Categoríafactura de la luz

Europa nos gusta, pero nos quiere sancionar

El discurso oficial del Gobierno español siempre está alineado con las tesis de las instituciones europeas, es el tono habitual de las intervenciones públicas de ministros y otros representantes políticos; somos un socio comprometido que suscribe y apoya hasta las medidas más ingratas que provienen de la Unión Europea, club al que pertenecemos y en el que tratamos de incardinar muchas de nuestras políticas, como no podía ser de otra manera.

Sin embargo, esta versión oficial ofrece un reverso sombrío y no tan pro europeo ya que España es un país huidizo y remolón cuando se trata de cumplir determinadas Directivas comunitarias que, con toda seguridad, nos haría crecer en competitividad entre los países de nuestro entorno, pero que los gobernantes patrios, de distinto signo político, han creído innecesario encajar en el ordenamiento jurídico español. En un hipotético ránking de áreas especialmente inmunes a dejarse empapar por las tendencias de la UE, hay dos claramente líderes: el sector energético y el ámbito de los plazos de pago. De hecho, España ha recibido recientemente varios varapalos en este sentido por parte de los organismos de Bruselas, que ponen en entredicho este ‘compromiso’ europeo. Veamos cuáles.

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El referéndum catalán y la unidad de mercado

Regresamos de las vacaciones de verano con una sensación agridulce: por un lado, la mente y el cuerpo se han oxigenado para afrontar el nuevo curso y, por otro, parece que la realidad no se ha movido mucho en este paréntesis. Los ciudadanos se incorporan a sus trabajos y ocupaciones y se preparan para lo que se vislumbra como lo que más de un columnista ha llamado “otoño calentito”. Tras el periodo estival llega el tradicional ajuste de cinturón para contener gastos, mientras la ola de calor que vivimos repercutirá en abultadas facturas de la luz para muchos.

Además, las cifras macroeconómicas que se anuncian por doquier alientan a la esperanza, pero parece que sus efectos balsámicos no llegan al entorno microeconómico de hogares y empresas; las dificultades de financiación, los plazos de pago abusivos, las ventas que no terminan de repuntar… son factores que arrojan sombras al panorama que dibujan algunas instancias. Por si faltara poco, se prevé una nueva vuelta de tuerca a la austeridad: el Gobierno pretende ahorrar 30.000 millones de euros de gasto público en tres años, según han publicado diversas fuentes.

A lo que hay que añadir las tensiones políticas, la más importante de las cuales es la cuestión nacionalista en Cataluña, con la fecha del 9 de noviembre en todas las agendas. La deriva que está tomando la situación política con la convocatoria del referéndum, y la total ausencia de diálogo entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico, centran la preocupación de empresarios de todos los sectores. Según un informe de PwC, “los responsables de las grandes empresas catalanas están preocupados por el proceso” y “por encima de todo, llaman al diálogo” entre las partes implicadas “casi con desesperación”. La mitad de los empresarios catalanes creen que la secesión unilateral daña el negocio con el resto de España.

Al margen de la mayor o menor valoración que se le dé a este estudio, no cabe duda de que las consecuencias económicas de una operación de este tipo son inimaginables, alejadas de la estabilidad necesaria, sobre todo si se tiene en cuenta que Cataluña cuenta con un significativo tejido industrial y empresarial, especialmente notable en el sector de material eléctrico y afines.

No olvidemos que una de las demandas que más han planteado las organizaciones empresariales (como AFME o Anfalum en el sector eléctrico) es desarrollar el criterio de unidad de mercado para que se aplique de forma homogénea en todas las comunidades autónomas la legislación de ámbito industrial y comercial. Con independencia de que exista una reglamentación autonómica específica para determinados ámbitos, no deja de ser un tanto surrealista que para comercializar y lanzar un producto en España una empresa tenga que pasar por 17 estamentos distintos, lo cual ralentiza y perjudica cualquier acción empresarial.

Nuestro país cuenta así con un corpus legislativo autonómico, que consta de miles de reglamentos, órdenes y disposiciones, que deviene un auténtico bosque difícil de atravesar, y que no está pensado en muchos casos para facilitar y simplificar la vida de empresarios y autónomos.

Diálogo y sentido común serían ahora más necesarios que nunca.

