Categoríamesa redonda

El poder de las pequeñas cosas

La innovación con mayúsculas, el esfuerzo en I+D+i, parece a veces potestad sólo de grandes corporaciones o empresas tecnológicas que acometen grandes inversiones para dar un salto cualitativo y de resultados en la evolución de su negocio, a veces transformando un sector en su conjunto. Sin embargo, la cultura de la innovación debería presidir, en una dimensión más pequeña, la actividad de cualquier empresa que desee avanzar y seguir mejorando, sin importar su tamaño. Esta reflexión también surgió del debate celebrado en la mesa redonda sobre el sector de la distribución profesional de material eléctrico, que organizó recientemente Cuadernos de Material Eléctrico.

Entre otros análisis, en este encuentro se dejó traslucir que la lucha por la supervivencia en estos últimos seis años –en los que al parón de la construcción se sumó una crisis financiera global que acabó convirtiéndose en una crisis de deuda pública y de solvencia– motivó que en muchas empresas del sector eléctrico se dejaran de lado otros aspectos y se abordara como una obsesión la reducción de costes a toda costa para poder reajustar las estructuras ante la bajada brusca de la demanda; lo urgente era esquivar las amenazas con el fin de resistir.

Sin embargo, una organización tiene en su interior tantas parcelas y áreas de trabajo que la innovación se puede aplicar en cualquiera de ellas para lograr mejores resultados: bien sea en logística, bien en la relación comercial y de atención a los clientes, en la optimización de los procesos internos (que tantas veces suponen un obstáculo para el crecimiento de una empresa), en la comunicación interna y externa, en las condiciones laborales, etc. El concepto de micro-innovación, como señalábamos en el anterior post, cobra aquí su significado más claro.

Además, es un elemento en el que pueden participar los miembros de una plantilla, realizando sugerencias e interviniendo en la toma de decisiones. El mundo anglosajón tiene muy interiorizado esta idea, que permite una mayor implicación del trabajador en los procesos de una empresa con el afán de mejorar de manera constante. De hecho, innovar es también incentivar al empleado para que se sienta verdadero partícipe de la evolución de una compañía. No en vano, en la citada mesa redonda también se dijo que, en general, en el sector del material eléctrico no se había sabido retener el capital humano, conservar el talento, y que se generara en el trabajador apego a una marca, a una empresa.

“Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas”, decía el dibujante y escritor estadounidense Frank A. Clark, y en este sentido, en el plano empresarial, es más operativo y asequible emprender acciones a escala reducida, identificando áreas de mejora, que emplear muchos esfuerzos en pos de la gran innovación que nos hará descollar en el mercado. Muchas veces, el valor diferencial está en la suma de los detalles, sobre todo en el ámbito de las pymes.

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Ética e incertidumbre en la distribución

Es ya un lugar común decir que en este periodo de dura recesión económica, que ha sacudido a casi todos los sectores de actividad, se han perdido las referencias, las coordenadas que marcaban los límites, y muchos empresarios, como aquellos que han tenido la desgracia de sufrir un huracán o un tornado, se han encontrado en más de un momento desorientados mirando el paisaje y evaluando el deterioro de su organización. En la reciente mesa redonda sobre la distribución profesional de material eléctrico, organizada por Cuadernos de Material Eléctrico, percibí algo de esa sensación pues varios de los directivos allí presentes señalaban que su prioridad en estos años había sido la más pura y cruda supervivencia, como ocurre en una catástrofe natural.

Sin embargo, tras el desconcierto ha de venir cierta calma para reflexionar sobre presente y futuro. Por ello, anoté una opinión vertida por una de las participantes en este foro, Ana Belda, country manager de RS Components para España y Portugal, quien afirmó que el sector eléctrico se había transformado de una forma tan profunda y radical que era difícil esperar una “estabilización”; todo lo contrario, “hay que aprender a vivir con algo de incertidumbre” ya que la demanda y los clientes no los garantiza nadie.

Ello implica repensar cada día las prioridades de nuestro negocio, cambiar estrategias que antaño fueron seguras pero que hoy o mañana quizá ya no lo sean, buscar socios distintos o nuevas alianzas… En fin, hacerse con un catálogo personalizado de soluciones que hay que modificar sobre la marcha o, lo que es lo mismo, innovar, aunque sea a pequeña escala (no en vano, la etimología latina de la palabra significa “mudar o alterar algo, introduciendo novedades”). En este sentido, Toni Merino, vicepresidente de Retail de Schneider Electric España, presente también en el debate, puso nombre a este concepto: “micro-innovación”, que deberían aplicar fabricantes, distribuidores, instaladores y cualquier empresa que quiera avanzar.

