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Mamá, quiero ser danés

No es que yo sea particularmente aficionado a los cuentos de Hans Christian Andersen, aunque en mi niñez –como muchos infantes de varias generaciones– leí o me leyeron historias como “El soldadito de plomo” o “El patito feo”. Tampoco es que sea un fiel seguidor de las consignas del movimiento cinematográfico Dogma, cuyo máximo exponente es el polémico Lars von Trier, aunque reconozco que películas como “Bailando en la oscuridad”, o “Celebración”, de Thomas Vinterberg, encierran imágenes poderosas e historias impactantes. Ni siquiera quiero mostrar aquí mi admiración por una sociedad como la danesa, más igualitaria y con un sistema educativo más eficaz y estable que el español.

No, en este post quiero dejar constancia de mi sana envidia por Dinamarca porque es un ejemplo a seguir por un sueño lejano para nuestra economía: contar con una política energética que mire al largo plazo, que integre a las energías renovables como un elemento fundamental en el mix –y no las penalice– y que se desvincule de los combustibles fósiles. España es una muestra palmaria de todo lo contrario, a tenor de las decisiones llevadas a cabo por el actual Gobierno de Rajoy y también en la etapa final de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero.

Esta breve historia se inicia en 1973, con el estallido de la crisis del petróleo desencadenada por los mandamases de la OPEP y que incrementó de forma brutal el precio del barril de crudo. Los daneses, tal como explicó Mikkel Larsen, agregado de Comunicación de la Embajada de Dinamarca en España en un reciente acto en Madrid, organizado por La Oficina de Javier García Breva, se dieron cuenta, como en muchos otros países, que la energía no era un bien abundante y barato (en los años 70 su dependencia energética era muy elevada), y se empezaron a acostumbrar a las restricciones en el suministro eléctrico e incluso al apagado del alumbrado público en determinadas franjas horarias con el fin de ahorrar electricidad, entre otras cosas.

El país decidió entonces acometer varios planes dentro de una verdadera política energética orientada al futuro que se planteara como objetivo fundamental la reducción de la dependencia energética y disminuir la intensidad energética de su economía. Con algunos vaivenes, esta apuesta se ha convertido en una historia de éxito a día de hoy: a pesar de disponer de reservas de petróleo en el Mar del Norte, Dinamarca es un Estado que apuesta por medidas de eficiencia energética a todos los niveles y donde la generación de energía a partir de fuentes renovables crece de forma imparable; su objetivo es que en el año 2020 más del 35% de su consumo energético final proceda de renovables y que el 70% del consumo eléctrico se derive de energías limpias, y sus planes se están cumpliendo y han establecido metas más elevadas para 2030.

Es más, el país escandinavo ha conseguido desvincular su crecimiento económico de las emisiones de CO2; es decir, en el periodo 1990-2010, mientras su PIB aumentaba cerca de un 40%, las emisiones de gases de efecto invernadero se rebajaban más de un 20%. Además, el programa promovido por el anterior gobierno conservador no sólo no ha sido cancelado por el ejecutivo socialdemócrata que ganó las elecciones en octubre de 2011, sino que se ha ampliado con objetivos más ambiciosos, en lo que se considera una auténtica “política de Estado”, y no el juego de intereses cruzados y de debates vacíos de contenido que se desarrollan en España. Los daneses son conscientes de que cada euro invertido en importar petróleo o gas es un dinero que se va del país, y que cada euro que se ahorra en energía o que se invierte en renovables se queda en el país.

Como es lógico, quizás la experiencia de Dinamarca no sea extrapolable a España en su globalidad, por las particularidades de cada sociedad y economía, pero sí se pueden extraer ejemplos para aplicar en nuestro país, que si de algo carece en su política energética es de un enfoque integral y de una planificación basada en el largo plazo, que no dependa además del color político del partido en el poder o de compañías privadas, cuyos intereses son legítimos pero que, a veces, no concuerdan con los de la sociedad.

PD: Gracias a Mikkel Larsen por la claridad y amenidad de su exposición, que ha inspirado este post.

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¡Es la financiación, estúpido!

“La economía, estúpido” (the economy, stupid), fue una frase muy utilizada por Bill Clinton y sus asesores durante la campaña electoral a las presidenciales de EEUU contra George Bush padre en 1992, que posteriormente se popularizó como “es la economía, estúpido”. Parafraseando el dictamen del expresidente, en la economía nacional, en general, y en el sector eléctrico, en particular, la financiación es el meollo de la cuestión que estrangula una reactivación más sólida.