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Eficiencia energética, a destiempo y sin ganas

A los españoles nos cuesta bastante aplicarnos en determinadas tareas, tenemos fama entre nuestros vecinos europeos de llegar tarde a muchos trenes y, a veces, cuando los cogemos a tiempo nos bajamos antes de que alcancen la velocidad adecuada. Así, el avance de la eficiencia energética está experimentando pasos adelante y atrás: es un ámbito en el que ocupamos una más que digna posición entre las 16 economías más grandes del mundo; algo que no debe llevar a la complacencia, ya que, como Estado miembro de la Unión Europea, España tiene el compromiso ineludible de incorporar a su ordenamiento jurídico las Directivas que se promulgan desde Bruselas. Y aquí es donde desde hace unos años nos vienen sacando los colores por quedarnos a la zaga.

Siempre a última hora, y en ocasiones pasado el límite temporal estipulado (como los partidos que se acaban decidiendo en la prórroga), nuestro país siempre apura los plazos. Así, el Gobierno presentó in extremis, sin ganas, a la Comisión Europea el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, que abarca un programa de rehabilitación energética de edificios; la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE terminó su periodo de transposición a la legislación nacional el día 5 del pasado mes de junio, y al día siguiente el Consejo de Ministros aprueba la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), cuya cuantía y objetivos ya se han calificado como de decepcionantes y escasos, dado el estado del parque inmobiliario (cerca del 60% de los más de 25 millones de viviendas tienen más de 30 años). Una política más ambiciosa e integral en este campo sería beneficiosa por los ahorros y por su capacidad de crear empleo estable y de calidad; algo que se ha intentado paliar con el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, aprobado el viernes 18 de julio.

Esto es, el Gobierno de la nación se demora en diversos aspectos importantes y le cuesta ponerse al día con los deberes que marca la normativa europea en cuanto a eficiencia energética e implantación de energías renovables, tema este último de largo alcance, ya que la regulación ha ido claramente en contra de este sector. Todo ello sorprendente si se piensa que nuestra dependencia energética exterior se halla cerca del 80%.

A esto se puede añadir que la eficiencia energética quedó fuera de las prioridades cuando se decidió en febrero de este año subir el término fijo de potencia en la factura de la luz, con lo que se desincentivan las medidas de eficiencia que se puedan tomar en los hogares. Importa más el déficit de tarifa.

Ha comenzado pues el verano y, para alegrarnos el estío, el 1 de julio finalizaba el plazo que tenían las comercializadoras eléctricas para adaptar sus sistemas de facturación de acuerdo con el nuevo cálculo de los Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (PVPC), por la gracia del ministerio que dirige José Manuel Soria.

Aunque las eléctricas están devolviendo el dinero facturado de más en el primer tramo del año, los consumidores se encuentran ahora en cierto estado de confusión, e incluso de vulnerabilidad. Según se ha publicado en distintos medios, las denuncias a las eléctricas han aumentado sustancialmente en el primer semestre de este año (son las más numerosas tras las operadores de telecomunicaciones y la banca), debido sobre todo a las quejas de fraudes y abusos en las ofertas del mercado libre que se producen con campañas engañosas y búsqueda de clientes casa por casa –vamos, lo que se ha llamado siempre “venta a puerta fría”–.

En suma, desconfíe usted si además vienen a ofrecerle el mejor precio de la electricidad a la puerta de su casa. Eso es que algo no funciona.

Lo que sí creo que funciona en esta época calurosa es un buen rato de lectura. Y como este es el último post antes de las vacaciones, me permito hacerles una recomendación en este sentido: John Banville, escritor irlandés que ha sido merecedor del Premio Príncipe Asturias de las Letras 2014; si no han leído ningún libro suyo, prueben con obras como El mar o Antigua luz, o alguna de las que ha escrito bajo el seudónimo de Benjamin Black, como El secreto de Christine o El otro nombre de Laura. El que suscribe, al menos, ha disfrutado enormemente. ¡Feliz verano!

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Apaguen la luz al salir, por favor

El desbarajuste de la reforma eléctrica del Gobierno ha llegado ya a la televisión y ocupa, no sólo primeras planas de periódicos y portales en Internet, sino también espacios del llamado prime time. Los telespectadores tuvieron ayer por la noche la oportunidad de asistir a las explicaciones que José Manuel Soria, titular del Ministerio de Industria, daba a la persistente Ana Pastor en el programa ‘El Objetivo’, en la Sexta TV.

