Categoríageneración distribuida

Subastas, peajes y otras digresiones

El mundo es un lugar lleno de sorpresas, sobre todo en época pre-electoral; los candidatos nos prometen poco menos que el paraíso en la Tierra, mejoras en los servicios (que, desconocemos, antes no se implantaban), infraestructuras por doquier e incluso “asaltar los cielos”, en una metáfora que ha suscitado no pocos ríos de tinta. Así, de forma imprevista, uno los giros que nos guardaba este Gobierno, tan poco sensible a las energías renovables –culpables de casi todos los males en privado y alabadas en público– es el reciente anuncio de un concurso para sacar a subasta 700 MW de energías renovables, 500 de ellos de tecnología eólica y 200 de biomasa.

¿Por qué ahora, en este momento, sale esta subasta? ¿Por qué se deja fuera a otras tecnologías, como la fotovoltaica, la termoeléctrica o la mini hidráulica? ¿Es un lavado de imagen dirigido a la Comisión Europea y con vistas a las directivas que atañen en este campo? ¿Es un giro oportunista en un año plagado de comicios electorales?

Estos y otros interrogantes emergen en esta decisión del Ministerio de Industria, sobre todo porque el actual Gobierno se ha distinguido precisamente por una legislación regresiva en el ámbito de las energías limpias, que han pagado buena parte del desaguisado del déficit de tarifa, como han denunciado diversas asociaciones sectoriales (como APPA), grupos ecologistas y otras formaciones políticas.

Además, no debe olvidarse que el actual Ejecutivo también ha puesto el punto de mira en el autoconsumo energético. De hecho, según todas las informaciones disponibles, tiene previsto aprobar y publicar en breve plazo una normativa –que se ha retrasado más de año y medio– que regule esta modalidad, en la que se podría incluir el denominado “peaje de respaldo”, al que muchos han calificado agriamente como “impuesto al sol”. Este peaje, o tasa recaudatoria, se aplicará con el argumento de que, desde el momento en el que el usuario que cuenta con una instalación de autoconsumo está conectado al sistema eléctrico, está “aprovechándose” del respaldo que le ofrece el conjunto de la infraestructura, incluso aunque esté consumiendo electricidad producida por su instalación. Curiosa explicación.

¿Y por qué sí apostar por la eólica? Acaso sea una coincidencia, pero esta tecnología es donde tienen mayores intereses e inversiones las compañías eléctricas y otras grandes corporaciones. No obstante, y a pesar de que el país necesita este tipo de energía renovable, la patronal de la energía eólica (AEE), se ha apresurado a señalar ante el anuncio del Gobierno que “la propuesta de normativa se ha realizado sin consultar al sector, lo que implica que se aleja de su realidad y no resuelve la inseguridad jurídica generada por la regulación en vigor”.

En cambio, la fotovoltaica es una tecnología más flexible y, si cabe, democrática, se pueden llevar a cabo desde grandes plantas de generación hasta pequeñas instalaciones integradas en entornos urbanos –como explican desde la asociación UNEF–, sea en viviendas, hoteles, recintos comerciales o polígonos industriales, extendiendo el concepto de generación distribuida.

¿Por qué entonces no caminar por la senda que nos marcan las Directivas Europeas? ¿No se debería, como así se promueve desde Bruselas, simplificar y acelerar los procedimientos administrativos para autorizar y realizar la conexión a redes de distribución y transporte de energía eléctrica para fomentar el uso de energías procedentes de fuentes renovables? La sociedad española, tan dependiente de combustibles fósiles, tendría que asumir que todas las renovables deben aportar su grano de arena para construir una economía con menos emisiones de CO2 y más eficiente en el uso de la energía.

Y hablando de energías renovables, me permito hacerles una recomendación literaria relacionada. Se trata de la novela Solar, del escritor británico Ian McEwan, una historia mordaz, divertida y algo cínica sobre un físico, Premio Nobel, que busca su redención personal y profesional en un proyecto de energía solar.

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“Si Morgan Stanley lo dice…”

El “gran capital” (the big money) suele manejar el mundo, solemos pensar como un lugar común; los fondos de capital riesgo importantes y los bancos de inversión influyentes, con sus operaciones y previsiones, anticipan las corrientes profundas que desvelan hacia dónde se van a dirigir los mercados y las tendencias que definirán el crecimiento económico del futuro. El Foro de Davos (en Suiza), celebrado recientemente, es uno de esos lugares donde se deciden y perfilan algunas de esas tendencias. En un documento sobre el futuro energético que se dio a conocer en este evento se revela que en las próximas décadas habrá un ascenso constante de los precios de la electricidad –la caída actual de los precios de crudo es un espejismo temporal–, al tiempo que va a descender la demanda eléctrica en el mundo.

Así lo comentaba Javier García Breva, experto en políticas energéticas con un dilatado currículum, en un encuentro celebrado en Madrid el pasado 29 de enero. Lo curioso, decía, es que gigantes como Morgan Stanley están aconsejando a sus clientes que trasladen sus inversiones de forma progresiva del sector de los combustibles fósiles al segmento de las energías renovables.

