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Europa nos gusta, pero nos quiere sancionar

El discurso oficial del Gobierno español siempre está alineado con las tesis de las instituciones europeas, es el tono habitual de las intervenciones públicas de ministros y otros representantes políticos; somos un socio comprometido que suscribe y apoya hasta las medidas más ingratas que provienen de la Unión Europea, club al que pertenecemos y en el que tratamos de incardinar muchas de nuestras políticas, como no podía ser de otra manera.

Sin embargo, esta versión oficial ofrece un reverso sombrío y no tan pro europeo ya que España es un país huidizo y remolón cuando se trata de cumplir determinadas Directivas comunitarias que, con toda seguridad, nos haría crecer en competitividad entre los países de nuestro entorno, pero que los gobernantes patrios, de distinto signo político, han creído innecesario encajar en el ordenamiento jurídico español. En un hipotético ránking de áreas especialmente inmunes a dejarse empapar por las tendencias de la UE, hay dos claramente líderes: el sector energético y el ámbito de los plazos de pago. De hecho, España ha recibido recientemente varios varapalos en este sentido por parte de los organismos de Bruselas, que ponen en entredicho este ‘compromiso’ europeo. Veamos cuáles.

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Ética e incertidumbre en la distribución

Es ya un lugar común decir que en este periodo de dura recesión económica, que ha sacudido a casi todos los sectores de actividad, se han perdido las referencias, las coordenadas que marcaban los límites, y muchos empresarios, como aquellos que han tenido la desgracia de sufrir un huracán o un tornado, se han encontrado en más de un momento desorientados mirando el paisaje y evaluando el deterioro de su organización. En la reciente mesa redonda sobre la distribución profesional de material eléctrico, organizada por Cuadernos de Material Eléctrico, percibí algo de esa sensación pues varios de los directivos allí presentes señalaban que su prioridad en estos años había sido la más pura y cruda supervivencia, como ocurre en una catástrofe natural.

Sin embargo, tras el desconcierto ha de venir cierta calma para reflexionar sobre presente y futuro. Por ello, anoté una opinión vertida por una de las participantes en este foro, Ana Belda, country manager de RS Components para España y Portugal, quien afirmó que el sector eléctrico se había transformado de una forma tan profunda y radical que era difícil esperar una “estabilización”; todo lo contrario, “hay que aprender a vivir con algo de incertidumbre” ya que la demanda y los clientes no los garantiza nadie.

Ello implica repensar cada día las prioridades de nuestro negocio, cambiar estrategias que antaño fueron seguras pero que hoy o mañana quizá ya no lo sean, buscar socios distintos o nuevas alianzas… En fin, hacerse con un catálogo personalizado de soluciones que hay que modificar sobre la marcha o, lo que es lo mismo, innovar, aunque sea a pequeña escala (no en vano, la etimología latina de la palabra significa “mudar o alterar algo, introduciendo novedades”). En este sentido, Toni Merino, vicepresidente de Retail de Schneider Electric España, presente también en el debate, puso nombre a este concepto: “micro-innovación”, que deberían aplicar fabricantes, distribuidores, instaladores y cualquier empresa que quiera avanzar.

Pero si hemos de acostumbrarnos al cambio permanente y a cierto nivel de inseguridad (“no tenemos un destino claro hacia el que movernos”, dijo en una entrevista en El Mundo el sociólogo polaco Zygmunt Bauman el año pasado), en mi opinión existe otro aspecto clave que hay que trabajar para dignificar el sector y que permitiría hacerle progresar de forma sostenible: la ética, un elemento –o, mejor, su carencia– que nos diferencia de otros países de nuestro entorno, como también apuntó Ana Belda en la mesa redonda sobre la distribución.

En un país donde los sobrecostes consentidos en la obra pública son moneda común; en el que la economía sumergida crece al calor de la crisis (según algunos expertos rondaría el 25% del PIB nacional); donde los pagos en B o sin IVA se admiten de forma casi natural –hecho también denunciado en la citada mesa redonda–; o en el que las Administraciones Públicas y las grandes corporaciones del IBEX35 son los primeros incumplidores de la Ley contra la Morosidad, aplicando plazos de pago abusivos a sus proveedores, la necesidad de aplicar principios éticos en las relaciones económicas es de una urgencia apremiante.

Acaso haya que empezar por uno mismo, por aplicar principios éticos en la propia casa, cosa harto difícil cuando el contexto circundante va en dirección contraria. Pero creo firmemente que si dejamos espacio para la transparencia y las relaciones honestas con proveedores y clientes, más tarde o más temprano los resultados tienen que venir.  Al menos, eso me gusta pensar.

Por cierto, en relación con la morosidad, ayer se rechazó en el Congreso de los Diputados, gracias a los votos del PP, la implantación de un régimen sancionador para las empresas que incumplan los plazos de pago, iniciativa propuesta por CiU e impulsada por la Plataforma PMcM. La sabiduría de nuestros políticos tiene caminos inescrutables. ¡Mucha salud!

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¡Es la financiación, estúpido!

