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El referéndum catalán y la unidad de mercado

Regresamos de las vacaciones de verano con una sensación agridulce: por un lado, la mente y el cuerpo se han oxigenado para afrontar el nuevo curso y, por otro, parece que la realidad no se ha movido mucho en este paréntesis. Los ciudadanos se incorporan a sus trabajos y ocupaciones y se preparan para lo que se vislumbra como lo que más de un columnista ha llamado “otoño calentito”. Tras el periodo estival llega el tradicional ajuste de cinturón para contener gastos, mientras la ola de calor que vivimos repercutirá en abultadas facturas de la luz para muchos.

Además, las cifras macroeconómicas que se anuncian por doquier alientan a la esperanza, pero parece que sus efectos balsámicos no llegan al entorno microeconómico de hogares y empresas; las dificultades de financiación, los plazos de pago abusivos, las ventas que no terminan de repuntar… son factores que arrojan sombras al panorama que dibujan algunas instancias. Por si faltara poco, se prevé una nueva vuelta de tuerca a la austeridad: el Gobierno pretende ahorrar 30.000 millones de euros de gasto público en tres años, según han publicado diversas fuentes.

A lo que hay que añadir las tensiones políticas, la más importante de las cuales es la cuestión nacionalista en Cataluña, con la fecha del 9 de noviembre en todas las agendas. La deriva que está tomando la situación política con la convocatoria del referéndum, y la total ausencia de diálogo entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico, centran la preocupación de empresarios de todos los sectores. Según un informe de PwC, “los responsables de las grandes empresas catalanas están preocupados por el proceso” y “por encima de todo, llaman al diálogo” entre las partes implicadas “casi con desesperación”. La mitad de los empresarios catalanes creen que la secesión unilateral daña el negocio con el resto de España.

Al margen de la mayor o menor valoración que se le dé a este estudio, no cabe duda de que las consecuencias económicas de una operación de este tipo son inimaginables, alejadas de la estabilidad necesaria, sobre todo si se tiene en cuenta que Cataluña cuenta con un significativo tejido industrial y empresarial, especialmente notable en el sector de material eléctrico y afines.

No olvidemos que una de las demandas que más han planteado las organizaciones empresariales (como AFME o Anfalum en el sector eléctrico) es desarrollar el criterio de unidad de mercado para que se aplique de forma homogénea en todas las comunidades autónomas la legislación de ámbito industrial y comercial. Con independencia de que exista una reglamentación autonómica específica para determinados ámbitos, no deja de ser un tanto surrealista que para comercializar y lanzar un producto en España una empresa tenga que pasar por 17 estamentos distintos, lo cual ralentiza y perjudica cualquier acción empresarial.

Nuestro país cuenta así con un corpus legislativo autonómico, que consta de miles de reglamentos, órdenes y disposiciones, que deviene un auténtico bosque difícil de atravesar, y que no está pensado en muchos casos para facilitar y simplificar la vida de empresarios y autónomos.

Diálogo y sentido común serían ahora más necesarios que nunca.

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A vueltas con la competitividad

La competitividad es uno de esos términos que políticos y representantes institucionales insertan con frecuencia en sus discursos como si fuera una especie de ingrediente aromático que confiriera a la salsa del texto un sabor evocador y más atractivo al paladar; hay otros también muy utilizados, como ‘responsabilidad’, ‘sostenibilidad’, ‘eficiencia’…, en fin, la lista sería larga. Competitividad es pues uno de esos mantras repetidos a menudo y que casi siempre viene asociado a la reducción de salarios, ya que “eso nos hará ser más competitivos”.

En este contexto, no es ninguna novedad decir que España siempre ha mostrado bajas tasas de competitividad, incluso en los periodos de bonanza económica; al contrario, desde el comienzo de la crisis económica en 2008, la productividad ha aumentado por mor del incremento del desempleo y de la caída real de salarios que se ha registrado. Es pues uno de los déficits estructurales de la economía nacional.

Pero perseguir un crecimiento de la competitividad real –más allá de la variable salarial– que nos acerque a los valores promedio de la Unión Europea debe basarse en otros aspectos, como suelen afirmar repetidamente expertos en la materia: inversión en I+D; incorporación de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones (las llamadas TIC), que permitan mejorar la eficiencia de los procesos; potenciar la formación del trabajador, el capital humano; y la mejora de las infraestructuras, el capital físico.

En este sentido, un informe elaborado por la firma PwC, que ha sido patrocinado por Siemens, pone el énfasis en estos aspectos, indicando que una mejora de la competitividad en la industria española, sobre todo en el aumento de la productividad por empleado y en el alza de la inversión en I+D, podría hacer crecer el PIB nacional un 2,3%. Este trabajo enumera otros factores, como la necesidad de incrementar el tamaño medio de las empresas industriales españolas y de mejorar parcelas de España como país (la calidad de la educación, las barreras administrativas, el acceso al crédito, el coste de la energía, muy por encima de la media europea), que permitirían que el crecimiento económico fuera aún mayor.

Rosa García, presidenta de Siemens en España, señaló en la presentación de este informe que “bajar salarios no es la solución definitiva”, actuar en esta variable tiene un recorrido limitado en el que nuestro país siempre se verá superado por otras economías (no sé si llamarlas emergentes, ya que emergieron hace tiempo en algunos casos) cuya ventaja competitiva sí son unos costes salariales inferiores a los estándares occidentales, y donde siempre tendremos las de perder. Es más, esa rebaja de salarios provoca el éxodo de profesionales cualificados a otros sectores, o bien hacia otros países, lo cual es peor.

Además de lo anterior, quizá sea necesario también cambiar la mentalidad y los hábitos de una parte del tejido empresarial, que es algo reticente a la hora de incorporar nuevas tecnologías y aplicar innovaciones en los procesos, y que traduce estos elementos únicamente en costes sin ver que podrían generarle ventajas y beneficios en el medio y largo plazo. El empresario, incluso en situaciones complicadas y difíciles como las que se están viviendo, no sólo debe tener un ojo en el presente inmediato, y a veces dramático, sino también en cómo sostener el negocio en el futuro, y para ello la aplicación de tecnología y la innovación, entre otros aspectos, son fundamentales.

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