CategoríaDirectiva de Eficiencia Energética

Tendencia nacional a la consuetudinaria chapuza

En estas semanas tras las elecciones del 20-D, prácticamente cada día se nos regala un giro inesperado en esta suerte de competición por alumbrar a la coalición política que liderará los destinos de España en los próximos cuatro años. Los ciudadanos observamos, entre resignados e indignados, a veces incluso atónitos, las declaraciones, exabruptos y descalificaciones que se dedican unos políticos que, se supone, quieren buscar alianzas y consensos. Será por aquello de “amores reñidos, amores queridos”.

Lo que la gran mayoría desea es que este proceso, si es que se puede calificar así, no desemboque en chapuza, un logro al que nunca renunciamos en nuestro país y que parece nuestra contribución al acervo occidental; algunos lo llaman capacidad de improvisación. Viene esto a cuento porque, como ya es casi costumbre y denuncian varias asociaciones sectoriales, España lleva un retraso de más de 18 meses en la transposición de la Directiva de 2012/27/EU de Eficiencia Energética, uno de cuyos puntos más importantes es todo lo referente a la realización de auditorías energéticas. Precisamente, el pasado 5 de diciembre de 2015 cumplía el plazo para que las empresas no pymes (más de 250 trabajadores y una facturación superior a 50 millones de euros) hubieran realizado una auditoría energética o tuvieran implantado un Sistema de Gestión Energética (véase el reportaje en el último número de Cuadernos de Material Eléctrico).

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El ministro Soria, director del “Circo del Sol”

Este fue uno de los apelativos “cariñosos” que recibió José Manuel Soria, ministro de Industria en el pasado Congreso de FENIE, celebrado a finales de octubre en Ávila y del que hablábamos en el último post, en referencia sobre todo al Real Decreto sobre el autoconsumo impulsado por su ministerio, regulación que en ese mismo foro fue calificada amablemente como “chapuza”, “norma inútil” o “anécdota”. Traigo a colación de nuevo el autoconsumo fotovoltaico porque es un asunto reiterado hasta el empacho en estas últimas semanas dado que es un ejemplo extremo de las contradicciones de la política energética, si es que se puede llamar política a una sucesión de normas que van en contra e incluso incumplen las Directivas Europeas en muchos de sus aspectos. Parece que la ley es sagrada según para qué cosas y que el ministro dirige un circo, en la acepción de ‘confusión’ o ‘desorden’ según la RAE.

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Europa nos gusta, pero nos quiere sancionar

El discurso oficial del Gobierno español siempre está alineado con las tesis de las instituciones europeas, es el tono habitual de las intervenciones públicas de ministros y otros representantes políticos; somos un socio comprometido que suscribe y apoya hasta las medidas más ingratas que provienen de la Unión Europea, club al que pertenecemos y en el que tratamos de incardinar muchas de nuestras políticas, como no podía ser de otra manera.

Sin embargo, esta versión oficial ofrece un reverso sombrío y no tan pro europeo ya que España es un país huidizo y remolón cuando se trata de cumplir determinadas Directivas comunitarias que, con toda seguridad, nos haría crecer en competitividad entre los países de nuestro entorno, pero que los gobernantes patrios, de distinto signo político, han creído innecesario encajar en el ordenamiento jurídico español. En un hipotético ránking de áreas especialmente inmunes a dejarse empapar por las tendencias de la UE, hay dos claramente líderes: el sector energético y el ámbito de los plazos de pago. De hecho, España ha recibido recientemente varios varapalos en este sentido por parte de los organismos de Bruselas, que ponen en entredicho este ‘compromiso’ europeo. Veamos cuáles.

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“Si Morgan Stanley lo dice…”

El “gran capital” (the big money) suele manejar el mundo, solemos pensar como un lugar común; los fondos de capital riesgo importantes y los bancos de inversión influyentes, con sus operaciones y previsiones, anticipan las corrientes profundas que desvelan hacia dónde se van a dirigir los mercados y las tendencias que definirán el crecimiento económico del futuro. El Foro de Davos (en Suiza), celebrado recientemente, es uno de esos lugares donde se deciden y perfilan algunas de esas tendencias. En un documento sobre el futuro energético que se dio a conocer en este evento se revela que en las próximas décadas habrá un ascenso constante de los precios de la electricidad –la caída actual de los precios de crudo es un espejismo temporal–, al tiempo que va a descender la demanda eléctrica en el mundo.

Así lo comentaba Javier García Breva, experto en políticas energéticas con un dilatado currículum, en un encuentro celebrado en Madrid el pasado 29 de enero. Lo curioso, decía, es que gigantes como Morgan Stanley están aconsejando a sus clientes que trasladen sus inversiones de forma progresiva del sector de los combustibles fósiles al segmento de las energías renovables.

Además, en el año 2018, la mayor parte de la generación de electricidad a escala mundial procederá de fuentes renovables, de acuerdo con el citado banco de inversión norteamericano. Una de las tendencias a tener en cuenta será, junto a la pujanza de la energía eólica marina y la solar, la generación distribuida en proyectos inferiores a 1 MW (se han estimado más de 73.000 millones de euros de inversión en todo el mundo, comentó García Breva).