“La economía, estúpido” (the economy, stupid), fue una frase muy utilizada por Bill Clinton y sus asesores durante la campaña electoral a las presidenciales de EEUU contra George Bush padre en 1992, que posteriormente se popularizó como “es la economía, estúpido”. Parafraseando el dictamen del expresidente, en la economía nacional, en general, y en el sector eléctrico, en particular, la financiación es el meollo de la cuestión que estrangula una reactivación más sólida.

No obstante, las primeras brisas primaverales han traído cierto aire fresco y optimista que han barrido los malos humores invernales: según los esperanzadores datos publicados por AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico), las ventas del mercado nacional han aumentado un 6,9% en los dos primeros meses de 2014, confirmando el cambio de tendencia iniciado en el último tramo de 2013. No sabemos si es un espejismo, ya que se comparan con los meses de enero y febrero del año pasado, que fueron la travesía más árida del desierto del que parece que vamos a salir, o bien es un indicio de que este ejercicio podría acabar en positivo tras más de un lustro en números rojos.

Sin embargo, la situación económica de las empresas continúa en muchos casos bajo mínimos, en “modo supervivencia”, en buena parte debido a que el grifo del crédito sigue cerrado a cal y canto. En este sentido, los indicadores que ha facilitado recientemente la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) no son nada halagüeños. De acuerdo con esta entidad, dos normas podrían hacer tambalear la mejora registrada en los dos últimos años en el ámbito de los plazos de pago: el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, concretamente dos de sus disposiciones, que permiten el pacto entre las empresas superando los 60 días establecidos por ley, en los casos en los que la deuda o el crédito se cedan a un tercero; y el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público.

De lo que se desprende con esta presumible marcha atrás es la falta de voluntad política para atajar este problema que lastra la situación financiera de las empresas, sobre todo de pymes, micropymes y autónomos, organizaciones vulnerables que no pueden financiar el capital circulante y dependen de una buena gestión de pagos y cobros. Los poderosos (empresas del IBEX 35 y grandes corporaciones) son los grandes beneficiarios de un sistema donde las posiciones de poder y abuso entre cliente y proveedor dañan de partida una normal relación comercial; no es de recibo que un 68% de las empresas firmen contratos que incumplan la ley en los plazos de pago, según una encuesta de la PMcM: temen perder al cliente si le exigen cumplir con la ley, ¡extraña y cruel paradoja!

Queda una pequeña ventana a la esperanza: el desarrollo de un régimen sancionador continúa su trámite en las Cortes y podría entrar en debate parlamentario entre abril y mayo de este año. España es un país que, en muchos ámbitos –más de lo que nos gustaría–, funciona a base de penalizaciones y multas (desde las normas de tráfico a cumplir con la Hacienda pública, por citar sólo dos ejemplos); lo que evidencia que una tipificación clara de infracciones y sus correspondientes sanciones sería un buen método para corregir esta anomalía que nos diferencia de Europa, sólo por delante de Portugal y Grecia. En Francia, gracias a la implantación de un régimen sancionador, los plazos de pago medio se han situado por debajo de los 45 días.

Así, acceso al crédito restringido y plazos de pago abusivos (en el sector de la construcción el plazo medio se sitúa en 253 días) es una combinación fatídica para la liquidez de las compañías que quiebra cualquier conato de reanimar la actividad. No hay que olvidar que morosidad y plazos de pago ilegales son la causa del cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis, algo que perjudica también la competitividad de la economía.

Que disfruten de la Semana Santa, de sus penitencias y sus pequeños placeres.

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El escándalo de los plazos de pago en España

“Si todos los agentes, tanto públicos como privados, pagasen a 30 días, lo que se ganaría equivaldría a toda la deuda de Grecia”, ha señalado recientemente Daniel Calleja, director general del área de Industria de la Comisión Europea, en el diario Cinco Días. Esta frase rotunda plasma en pocas palabras lo que supone el alargamiento abusivo de los plazos de pago y la morosidad en España, una auténtica lacra que sitúa a nuestro país como líder en esta triste estadística –junto con Portugal, Italia y, sobre todo, Grecia– que, además, afecta muy negativamente a la competitividad de las empresas.

En la reciente mesa redonda sobre la distribución de material eléctrico, que organizó Cuadernos de Material Eléctrico el pasado 10 de octubre en Madrid, los plazos de pago y la morosidad salieron a colación como uno de los elementos más distorsionadores del mercado, que ejerce mucha tensión sobre el canal de la distribución, agente intermedio entre el fabricante y el instalador o profesional. Con la prolongación y crudeza de la recesión económica, muchas empresas distribuidoras se han encontrado, y se encuentran, en una situación complicada a la hora de valorar el riesgo financiero de muchas operaciones, lo que les lleva a perder clientes al tratar de aplicar los plazos establecidos en la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. No en vano una cuarta parte de las empresas en España ha cerrado su actividad como consecuencia de la morosidad, como ha señalado también Daniel Calleja, si buen otras fuentes apuntan a que este porcentaje es superior.

