CategoríaJavier García Breva

El Día de la Marmota y la transición energética

Han pasado las elecciones generales del 26-J, que parecían lejanas e incluso poco probables allá por el mes de enero, y nos encontramos a las puertas de las vacaciones de verano con una realidad muy similar a los resultados de los comicios del 20 de diciembre (aunque en mejores condiciones para el Partido Popular), en algo que me recuerda a la película Atrapado en el tiempo, de Harold Ramis, en la que el protagonista vive de forma repetida las mismas situaciones, que giran en torno a sus vicisitudes para grabar para la televisión el famoso Día de la Marmota.

En lo que respecta al sector energético, parece que las cosas no se van a mover mucho, a pesar de las demandas de organizaciones de consumidores y usuarios y de asociaciones empresariales para transformar el statu quo dominado por un oligopolio eléctrico de cinco grandes compañías e impulsar un cambio del sistema eléctrico que lleve a una mayor presencia de las renovables, el fomento del autoconsumo y una mayor transparencia  de los mecanismos para generar el precio de la electricidad.

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“Si Morgan Stanley lo dice…”

El “gran capital” (the big money) suele manejar el mundo, solemos pensar como un lugar común; los fondos de capital riesgo importantes y los bancos de inversión influyentes, con sus operaciones y previsiones, anticipan las corrientes profundas que desvelan hacia dónde se van a dirigir los mercados y las tendencias que definirán el crecimiento económico del futuro. El Foro de Davos (en Suiza), celebrado recientemente, es uno de esos lugares donde se deciden y perfilan algunas de esas tendencias. En un documento sobre el futuro energético que se dio a conocer en este evento se revela que en las próximas décadas habrá un ascenso constante de los precios de la electricidad –la caída actual de los precios de crudo es un espejismo temporal–, al tiempo que va a descender la demanda eléctrica en el mundo.

Así lo comentaba Javier García Breva, experto en políticas energéticas con un dilatado currículum, en un encuentro celebrado en Madrid el pasado 29 de enero. Lo curioso, decía, es que gigantes como Morgan Stanley están aconsejando a sus clientes que trasladen sus inversiones de forma progresiva del sector de los combustibles fósiles al segmento de las energías renovables.

Además, en el año 2018, la mayor parte de la generación de electricidad a escala mundial procederá de fuentes renovables, de acuerdo con el citado banco de inversión norteamericano. Una de las tendencias a tener en cuenta será, junto a la pujanza de la energía eólica marina y la solar, la generación distribuida en proyectos inferiores a 1 MW (se han estimado más de 73.000 millones de euros de inversión en todo el mundo, comentó García Breva).

¿Y qué tenemos en España frente a este contexto, que además nos viene exigido también por las directrices de las instituciones europeas en forma de Directivas? Un Gobierno que, profundizando lo realizado por el Ejecutivo anterior, ha creado un marco legislativo irregular y contradictorio, que persigue sobre todo penalizar las energías renovables y castigar la eficiencia energética; la subida del término fijo de potencia a principios de 2014 es sólo un botón de muestra de sus esquemas. Nuestro ministro Soria opina, además, que es mejor para empresas y ciudadanos consumir más energía.

En cambio, Alemania, Dinamarca y Reino Unido son ejemplos de países de lo que llamamos “nuestro entorno” que, con mayor o menor acierto e intensidad, se han dado cuenta de la inevitabilidad de las energías renovables para reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles y de la relevancia de incorporar la eficiencia energética y la rehabilitación como claves de bóveda del edificio económico, con planes a largo plazo que no se desvíen de sus objetivos por influencias externas, políticas o de otro signo.

De lo que se deduce que hace falta voluntad política y mentalidad empresarial en grandes dosis para emprender de verdad actuaciones que promuevan la eficiencia y la rehabilitación energética en edificios y viviendas. En un país donde la mayor preocupación es el paro, sorprende que se haga poco en este sentido cuando hasta los informes más prudentes señalan que se podrían crear hasta 150.000 empleos con las inversiones adecuadas en rehabilitación energética, tanto en el sector público de edificios como en el ámbito residencial.