Además, en el año 2018, la mayor parte de la generación de electricidad a escala mundial procederá de fuentes renovables, de acuerdo con el citado banco de inversión norteamericano. Una de las tendencias a tener en cuenta será, junto a la pujanza de la energía eólica marina y la solar, la generación distribuida en proyectos inferiores a 1 MW (se han estimado más de 73.000 millones de euros de inversión en todo el mundo, comentó García Breva).

¿Y qué tenemos en España frente a este contexto, que además nos viene exigido también por las directrices de las instituciones europeas en forma de Directivas? Un Gobierno que, profundizando lo realizado por el Ejecutivo anterior, ha creado un marco legislativo irregular y contradictorio, que persigue sobre todo penalizar las energías renovables y castigar la eficiencia energética; la subida del término fijo de potencia a principios de 2014 es sólo un botón de muestra de sus esquemas. Nuestro ministro Soria opina, además, que es mejor para empresas y ciudadanos consumir más energía.

En cambio, Alemania, Dinamarca y Reino Unido son ejemplos de países de lo que llamamos “nuestro entorno” que, con mayor o menor acierto e intensidad, se han dado cuenta de la inevitabilidad de las energías renovables para reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles y de la relevancia de incorporar la eficiencia energética y la rehabilitación como claves de bóveda del edificio económico, con planes a largo plazo que no se desvíen de sus objetivos por influencias externas, políticas o de otro signo.

De lo que se deduce que hace falta voluntad política y mentalidad empresarial en grandes dosis para emprender de verdad actuaciones que promuevan la eficiencia y la rehabilitación energética en edificios y viviendas. En un país donde la mayor preocupación es el paro, sorprende que se haga poco en este sentido cuando hasta los informes más prudentes señalan que se podrían crear hasta 150.000 empleos con las inversiones adecuadas en rehabilitación energética, tanto en el sector público de edificios como en el ámbito residencial.

¿Alguien tiene una buena razón para explicar esto? Si Morgan Stanley lo dice, es difícil al menos no prestar algo de atención.

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La meta del autoconsumo energético se aleja

Las políticas gubernamentales para atajar el déficit público se han convertido en una corriente global que está cegando la búsqueda de soluciones alternativas al mero recorte presupuestario en numerosos sectores. Todo se sacrifica al sacrosanto cumplimiento de la llamada consolidación fiscal (expresión salida de los manuales económicos que los ciudadanos nos hemos visto obligados a aprender sobre la marcha), y el sector eléctrico no permanece ajeno a esta espada de Damócles.

Pero en este mercado, como en otros, la voz del poderoso encuentra oídos más receptivos en la Administración que la de otros agentes involucrados. Un ejemplo de ello es lo que ha desvelado la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético: el Gobierno está preparando una regulación al respecto que, presumiblemente, podría ver la luz el próximo día 5 de julio y que supondrá “cercenar el desarrollo del autoconsumo y que no haya alicientes para el ciudadano”, como afirmó José Donoso, director general de UNEF (Unión Española Fotovoltaica), asociación que forma parte de la plataforma.

En síntesis, mientras el discurso oficial recorre la senda trillada del ‘firme apoyo’ a las energías renovables y la eficiencia energética, los hechos van por otro lado, radicalmente opuesto, ya que el autoconsumo energético (instalaciones sobre tejado en viviendas, edificios e industrias mediante captadores fotovoltaicos o incluso equipamientos de energía minieólica) permitiría reducir los costes energéticos de consumidores, sean ciudadanos o empresas.  El Gobierno atiende aquí los intereses de las compañías eléctricas, que realizaron cuantiosas inversiones en centrales de ciclo combinado principalmente en los primeros años de la liberalización del mercado y que ahora, con la crisis económica, no son rentables; “para salvar esas inversiones se está machacando al sector de las energías renovables”, denunció Jaume Margarit, director general de APPA (Asociación de Productores de Energías Renovables), también integrante de la citada plataforma.

Parece que la eficiencia energética que se deriva del autoconsumo no gusta ni a la Administración ni, lógicamente, a las eléctricas, que ven peligrar el status quo en que se mueven; el aumento de los peajes en la tarifa y el incremento del límite de potencia en este tipo de instalaciones (que se prevé que incluya la inminente normativa) impedirá el autoconsumo.

Rozando el absurdo, se podrían producir incongruencias ya que esa regulación entraría en contradicción manifiesta con la legislación aprobada para la certificación energética de edificios, por ejemplo, que establece que un inmueble tendría una mejor etiqueta energética si se instalan equipamientos de energías renovables. Es notoria la ausencia de una política pública integral de eficiencia energética a todos los niveles, que englobe a las tecnologías renovables, y se sigue el dictado de ciertos lobbys. Mientras tanto, España registra un enorme desequilibrio en su balanza de pagos debido a una dependencia energética que llega al 85%. No contamos con reservas de petróleo y gas, pero el país actúa como si así fuera; en cambio, sí tenemos sol y viento a nuestra disposición, pero países como Alemania con muchas menos horas de irradiación solar nos llevan una ventaja sideral. Lo de siempre.

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