Como se señalaba en un reciente post de este blog en el mes de septiembre, la parte más frágil de toda la cadena son las pymes, micropymes y autónomos, que constituyen en el sector instalador, por ejemplo, cerca del 90% del total del tejido empresarial, que son las más vulnerables dada su escasa capacidad de financiación, y menos hoy en día con la restricción crediticia que están aplicando los bancos y entidades financieras. Además, y esto es un dato sorprendente, según señala la PMcM (Plataforma Multisectorial contra la Morosidad), cerca de un 20% de las empresas del país dicen desconocer esta normativa.

En lo que prácticamente todos los directivos presentes en la mesa de debate coincidieron es que la citada ley está mal diseñada y que, sobre todo, es necesario elaborar y poner en práctica un reglamento sancionador para que funcione con eficacia, como ocurre en otros países de la Unión Europea. No debe olvidarse que en marzo de este año se transpuso al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre plazos de pago, lo que implica que es una norma supranacional que tiene preeminencia sobre la legislación nacional.

Pero, ¿quién gana con esta situación? Las Administraciones Públicas siguen dando un mal ejemplo en este ámbito, pero existe una voluntad de mejorar los ratios actuales (141 días de plazo medio de pago) con distintas medidas que el actual Gobierno ha puesto en marcha y otras que está previstas. Pero son las grandes compañías, como las firmas del IBEX 35, las que salen ganando con esta conducta, y que ejercen presión para que no cambie sustancialmente, así como las entidades financieras, que han desarrollado toda una serie de instrumentos para obtener ingresos.

Así lo ha denunciado la PMcM en sus informes. Las grandes empresas del IBEX 35 tienen plazos de pago de 215 días de promedio, que llegan en el caso del sector de la Construcción e Inmobiliario a superar los 300 días de plazo medio de pago en 2012. Esto supone que “las grandes compañías españolas financian gratuitamente una parte importante de su pasivo circulante a costa de sus propios proveedores”, que en su mayoría son pymes y autónomos. La cuestión roza el cinismo más crudo cuando algunas constructoras han liquidado sus deudas con las distintas Administraciones, pero ellas, a su vez, no han abonado las deudas que mantenían con sus empresas subcontratadas, en una cadena perversa donde el más perjudicado siempre es el más débil.

En este sentido, una ocasión excelente para ponerse al día en esta cuestión y empezar a solventar esta anomalía en las relaciones comerciales es la II Cumbre Político-Empresarial, que se celebrará el próximo 7 de noviembre bajo el título “Medidas para garantizar el cumplimiento de la Legislación sobre Morosidad”, y que va a reunir a empresarios, políticos y asociaciones. Es hora de atajar eficazmente este enorme problema.

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Las asimetrías en los plazos de pago

No sé si merece la pena reseñarlo, pero ayer, 15 de septiembre, se cumplió el quinto aniversario de la quiebra y desaparición de Lehman Brothers, uno de los principales detonantes de la actual recesión global con la que convivimos –no sabemos hasta cuándo– y que se ha cebado de forma inclemente con países como España, acentuando unos desequilibrios que en los años de bonanza se soslayaban.

Precisamente, una de las nefastas consecuencias de la depresión económica, muy palpable en la realidad de nuestro país, es el crecimiento de la morosidad y el alargamiento de los plazos de pago, una anomalía en el contexto europeo, si exceptuamos a Grecia. Las Administraciones Públicas no son un buen ejemplo en este apartado, si bien han mejorado su comportamiento en los últimos años, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene en preparación el Anteproyecto de Ley de Control de la Deuda Comercial en el sector público, cuyo objetivo es atajar este problema con firmeza, aunque ya se ha difundido que algunas comunidades autónomas pretenden que el pago a proveedores sea ‘asimétrico’, eufemismo que esconde el tratar de forzar la legislación a medida.

Además, como ha informado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), las empresas del IBEX 35 (no incluye las financieras) pagaban en 2012 a sus proveedores en plazos muy superiores a los permitidos por la Ley 15/2010; la palma se la lleva el sector de la Construcción e Inmobiliario, con ¡¡301 días de plazo medio de pago!!, y eso que han mejorado; algo absolutamente demencial para la vida de un sinfín de empresas. Otra asimetría más: mientras estas corporaciones tratan de cobrar al contado o con los plazos marcados por la ley, retrasan al máximo el pago a sus proveedores. Como ha denunciado Antoni Cañete, presidente de la PMcM, “algunas de estas grandes compañías se financian, en parte, a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos”.

Y este es el gran drama en muchos segmentos, con especial incidencia en el sector eléctrico, donde las pymes y autónomos son la gran mayoría en el colectivo de empresas instaladoras y en el canal de la distribución. La tesorería se convierte en un elemento vital, que termina ahogando a las pequeñas empresas que, en numerosos casos, no pueden luchar contra un Goliath poderoso, a pesar de que su gestión y modelo de negocio sean solventes. España es un país amante de desarrollar normas, pero poco preocupado en su cumplimiento. Sin un régimen sancionador eficaz que empuje a cumplir la ley y que erradique estas malas prácticas la supervivencia de una gran parte del tejido productivo está en juego.

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