El que suscribe sólo puede decir que ha añadido más confusión, si cabe, a la de por sí embrollada situación de los precios de la electricidad. Ahora mismo lo único claro que se puede decir es que muy pocas personas tienen claro qué va a pasar con la factura de la luz; Soria llegó a decir incluso que “no podemos saber hoy si la luz subirá o no” (sic), ¡sonrojante!

El Gobierno ha emprendido una especie de huida hacia adelante para dejar atrás la fórmula de las subastas CESUR, que se ha demostrado que encarecía implacablemente el precio de la electricidad, con un sistema especulativo en el que la energía más cara era la que constituía la referencia para fijar el precio. Pero en esta huida hacia adelante da la impresión de que no se tiene una idea coherente de qué modelo energético se quiere establecer, un modelo en el que la energía no sea un lastre para la competitividad de las empresas (España es el tercer país de la Unión Europea con la energía más cara, sólo por detrás de Malta e Irlanda).

Además, tal como explicó a la redacción Javier García Breva, experto en políticas energéticas, el Ministerio ha manipulado el lenguaje, “lo que está contribuyendo a mantener la total opacidad del sistema eléctrico, no hay quién lo entienda”. Ayer, en La Sexta TV, se constató precisamente esta máxima. José Manuel Soria presumía de la “sencillez” de la solución adoptada por el Ejecutivo en el nuevo sistema para la fijación de precios de la electricidad (que comenzará en abril o junio, ya veremos) en el que habrá cuatro opciones:

–          Los usuarios y empresas que dispongan de contador inteligente con telegestión, que tendrían que consultar prácticamente cada día la fluctuación del precio de la electricidad para gestionar su consumo.

–          Promedio del precio efectivo consumido por un hogar o empresa en el periodo anterior.

–          Contrato bilateral con la suministradora eléctrica.

–          Contrato estándar, en el que se abona una especie de “tarifa plana” para todo el año.

Parece que el IDAE, según detalló el ministro, llevará a cabo una campaña de comunicación para exponer las ventajas de estas cuatro modalidades, pero no se termina de ver dónde están estos presumibles beneficios cuando lo que se percibe de todo ello es una intención de penalizar la eficiencia energética: ¿qué incentivos tiene alguien para ahorrar cuando se paga una tarifa plana? Sin olvidar que una de las últimas medidas del Gobierno ha sido subir el precio del término fijo de potencia, lo que implica penalizar a quien menos consume. Si bien el ministerio adujo que ello no suponía “un incremento de la factura, sino una transferencia entre consumidores eléctricos a favor de aquellos que más consumen, especialmente las familias con hijos”. Lo que decíamos de la manipulación del lenguaje.

Por si esto fuera poco, respecto a la gran ‘esperanza blanca’ de los contadores inteligentes, resulta que sólo hay instalados en España alrededor de una tercera parte de los dispositivos necesarios (25 millones de hogares), con un plazo para concluir su implantación que termina el 31 de diciembre de 2018. Además, la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia) ha abierto una investigación sobre la situación de los contadores electrónicos instalados porque, según sus técnicos, existe un auténtico descontrol y podrían entorpecer la libre competencia en el sector eléctrico, tal como ha publicado el diario El Mundo.

Al final, habrá que recurrir en esto de la eficiencia energética al proverbial consejo de abuelos y padres, “al salir apaga la luz”.

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Desandar el camino de la eficiencia

Empezamos con ilusión y elevadas dosis de cautela un año nuevo que, según los vaticinios de los gurús y analistas más proclives a las tesis oficiales, será un ejercicio con creación de empleo neto y mejora en los parámetros macroeconómicos. En el sector eléctrico, 2013 se despidió con el episodio bochornoso de la subida del precio de la luz en la subasta eléctrica del 19 de diciembre (un 11%), que se saldó finalmente con su anulación por parte del Gobierno, que fijó el aumento de la tarifa eléctrica en un 2,3%, dejando un rastro sospechoso de irregularidades, si bien la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) dictaminó en un informe la semana pasada que no hubo ninguna manipulación de precios en la subasta CESUR. ¡Doctores tiene la Iglesia!

Además, el pasado 27 de diciembre se publicaba en el BOE la Ley del Sector Eléctrico, que contempla un mecanismo automático de incremento de peajes (costes regulados) del recibo de la luz cuando se produzca un desajuste entre ingresos y costes del sistema, con el objetivo fundamental de suprimir el déficit tarifario, que actualmente supera los 26.000 millones de euros; esta norma también establece la sustitución de la Tarifa de Último Recurso (TUR) por el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), como el precio máximo de referencia al que podrán contratar los consumidores de menos de 10 kW de potencia contratada.

