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El Día de la Marmota y la transición energética

Han pasado las elecciones generales del 26-J, que parecían lejanas e incluso poco probables allá por el mes de enero, y nos encontramos a las puertas de las vacaciones de verano con una realidad muy similar a los resultados de los comicios del 20 de diciembre (aunque en mejores condiciones para el Partido Popular), en algo que me recuerda a la película Atrapado en el tiempo, de Harold Ramis, en la que el protagonista vive de forma repetida las mismas situaciones, que giran en torno a sus vicisitudes para grabar para la televisión el famoso Día de la Marmota.

En lo que respecta al sector energético, parece que las cosas no se van a mover mucho, a pesar de las demandas de organizaciones de consumidores y usuarios y de asociaciones empresariales para transformar el statu quo dominado por un oligopolio eléctrico de cinco grandes compañías e impulsar un cambio del sistema eléctrico que lleve a una mayor presencia de las renovables, el fomento del autoconsumo y una mayor transparencia  de los mecanismos para generar el precio de la electricidad.

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Cuando los políticos interfieren en la cadena de valor

En este arranque de 2015 todavía llegan algunos ecos de la polémica suscitada por la adquisición de productos de iluminación Led por la central de compras de la Diputación de Valencia, presidida por Alfonso Rus, del Partido Popular. Este caso se ha convertido en el ejemplo más notorio de cómo decisiones políticas vinculadas a intereses espúreos alejados de los ciudadanos interfieren en este tipo de procesos y, con la justificación de un ahorro económico  para las arcas de diversos municipios de la provincia, lo que se persigue es el beneficio de unos pocos. Se trata de una operación que ha beneficiado directamente a una empresa de Xátiva, que ha facturado hasta 13 millones de euros, según publicó el diario El Mundo, vinculada de un modo u otro al dirigente del PP.

En este sentido, Anfalum (Asociación de Fabricantes de Iluminación) ya ha denunciado en un comunicado emitido a finales del año pasado que en esta operación llevada a cabo por la Diputación de Valencia se desoyeron sus recomendaciones, que advertían de los riesgos y problemas derivados de la sustitución en el alumbrado público de las lámparas tradicionales de descarga por lámparas Led de conexión directa y otros dispositivos de adaptación de las luminarias instaladas.

Como señala la asociación, las empresas suministradoras que participan en estos concursos públicos deben ofrecer “una garantía y solvencia técnica relevante”. No sólo del propio producto, sino también del proyecto luminotécnico previo, que analice las características específicas de las luminarias y de las ventajas de utilizar una u otra tecnología, o un producto concreto en lugar de otro. La realización de ensayos, por motivos como el peso de una lámpara Led, que es nueve veces superior al de las demás tecnologías, deviene obligatoria.

Estamos hablando de alumbrado público, que afecta a la seguridad y al confort visual en la vida cotidiana de millones de personas, lo que no debería resolverse con este tipo de acciones simples que sólo buscan un ahorro económico a corto plazo, que seguramente se tornará en lo contrario con el paso del tiempo, cuando estas lámparas no estén aportando los niveles de iluminación prometidos, creando deslumbramientos y otros problemas causados por una instalación incorrecta o por el indebido uso de un producto.

Los políticos, y sus partidos, quieren ocupar cada vez más ámbitos de la sociedad y del mundo empresarial. Como afirmó Benito Rodríguez, vicepresidente de Anfalum, en la interlocución con los entes locales se ha sustituido al técnico del ayuntamiento, conocedor de las soluciones y tecnologías de cada campo, por el concejal de turno o, en este caso, por un representante de la diputación provincial. Personas que buscan el provecho propio, la notoriedad y el ruido mediático más que llevar a cabo un proyecto para el bien común con la mayor profesionalidad posible.

Esto entronca, asimismo, con las actuaciones de las centrales de compra de algunas diputaciones provinciales, denunciadas muchas veces por diversas asociaciones de empresas instaladoras y de otros colectivos, que practican una competencia desleal a la hora de licitar la adquisición de material eléctrico, dejando al margen a la cadena de valor del sector, distribuidores, almacenes e instaladores. El mundo está lleno de buenas intenciones –en este caso, el ahorro económico– que pueden traer daños colaterales.