¿Y qué tenemos en España frente a este contexto, que además nos viene exigido también por las directrices de las instituciones europeas en forma de Directivas? Un Gobierno que, profundizando lo realizado por el Ejecutivo anterior, ha creado un marco legislativo irregular y contradictorio, que persigue sobre todo penalizar las energías renovables y castigar la eficiencia energética; la subida del término fijo de potencia a principios de 2014 es sólo un botón de muestra de sus esquemas. Nuestro ministro Soria opina, además, que es mejor para empresas y ciudadanos consumir más energía.

En cambio, Alemania, Dinamarca y Reino Unido son ejemplos de países de lo que llamamos “nuestro entorno” que, con mayor o menor acierto e intensidad, se han dado cuenta de la inevitabilidad de las energías renovables para reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles y de la relevancia de incorporar la eficiencia energética y la rehabilitación como claves de bóveda del edificio económico, con planes a largo plazo que no se desvíen de sus objetivos por influencias externas, políticas o de otro signo.

De lo que se deduce que hace falta voluntad política y mentalidad empresarial en grandes dosis para emprender de verdad actuaciones que promuevan la eficiencia y la rehabilitación energética en edificios y viviendas. En un país donde la mayor preocupación es el paro, sorprende que se haga poco en este sentido cuando hasta los informes más prudentes señalan que se podrían crear hasta 150.000 empleos con las inversiones adecuadas en rehabilitación energética, tanto en el sector público de edificios como en el ámbito residencial.

¿Alguien tiene una buena razón para explicar esto? Si Morgan Stanley lo dice, es difícil al menos no prestar algo de atención.

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Eficiencia energética, a destiempo y sin ganas

A los españoles nos cuesta bastante aplicarnos en determinadas tareas, tenemos fama entre nuestros vecinos europeos de llegar tarde a muchos trenes y, a veces, cuando los cogemos a tiempo nos bajamos antes de que alcancen la velocidad adecuada. Así, el avance de la eficiencia energética está experimentando pasos adelante y atrás: es un ámbito en el que ocupamos una más que digna posición entre las 16 economías más grandes del mundo; algo que no debe llevar a la complacencia, ya que, como Estado miembro de la Unión Europea, España tiene el compromiso ineludible de incorporar a su ordenamiento jurídico las Directivas que se promulgan desde Bruselas. Y aquí es donde desde hace unos años nos vienen sacando los colores por quedarnos a la zaga.

Siempre a última hora, y en ocasiones pasado el límite temporal estipulado (como los partidos que se acaban decidiendo en la prórroga), nuestro país siempre apura los plazos. Así, el Gobierno presentó in extremis, sin ganas, a la Comisión Europea el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, que abarca un programa de rehabilitación energética de edificios; la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE terminó su periodo de transposición a la legislación nacional el día 5 del pasado mes de junio, y al día siguiente el Consejo de Ministros aprueba la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), cuya cuantía y objetivos ya se han calificado como de decepcionantes y escasos, dado el estado del parque inmobiliario (cerca del 60% de los más de 25 millones de viviendas tienen más de 30 años). Una política más ambiciosa e integral en este campo sería beneficiosa por los ahorros y por su capacidad de crear empleo estable y de calidad; algo que se ha intentado paliar con el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, aprobado el viernes 18 de julio.

Esto es, el Gobierno de la nación se demora en diversos aspectos importantes y le cuesta ponerse al día con los deberes que marca la normativa europea en cuanto a eficiencia energética e implantación de energías renovables, tema este último de largo alcance, ya que la regulación ha ido claramente en contra de este sector. Todo ello sorprendente si se piensa que nuestra dependencia energética exterior se halla cerca del 80%.

A esto se puede añadir que la eficiencia energética quedó fuera de las prioridades cuando se decidió en febrero de este año subir el término fijo de potencia en la factura de la luz, con lo que se desincentivan las medidas de eficiencia que se puedan tomar en los hogares. Importa más el déficit de tarifa.

Ha comenzado pues el verano y, para alegrarnos el estío, el 1 de julio finalizaba el plazo que tenían las comercializadoras eléctricas para adaptar sus sistemas de facturación de acuerdo con el nuevo cálculo de los Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (PVPC), por la gracia del ministerio que dirige José Manuel Soria.

Aunque las eléctricas están devolviendo el dinero facturado de más en el primer tramo del año, los consumidores se encuentran ahora en cierto estado de confusión, e incluso de vulnerabilidad. Según se ha publicado en distintos medios, las denuncias a las eléctricas han aumentado sustancialmente en el primer semestre de este año (son las más numerosas tras las operadores de telecomunicaciones y la banca), debido sobre todo a las quejas de fraudes y abusos en las ofertas del mercado libre que se producen con campañas engañosas y búsqueda de clientes casa por casa –vamos, lo que se ha llamado siempre “venta a puerta fría”–.

En suma, desconfíe usted si además vienen a ofrecerle el mejor precio de la electricidad a la puerta de su casa. Eso es que algo no funciona.

Lo que sí creo que funciona en esta época calurosa es un buen rato de lectura. Y como este es el último post antes de las vacaciones, me permito hacerles una recomendación en este sentido: John Banville, escritor irlandés que ha sido merecedor del Premio Príncipe Asturias de las Letras 2014; si no han leído ningún libro suyo, prueben con obras como El mar o Antigua luz, o alguna de las que ha escrito bajo el seudónimo de Benjamin Black, como El secreto de Christine o El otro nombre de Laura. El que suscribe, al menos, ha disfrutado enormemente. ¡Feliz verano!

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