¿Alguien tiene una buena razón para explicar esto? Si Morgan Stanley lo dice, es difícil al menos no prestar algo de atención.

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Mamá, quiero ser danés

No es que yo sea particularmente aficionado a los cuentos de Hans Christian Andersen, aunque en mi niñez –como muchos infantes de varias generaciones– leí o me leyeron historias como “El soldadito de plomo” o “El patito feo”. Tampoco es que sea un fiel seguidor de las consignas del movimiento cinematográfico Dogma, cuyo máximo exponente es el polémico Lars von Trier, aunque reconozco que películas como “Bailando en la oscuridad”, o “Celebración”, de Thomas Vinterberg, encierran imágenes poderosas e historias impactantes. Ni siquiera quiero mostrar aquí mi admiración por una sociedad como la danesa, más igualitaria y con un sistema educativo más eficaz y estable que el español.

No, en este post quiero dejar constancia de mi sana envidia por Dinamarca porque es un ejemplo a seguir por un sueño lejano para nuestra economía: contar con una política energética que mire al largo plazo, que integre a las energías renovables como un elemento fundamental en el mix –y no las penalice– y que se desvincule de los combustibles fósiles. España es una muestra palmaria de todo lo contrario, a tenor de las decisiones llevadas a cabo por el actual Gobierno de Rajoy y también en la etapa final de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero.

Esta breve historia se inicia en 1973, con el estallido de la crisis del petróleo desencadenada por los mandamases de la OPEP y que incrementó de forma brutal el precio del barril de crudo. Los daneses, tal como explicó Mikkel Larsen, agregado de Comunicación de la Embajada de Dinamarca en España en un reciente acto en Madrid, organizado por La Oficina de Javier García Breva, se dieron cuenta, como en muchos otros países, que la energía no era un bien abundante y barato (en los años 70 su dependencia energética era muy elevada), y se empezaron a acostumbrar a las restricciones en el suministro eléctrico e incluso al apagado del alumbrado público en determinadas franjas horarias con el fin de ahorrar electricidad, entre otras cosas.

El país decidió entonces acometer varios planes dentro de una verdadera política energética orientada al futuro que se planteara como objetivo fundamental la reducción de la dependencia energética y disminuir la intensidad energética de su economía. Con algunos vaivenes, esta apuesta se ha convertido en una historia de éxito a día de hoy: a pesar de disponer de reservas de petróleo en el Mar del Norte, Dinamarca es un Estado que apuesta por medidas de eficiencia energética a todos los niveles y donde la generación de energía a partir de fuentes renovables crece de forma imparable; su objetivo es que en el año 2020 más del 35% de su consumo energético final proceda de renovables y que el 70% del consumo eléctrico se derive de energías limpias, y sus planes se están cumpliendo y han establecido metas más elevadas para 2030.

Es más, el país escandinavo ha conseguido desvincular su crecimiento económico de las emisiones de CO2; es decir, en el periodo 1990-2010, mientras su PIB aumentaba cerca de un 40%, las emisiones de gases de efecto invernadero se rebajaban más de un 20%. Además, el programa promovido por el anterior gobierno conservador no sólo no ha sido cancelado por el ejecutivo socialdemócrata que ganó las elecciones en octubre de 2011, sino que se ha ampliado con objetivos más ambiciosos, en lo que se considera una auténtica “política de Estado”, y no el juego de intereses cruzados y de debates vacíos de contenido que se desarrollan en España. Los daneses son conscientes de que cada euro invertido en importar petróleo o gas es un dinero que se va del país, y que cada euro que se ahorra en energía o que se invierte en renovables se queda en el país.

Como es lógico, quizás la experiencia de Dinamarca no sea extrapolable a España en su globalidad, por las particularidades de cada sociedad y economía, pero sí se pueden extraer ejemplos para aplicar en nuestro país, que si de algo carece en su política energética es de un enfoque integral y de una planificación basada en el largo plazo, que no dependa además del color político del partido en el poder o de compañías privadas, cuyos intereses son legítimos pero que, a veces, no concuerdan con los de la sociedad.