Además, estamos en año de elecciones y ya se sabe que en estos periodos los políticos tienden a ponerse nerviosos y a tratar de acaparar protagonismo, más del que ya tienen, que no es poco. Bienvenidos a este 2015, en el que esperamos que mejoren las tendencias del pasado ejercicio.

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Ética e incertidumbre en la distribución

Es ya un lugar común decir que en este periodo de dura recesión económica, que ha sacudido a casi todos los sectores de actividad, se han perdido las referencias, las coordenadas que marcaban los límites, y muchos empresarios, como aquellos que han tenido la desgracia de sufrir un huracán o un tornado, se han encontrado en más de un momento desorientados mirando el paisaje y evaluando el deterioro de su organización. En la reciente mesa redonda sobre la distribución profesional de material eléctrico, organizada por Cuadernos de Material Eléctrico, percibí algo de esa sensación pues varios de los directivos allí presentes señalaban que su prioridad en estos años había sido la más pura y cruda supervivencia, como ocurre en una catástrofe natural.

Sin embargo, tras el desconcierto ha de venir cierta calma para reflexionar sobre presente y futuro. Por ello, anoté una opinión vertida por una de las participantes en este foro, Ana Belda, country manager de RS Components para España y Portugal, quien afirmó que el sector eléctrico se había transformado de una forma tan profunda y radical que era difícil esperar una “estabilización”; todo lo contrario, “hay que aprender a vivir con algo de incertidumbre” ya que la demanda y los clientes no los garantiza nadie.

Ello implica repensar cada día las prioridades de nuestro negocio, cambiar estrategias que antaño fueron seguras pero que hoy o mañana quizá ya no lo sean, buscar socios distintos o nuevas alianzas… En fin, hacerse con un catálogo personalizado de soluciones que hay que modificar sobre la marcha o, lo que es lo mismo, innovar, aunque sea a pequeña escala (no en vano, la etimología latina de la palabra significa “mudar o alterar algo, introduciendo novedades”). En este sentido, Toni Merino, vicepresidente de Retail de Schneider Electric España, presente también en el debate, puso nombre a este concepto: “micro-innovación”, que deberían aplicar fabricantes, distribuidores, instaladores y cualquier empresa que quiera avanzar.

Pero si hemos de acostumbrarnos al cambio permanente y a cierto nivel de inseguridad (“no tenemos un destino claro hacia el que movernos”, dijo en una entrevista en El Mundo el sociólogo polaco Zygmunt Bauman el año pasado), en mi opinión existe otro aspecto clave que hay que trabajar para dignificar el sector y que permitiría hacerle progresar de forma sostenible: la ética, un elemento –o, mejor, su carencia– que nos diferencia de otros países de nuestro entorno, como también apuntó Ana Belda en la mesa redonda sobre la distribución.

En un país donde los sobrecostes consentidos en la obra pública son moneda común; en el que la economía sumergida crece al calor de la crisis (según algunos expertos rondaría el 25% del PIB nacional); donde los pagos en B o sin IVA se admiten de forma casi natural –hecho también denunciado en la citada mesa redonda–; o en el que las Administraciones Públicas y las grandes corporaciones del IBEX35 son los primeros incumplidores de la Ley contra la Morosidad, aplicando plazos de pago abusivos a sus proveedores, la necesidad de aplicar principios éticos en las relaciones económicas es de una urgencia apremiante.

Acaso haya que empezar por uno mismo, por aplicar principios éticos en la propia casa, cosa harto difícil cuando el contexto circundante va en dirección contraria. Pero creo firmemente que si dejamos espacio para la transparencia y las relaciones honestas con proveedores y clientes, más tarde o más temprano los resultados tienen que venir.  Al menos, eso me gusta pensar.

Por cierto, en relación con la morosidad, ayer se rechazó en el Congreso de los Diputados, gracias a los votos del PP, la implantación de un régimen sancionador para las empresas que incumplan los plazos de pago, iniciativa propuesta por CiU e impulsada por la Plataforma PMcM. La sabiduría de nuestros políticos tiene caminos inescrutables. ¡Mucha salud!

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