Pero si hemos de acostumbrarnos al cambio permanente y a cierto nivel de inseguridad (“no tenemos un destino claro hacia el que movernos”, dijo en una entrevista en El Mundo el sociólogo polaco Zygmunt Bauman el año pasado), en mi opinión existe otro aspecto clave que hay que trabajar para dignificar el sector y que permitiría hacerle progresar de forma sostenible: la ética, un elemento –o, mejor, su carencia– que nos diferencia de otros países de nuestro entorno, como también apuntó Ana Belda en la mesa redonda sobre la distribución.

En un país donde los sobrecostes consentidos en la obra pública son moneda común; en el que la economía sumergida crece al calor de la crisis (según algunos expertos rondaría el 25% del PIB nacional); donde los pagos en B o sin IVA se admiten de forma casi natural –hecho también denunciado en la citada mesa redonda–; o en el que las Administraciones Públicas y las grandes corporaciones del IBEX35 son los primeros incumplidores de la Ley contra la Morosidad, aplicando plazos de pago abusivos a sus proveedores, la necesidad de aplicar principios éticos en las relaciones económicas es de una urgencia apremiante.

Acaso haya que empezar por uno mismo, por aplicar principios éticos en la propia casa, cosa harto difícil cuando el contexto circundante va en dirección contraria. Pero creo firmemente que si dejamos espacio para la transparencia y las relaciones honestas con proveedores y clientes, más tarde o más temprano los resultados tienen que venir.  Al menos, eso me gusta pensar.

Por cierto, en relación con la morosidad, ayer se rechazó en el Congreso de los Diputados, gracias a los votos del PP, la implantación de un régimen sancionador para las empresas que incumplan los plazos de pago, iniciativa propuesta por CiU e impulsada por la Plataforma PMcM. La sabiduría de nuestros políticos tiene caminos inescrutables. ¡Mucha salud!

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La opacidad de la tarifa eléctrica

Se ha vuelto a repetir, como vaticinaban muchos expertos, el recibo de la luz volverá a subir a partir del 1 de enero de 2014, esta vez un excesivo 11%, tal como se ha anunciado en diarios nacionales, radios y televisiones. El consumidor, sea doméstico o empresarial, otra vez paga los platos rotos de un ecuación que no se quiere resolver para salvaguardar los intereses de un oligopolio formado por unas pocas compañías que se lamentan por las decisiones del Gobierno, presumiblemente en su contra, pero que al mismo tiempo anuncian beneficios millonarios en sus cuentas de resultados (un botón de muestra: Iberdrola y Endesa fueron la segunda y la tercera eléctricas europeas que más beneficio obtuvieron en 2012, solo por detrás de la francesa EDF, según desvelaron varias agencias de noticias en noviembre de este año).

Se nos había vendido que la liberalización del sector eléctrico traería un sinfín de ventajas entre las que destacaba contar con unos precios de la energía eléctrica competitivos y ajustados, y lo que está ocurriendo es lo contrario: un mercado distorsionado, con una influencia abrumadora de las grandes compañías eléctricas, que lo que hace es generar una dinámica de precios casi siempre alcista (más de un 60% en los últimos cinco años), y que ningún Gobierno, no importa del signo que sea, se atreve a resolver.

Además, tal como reconocieron los participantes en una mesa redonda organizada por Cuadernos de Material Eléctrico, el pasado 3 de diciembre, la formación de precios de la electricidad y la propia factura de la luz es un auténtico embrollo, difícil de desentrañar hasta para el más avezado de los expertos. Pero no sólo eso, por parte de los agentes que más ventajas obtienen se persigue que esa opacidad se mantenga, que el oscurantismo que rodea todo ese proceso –precio del pool, subasta de comercializadoras, origen del déficit de tarifa, primas a renovables, costes extrapeninsulares, tecnologías amortizadas…– no se aclare, para que así sigamos con esta situación, incomprensible, escandalosa y que influye negativamente en los bolsillos de los ciudadanos y en los costes de las empresas.

Y precisamente ahí surge otra cuestión clave: para multitud de empresas, por no decir todas, los costes energéticos suponen el segundo factor después del coste de los recursos humanos a la hora de afrontar un balance. Ahora que la masa salarial está contenida con las sucesivas reformas, los empresarios (sobre todo industrias intensivas en consumo energético o entidades como hoteles o recintos comerciales, entre otras) ven que su competitividad, interna y externa, queda lastrada por unos precios que siempre suben, y de forma impredecible (bueno, lo predecible es que siempre van al alza en el cómputo del año).

Hoy el ministerio de Industria ha anunciado, por medio del portavoz del PP, Alfonso Alonso, la apertura de una investigación sobre la subasta eléctrica realizada esta misma mañana porque existen sospechas de que haya podido manipularse para elevar artificialmente los precios; ya veremos a dónde conduce. Porque el corolario a todo esto es una legislación confusa y deficiente que no prima la eficiencia y que prefiere penalizar las energías limpias en lugar de castigar a las más contaminantes; en contra, además, de las Directivas Europeas.

