y portales en Internet, sino también espacios del llamado prime time. Los telespectadores tuvieron ayer por la noche la oportunidad de asistir a las explicaciones que José Manuel Soria, titular del Ministerio de Industria, daba a la persistente Ana Pastor en el programa ‘El Objetivo’, en la Sexta TV.

El que suscribe sólo puede decir que ha añadido más confusión, si cabe, a la de por sí embrollada situación de los precios de la electricidad. Ahora mismo lo único claro que se puede decir es que muy pocas personas tienen claro qué va a pasar con la factura de la luz; Soria llegó a decir incluso que “no podemos saber hoy si la luz subirá o no” (sic), ¡sonrojante!

El Gobierno ha emprendido una especie de huida hacia adelante para dejar atrás la fórmula de las subastas CESUR, que se ha demostrado que encarecía implacablemente el precio de la electricidad, con un sistema especulativo en el que la energía más cara era la que constituía la referencia para fijar el precio. Pero en esta huida hacia adelante da la impresión de que no se tiene una idea coherente de qué modelo energético se quiere establecer, un modelo en el que la energía no sea un lastre para la competitividad de las empresas (España es el tercer país de la Unión Europea con la energía más cara, sólo por detrás de Malta e Irlanda).

Además, tal como explicó a la redacción Javier García Breva, experto en políticas energéticas, el Ministerio ha manipulado el lenguaje, “lo que está contribuyendo a mantener la total opacidad del sistema eléctrico, no hay quién lo entienda”. Ayer, en La Sexta TV, se constató precisamente esta máxima. José Manuel Soria presumía de la “sencillez” de la solución adoptada por el Ejecutivo en el nuevo sistema para la fijación de precios de la electricidad (que comenzará en abril o junio, ya veremos) en el que habrá cuatro opciones:

–          Los usuarios y empresas que dispongan de contador inteligente con telegestión, que tendrían que consultar prácticamente cada día la fluctuación del precio de la electricidad para gestionar su consumo.

–          Promedio del precio efectivo consumido por un hogar o empresa en el periodo anterior.

–          Contrato bilateral con la suministradora eléctrica.

–          Contrato estándar, en el que se abona una especie de “tarifa plana” para todo el año.

Parece que el IDAE, según detalló el ministro, llevará a cabo una campaña de comunicación para exponer las ventajas de estas cuatro modalidades, pero no se termina de ver dónde están estos presumibles beneficios cuando lo que se percibe de todo ello es una intención de penalizar la eficiencia energética: ¿qué incentivos tiene alguien para ahorrar cuando se paga una tarifa plana? Sin olvidar que una de las últimas medidas del Gobierno ha sido subir el precio del término fijo de potencia, lo que implica penalizar a quien menos consume. Si bien el ministerio adujo que ello no suponía “un incremento de la factura, sino una transferencia entre consumidores eléctricos a favor de aquellos que más consumen, especialmente las familias con hijos”. Lo que decíamos de la manipulación del lenguaje.

Por si esto fuera poco, respecto a la gran ‘esperanza blanca’ de los contadores inteligentes, resulta que sólo hay instalados en España alrededor de una tercera parte de los dispositivos necesarios (25 millones de hogares), con un plazo para concluir su implantación que termina el 31 de diciembre de 2018. Además, la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia) ha abierto una investigación sobre la situación de los contadores electrónicos instalados porque, según sus técnicos, existe un auténtico descontrol y podrían entorpecer la libre competencia en el sector eléctrico, tal como ha publicado el diario El Mundo.

Al final, habrá que recurrir en esto de la eficiencia energética al proverbial consejo de abuelos y padres, “al salir apaga la luz”.

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Una reforma energética insuficiente

Casi como sucede con las revisiones del sistema educativo, las reformas del sistema eléctrico se suceden con el paso de los años y no se termina nunca de conformar una regulación eficaz que mire al largo plazo y que trabaje por la eficiencia del sector. Demasiados intereses contrapuestos, bastante desconocimiento y mucha hipocresía. Así, el pasado viernes 12 el Gobierno aprobó un paquete de medidas que, a la luz de los primeros análisis, no convence a nadie y, al decir de muchos, incorpora nuevos parches para diversos problemas, pero sin abordarlos desde una perspectiva integral y sostenible.

La primera consecuencia de este nueva reforma ­–¡como no podía ser de otra manera! – es la subida del recibo de la luz para el consumidor, un 3,2%, que se suma a las aplicadas en los últimos años: entre 2003 y 2011 la factura para el usuario doméstico ha aumentado un 63%, lo que convierte a España en el país más caro de la UE, únicamente por debajo de Chipre e Irlanda, según datos de Eurostat. Lo primero que se percibe, por tanto, es que el sufrido ciudadano sigue pagando la cuenta de los errores de otros. Pero no sólo en el ámbito doméstico, el consumidor industrial también paga más cara la electricidad en nuestro país (aparte de estados tan dispares como Malta, Chipre, Lituania o Eslovaquia, sólo Reino Unido, Irlanda e Italia nos superan entre los países de nuestro entorno), lo que repercute directa y negativamente en la competitividad de las empresas españolas.

A pesar de lo anterior, el Gobierno dice buscar con esta reforma garantizar el suministro al consumidor al menor coste posible y de la forma más transparente (no sabemos todavía cómo, ya que la factura de la luz es precisamente uno de esos documentos que parecen escritos en lenguaje críptico). Asimismo, otra novedad del paquete de medidas aprobado es que la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se acogen la gran mayoría de los usuarios domésticos, pasa ahora a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor.

La reforma gubernamental introduce, aparte del cambio de nombre, la penalización de las segundas viviendas y las viviendas vacías, cobrando más caro el término fijo de potencia. Esto conlleva que este tipo de instalaciones van a pagar más, aunque no haya consumo, de tal forma que, además, se beneficia a los usuarios que tienen un alto consumo, abandonando toda idea de eficiencia y racionalización del gasto energético.

Así las cosas, con esta nueva regulación, el Gobierno –al que hay que agradecer, al menos, el afrontar sin tapujos el problema del déficit de tarifa – ha generado el descontento tanto de las compañías eléctricas, que se consideran perjudicadas, como de los productores de energías renovables, que vuelven a sentirse castigados por unos nuevos recortes en las primas, que implican también más incertidumbre jurídica. Con ello se vislumbra que han predominado en esta reforma, sobre todo, los criterios economicistas, con la intención de parchear la sangría financiera del citado déficit de tarifa (4.500 millones de euros anuales), antes que otras motivaciones más orientadas a la sostenibilidad y a reducir la dependencia energética. Montoro gana la partida.

Coincidimos con unas declaraciones de José Ignacio Pérez Arriaga, director de la cátedra BP de energía de la Escuela Superior de Ingeniería ICAI, que afirmaba que la política energética gubernamental se define por “improvisación, inseguridad jurídica y falta de transparencia”. Se admiten más calificativos.

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