La ley, objeto de numerosos dardos, es un paso más en el camino de errores regulatorios, no satisface a casi nadie, penaliza las tecnologías de autoconsumo y no termina de solventar el desequilibrio de la formación de precios y de fomentar un desarrollo ordenado del mix energético nacional, ya que la dependencia energética se cifra en torno al 80% (España desembolsó 45.500 millones de euros en 2012 por la importación de combustibles fósiles, como ha desvelado APPA, la Asociación de Productores de Energías Renovables).

Por otro lado, el Parlamento Europeo aprobó a principios de enero los nuevos objetivos de reducción de un 40% de las emisiones de CO2, un 30% de generación renovable y un 40% de ahorro de energía para el año 2030, propuesta apoyada por varios países, como Alemania, Francia, Italia o Portugal, pero de la que se desmarcó el Gobierno español, poniendo en evidencia la postura institucional, que se aleja de la tendencia de futuro de caminar hacia una economía que estimule las renovables, menos contaminantes, y promueva el ahorro y la eficiencia energética como un elemento clave.

De este modo, se puede comprobar cómo un discurso engolado, que habla de mejorar la competitividad de las empresas, haciendo hincapié en el factor salarios, se queda en puro humo cuando se trata de rebajar los costes energéticos y apostar por un futuro que se desvincule de los combustibles fósiles, impulsando sectores que son generadores de empleo, y que se ponga al lado de las economías más potentes. El Gobierno, a contracorriente, y andando hacia atrás en este campo.

Veremos qué nos depara pues este 2014, aunque muchos nos tememos que consumidores y empresas acabaremos pagando, vía factura de la luz, los desaguisados, desaciertos y déficits, de tarifa o de cualquier otra índole, que cometa la Administración o los operadores dominantes. ¡Que se cumplan sus deseos y objetivos este año!

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La opacidad de la tarifa eléctrica

Se ha vuelto a repetir, como vaticinaban muchos expertos, el recibo de la luz volverá a subir a partir del 1 de enero de 2014, esta vez un excesivo 11%, tal como se ha anunciado en diarios nacionales, radios y televisiones. El consumidor, sea doméstico o empresarial, otra vez paga los platos rotos de un ecuación que no se quiere resolver para salvaguardar los intereses de un oligopolio formado por unas pocas compañías que se lamentan por las decisiones del Gobierno, presumiblemente en su contra, pero que al mismo tiempo anuncian beneficios millonarios en sus cuentas de resultados (un botón de muestra: Iberdrola y Endesa fueron la segunda y la tercera eléctricas europeas que más beneficio obtuvieron en 2012, solo por detrás de la francesa EDF, según desvelaron varias agencias de noticias en noviembre de este año).

Se nos había vendido que la liberalización del sector eléctrico traería un sinfín de ventajas entre las que destacaba contar con unos precios de la energía eléctrica competitivos y ajustados, y lo que está ocurriendo es lo contrario: un mercado distorsionado, con una influencia abrumadora de las grandes compañías eléctricas, que lo que hace es generar una dinámica de precios casi siempre alcista (más de un 60% en los últimos cinco años), y que ningún Gobierno, no importa del signo que sea, se atreve a resolver.

Además, tal como reconocieron los participantes en una mesa redonda organizada por Cuadernos de Material Eléctrico, el pasado 3 de diciembre, la formación de precios de la electricidad y la propia factura de la luz es un auténtico embrollo, difícil de desentrañar hasta para el más avezado de los expertos. Pero no sólo eso, por parte de los agentes que más ventajas obtienen se persigue que esa opacidad se mantenga, que el oscurantismo que rodea todo ese proceso –precio del pool, subasta de comercializadoras, origen del déficit de tarifa, primas a renovables, costes extrapeninsulares, tecnologías amortizadas…– no se aclare, para que así sigamos con esta situación, incomprensible, escandalosa y que influye negativamente en los bolsillos de los ciudadanos y en los costes de las empresas.

Y precisamente ahí surge otra cuestión clave: para multitud de empresas, por no decir todas, los costes energéticos suponen el segundo factor después del coste de los recursos humanos a la hora de afrontar un balance. Ahora que la masa salarial está contenida con las sucesivas reformas, los empresarios (sobre todo industrias intensivas en consumo energético o entidades como hoteles o recintos comerciales, entre otras) ven que su competitividad, interna y externa, queda lastrada por unos precios que siempre suben, y de forma impredecible (bueno, lo predecible es que siempre van al alza en el cómputo del año).