La luz eléctrica, que es el fin y principio de este negocio, vuelve a ser motivo de polémica. Veremos nuevos episodios en esta larga trayectoria, pero eso será en el año próximo. Así que les deseo a todos los lectores y clientes que nos han brindado su apoyo unas felices fiestas y un venturoso 2014. Este blog se toma un respiro y vuelve en enero.

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El escándalo de los plazos de pago en España

“Si todos los agentes, tanto públicos como privados, pagasen a 30 días, lo que se ganaría equivaldría a toda la deuda de Grecia”, ha señalado recientemente Daniel Calleja, director general del área de Industria de la Comisión Europea, en el diario Cinco Días. Esta frase rotunda plasma en pocas palabras lo que supone el alargamiento abusivo de los plazos de pago y la morosidad en España, una auténtica lacra que sitúa a nuestro país como líder en esta triste estadística –junto con Portugal, Italia y, sobre todo, Grecia– que, además, afecta muy negativamente a la competitividad de las empresas.

En la reciente mesa redonda sobre la distribución de material eléctrico, que organizó Cuadernos de Material Eléctrico el pasado 10 de octubre en Madrid, los plazos de pago y la morosidad salieron a colación como uno de los elementos más distorsionadores del mercado, que ejerce mucha tensión sobre el canal de la distribución, agente intermedio entre el fabricante y el instalador o profesional. Con la prolongación y crudeza de la recesión económica, muchas empresas distribuidoras se han encontrado, y se encuentran, en una situación complicada a la hora de valorar el riesgo financiero de muchas operaciones, lo que les lleva a perder clientes al tratar de aplicar los plazos establecidos en la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. No en vano una cuarta parte de las empresas en España ha cerrado su actividad como consecuencia de la morosidad, como ha señalado también Daniel Calleja, si buen otras fuentes apuntan a que este porcentaje es superior.

Como se señalaba en un reciente post de este blog en el mes de septiembre, la parte más frágil de toda la cadena son las pymes, micropymes y autónomos, que constituyen en el sector instalador, por ejemplo, cerca del 90% del total del tejido empresarial, que son las más vulnerables dada su escasa capacidad de financiación, y menos hoy en día con la restricción crediticia que están aplicando los bancos y entidades financieras. Además, y esto es un dato sorprendente, según señala la PMcM (Plataforma Multisectorial contra la Morosidad), cerca de un 20% de las empresas del país dicen desconocer esta normativa.

En lo que prácticamente todos los directivos presentes en la mesa de debate coincidieron es que la citada ley está mal diseñada y que, sobre todo, es necesario elaborar y poner en práctica un reglamento sancionador para que funcione con eficacia, como ocurre en otros países de la Unión Europea. No debe olvidarse que en marzo de este año se transpuso al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre plazos de pago, lo que implica que es una norma supranacional que tiene preeminencia sobre la legislación nacional.

Pero, ¿quién gana con esta situación? Las Administraciones Públicas siguen dando un mal ejemplo en este ámbito, pero existe una voluntad de mejorar los ratios actuales (141 días de plazo medio de pago) con distintas medidas que el actual Gobierno ha puesto en marcha y otras que está previstas. Pero son las grandes compañías, como las firmas del IBEX 35, las que salen ganando con esta conducta, y que ejercen presión para que no cambie sustancialmente, así como las entidades financieras, que han desarrollado toda una serie de instrumentos para obtener ingresos.

Así lo ha denunciado la PMcM en sus informes. Las grandes empresas del IBEX 35 tienen plazos de pago de 215 días de promedio, que llegan en el caso del sector de la Construcción e Inmobiliario a superar los 300 días de plazo medio de pago en 2012. Esto supone que “las grandes compañías españolas financian gratuitamente una parte importante de su pasivo circulante a costa de sus propios proveedores”, que en su mayoría son pymes y autónomos. La cuestión roza el cinismo más crudo cuando algunas constructoras han liquidado sus deudas con las distintas Administraciones, pero ellas, a su vez, no han abonado las deudas que mantenían con sus empresas subcontratadas, en una cadena perversa donde el más perjudicado siempre es el más débil.

En este sentido, una ocasión excelente para ponerse al día en esta cuestión y empezar a solventar esta anomalía en las relaciones comerciales es la II Cumbre Político-Empresarial, que se celebrará el próximo 7 de noviembre bajo el título “Medidas para garantizar el cumplimiento de la Legislación sobre Morosidad”, y que va a reunir a empresarios, políticos y asociaciones. Es hora de atajar eficazmente este enorme problema.

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