PD: Gracias a Mikkel Larsen por la claridad y amenidad de su exposición, que ha inspirado este post.

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Apaguen la luz al salir, por favor

El desbarajuste de la reforma eléctrica del Gobierno ha llegado ya a la televisión y ocupa, no sólo primeras planas de periódicos y portales en Internet, sino también espacios del llamado prime time. Los telespectadores tuvieron ayer por la noche la oportunidad de asistir a las explicaciones que José Manuel Soria, titular del Ministerio de Industria, daba a la persistente Ana Pastor en el programa ‘El Objetivo’, en la Sexta TV.

El que suscribe sólo puede decir que ha añadido más confusión, si cabe, a la de por sí embrollada situación de los precios de la electricidad. Ahora mismo lo único claro que se puede decir es que muy pocas personas tienen claro qué va a pasar con la factura de la luz; Soria llegó a decir incluso que “no podemos saber hoy si la luz subirá o no” (sic), ¡sonrojante!

El Gobierno ha emprendido una especie de huida hacia adelante para dejar atrás la fórmula de las subastas CESUR, que se ha demostrado que encarecía implacablemente el precio de la electricidad, con un sistema especulativo en el que la energía más cara era la que constituía la referencia para fijar el precio. Pero en esta huida hacia adelante da la impresión de que no se tiene una idea coherente de qué modelo energético se quiere establecer, un modelo en el que la energía no sea un lastre para la competitividad de las empresas (España es el tercer país de la Unión Europea con la energía más cara, sólo por detrás de Malta e Irlanda).

Además, tal como explicó a la redacción Javier García Breva, experto en políticas energéticas, el Ministerio ha manipulado el lenguaje, “lo que está contribuyendo a mantener la total opacidad del sistema eléctrico, no hay quién lo entienda”. Ayer, en La Sexta TV, se constató precisamente esta máxima. José Manuel Soria presumía de la “sencillez” de la solución adoptada por el Ejecutivo en el nuevo sistema para la fijación de precios de la electricidad (que comenzará en abril o junio, ya veremos) en el que habrá cuatro opciones:

–          Los usuarios y empresas que dispongan de contador inteligente con telegestión, que tendrían que consultar prácticamente cada día la fluctuación del precio de la electricidad para gestionar su consumo.

–          Promedio del precio efectivo consumido por un hogar o empresa en el periodo anterior.

–          Contrato bilateral con la suministradora eléctrica.

–          Contrato estándar, en el que se abona una especie de “tarifa plana” para todo el año.

Parece que el IDAE, según detalló el ministro, llevará a cabo una campaña de comunicación para exponer las ventajas de estas cuatro modalidades, pero no se termina de ver dónde están estos presumibles beneficios cuando lo que se percibe de todo ello es una intención de penalizar la eficiencia energética: ¿qué incentivos tiene alguien para ahorrar cuando se paga una tarifa plana? Sin olvidar que una de las últimas medidas del Gobierno ha sido subir el precio del término fijo de potencia, lo que implica penalizar a quien menos consume. Si bien el ministerio adujo que ello no suponía “un incremento de la factura, sino una transferencia entre consumidores eléctricos a favor de aquellos que más consumen, especialmente las familias con hijos”. Lo que decíamos de la manipulación del lenguaje.

Por si esto fuera poco, respecto a la gran ‘esperanza blanca’ de los contadores inteligentes, resulta que sólo hay instalados en España alrededor de una tercera parte de los dispositivos necesarios (25 millones de hogares), con un plazo para concluir su implantación que termina el 31 de diciembre de 2018. Además, la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia) ha abierto una investigación sobre la situación de los contadores electrónicos instalados porque, según sus técnicos, existe un auténtico descontrol y podrían entorpecer la libre competencia en el sector eléctrico, tal como ha publicado el diario El Mundo.

Al final, habrá que recurrir en esto de la eficiencia energética al proverbial consejo de abuelos y padres, “al salir apaga la luz”.

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