Hoy el ministerio de Industria ha anunciado, por medio del portavoz del PP, Alfonso Alonso, la apertura de una investigación sobre la subasta eléctrica realizada esta misma mañana porque existen sospechas de que haya podido manipularse para elevar artificialmente los precios; ya veremos a dónde conduce. Porque el corolario a todo esto es una legislación confusa y deficiente que no prima la eficiencia y que prefiere penalizar las energías limpias en lugar de castigar a las más contaminantes; en contra, además, de las Directivas Europeas.

La luz eléctrica, que es el fin y principio de este negocio, vuelve a ser motivo de polémica. Veremos nuevos episodios en esta larga trayectoria, pero eso será en el año próximo. Así que les deseo a todos los lectores y clientes que nos han brindado su apoyo unas felices fiestas y un venturoso 2014. Este blog se toma un respiro y vuelve en enero.

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Una reforma energética insuficiente

Casi como sucede con las revisiones del sistema educativo, las reformas del sistema eléctrico se suceden con el paso de los años y no se termina nunca de conformar una regulación eficaz que mire al largo plazo y que trabaje por la eficiencia del sector. Demasiados intereses contrapuestos, bastante desconocimiento y mucha hipocresía. Así, el pasado viernes 12 el Gobierno aprobó un paquete de medidas que, a la luz de los primeros análisis, no convence a nadie y, al decir de muchos, incorpora nuevos parches para diversos problemas, pero sin abordarlos desde una perspectiva integral y sostenible.

La primera consecuencia de este nueva reforma ­–¡como no podía ser de otra manera! – es la subida del recibo de la luz para el consumidor, un 3,2%, que se suma a las aplicadas en los últimos años: entre 2003 y 2011 la factura para el usuario doméstico ha aumentado un 63%, lo que convierte a España en el país más caro de la UE, únicamente por debajo de Chipre e Irlanda, según datos de Eurostat. Lo primero que se percibe, por tanto, es que el sufrido ciudadano sigue pagando la cuenta de los errores de otros. Pero no sólo en el ámbito doméstico, el consumidor industrial también paga más cara la electricidad en nuestro país (aparte de estados tan dispares como Malta, Chipre, Lituania o Eslovaquia, sólo Reino Unido, Irlanda e Italia nos superan entre los países de nuestro entorno), lo que repercute directa y negativamente en la competitividad de las empresas españolas.

A pesar de lo anterior, el Gobierno dice buscar con esta reforma garantizar el suministro al consumidor al menor coste posible y de la forma más transparente (no sabemos todavía cómo, ya que la factura de la luz es precisamente uno de esos documentos que parecen escritos en lenguaje críptico). Asimismo, otra novedad del paquete de medidas aprobado es que la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se acogen la gran mayoría de los usuarios domésticos, pasa ahora a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor.

La reforma gubernamental introduce, aparte del cambio de nombre, la penalización de las segundas viviendas y las viviendas vacías, cobrando más caro el término fijo de potencia. Esto conlleva que este tipo de instalaciones van a pagar más, aunque no haya consumo, de tal forma que, además, se beneficia a los usuarios que tienen un alto consumo, abandonando toda idea de eficiencia y racionalización del gasto energético.

Así las cosas, con esta nueva regulación, el Gobierno –al que hay que agradecer, al menos, el afrontar sin tapujos el problema del déficit de tarifa – ha generado el descontento tanto de las compañías eléctricas, que se consideran perjudicadas, como de los productores de energías renovables, que vuelven a sentirse castigados por unos nuevos recortes en las primas, que implican también más incertidumbre jurídica. Con ello se vislumbra que han predominado en esta reforma, sobre todo, los criterios economicistas, con la intención de parchear la sangría financiera del citado déficit de tarifa (4.500 millones de euros anuales), antes que otras motivaciones más orientadas a la sostenibilidad y a reducir la dependencia energética. Montoro gana la partida.

Coincidimos con unas declaraciones de José Ignacio Pérez Arriaga, director de la cátedra BP de energía de la Escuela Superior de Ingeniería ICAI, que afirmaba que la política energética gubernamental se define por “improvisación, inseguridad jurídica y falta de transparencia”. Se admiten más calificativos.

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