No obstante, las primeras brisas primaverales han traído cierto aire fresco y optimista que han barrido los malos humores invernales: según los esperanzadores datos publicados por AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico), las ventas del mercado nacional han aumentado un 6,9% en los dos primeros meses de 2014, confirmando el cambio de tendencia iniciado en el último tramo de 2013. No sabemos si es un espejismo, ya que se comparan con los meses de enero y febrero del año pasado, que fueron la travesía más árida del desierto del que parece que vamos a salir, o bien es un indicio de que este ejercicio podría acabar en positivo tras más de un lustro en números rojos.

Sin embargo, la situación económica de las empresas continúa en muchos casos bajo mínimos, en “modo supervivencia”, en buena parte debido a que el grifo del crédito sigue cerrado a cal y canto. En este sentido, los indicadores que ha facilitado recientemente la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) no son nada halagüeños. De acuerdo con esta entidad, dos normas podrían hacer tambalear la mejora registrada en los dos últimos años en el ámbito de los plazos de pago: el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, concretamente dos de sus disposiciones, que permiten el pacto entre las empresas superando los 60 días establecidos por ley, en los casos en los que la deuda o el crédito se cedan a un tercero; y el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público.

De lo que se desprende con esta presumible marcha atrás es la falta de voluntad política para atajar este problema que lastra la situación financiera de las empresas, sobre todo de pymes, micropymes y autónomos, organizaciones vulnerables que no pueden financiar el capital circulante y dependen de una buena gestión de pagos y cobros. Los poderosos (empresas del IBEX 35 y grandes corporaciones) son los grandes beneficiarios de un sistema donde las posiciones de poder y abuso entre cliente y proveedor dañan de partida una normal relación comercial; no es de recibo que un 68% de las empresas firmen contratos que incumplan la ley en los plazos de pago, según una encuesta de la PMcM: temen perder al cliente si le exigen cumplir con la ley, ¡extraña y cruel paradoja!

Queda una pequeña ventana a la esperanza: el desarrollo de un régimen sancionador continúa su trámite en las Cortes y podría entrar en debate parlamentario entre abril y mayo de este año. España es un país que, en muchos ámbitos –más de lo que nos gustaría–, funciona a base de penalizaciones y multas (desde las normas de tráfico a cumplir con la Hacienda pública, por citar sólo dos ejemplos); lo que evidencia que una tipificación clara de infracciones y sus correspondientes sanciones sería un buen método para corregir esta anomalía que nos diferencia de Europa, sólo por delante de Portugal y Grecia. En Francia, gracias a la implantación de un régimen sancionador, los plazos de pago medio se han situado por debajo de los 45 días.

Así, acceso al crédito restringido y plazos de pago abusivos (en el sector de la construcción el plazo medio se sitúa en 253 días) es una combinación fatídica para la liquidez de las compañías que quiebra cualquier conato de reanimar la actividad. No hay que olvidar que morosidad y plazos de pago ilegales son la causa del cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis, algo que perjudica también la competitividad de la economía.

Que disfruten de la Semana Santa, de sus penitencias y sus pequeños placeres.

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Apaguen la luz al salir, por favor

El desbarajuste de la reforma eléctrica del Gobierno ha llegado ya a la televisión y ocupa, no sólo primeras planas de periódicos y portales en Internet, sino también espacios del llamado prime time. Los telespectadores tuvieron ayer por la noche la oportunidad de asistir a las explicaciones que José Manuel Soria, titular del Ministerio de Industria, daba a la persistente Ana Pastor en el programa ‘El Objetivo’, en la Sexta TV.

El que suscribe sólo puede decir que ha añadido más confusión, si cabe, a la de por sí embrollada situación de los precios de la electricidad. Ahora mismo lo único claro que se puede decir es que muy pocas personas tienen claro qué va a pasar con la factura de la luz; Soria llegó a decir incluso que “no podemos saber hoy si la luz subirá o no” (sic), ¡sonrojante!

El Gobierno ha emprendido una especie de huida hacia adelante para dejar atrás la fórmula de las subastas CESUR, que se ha demostrado que encarecía implacablemente el precio de la electricidad, con un sistema especulativo en el que la energía más cara era la que constituía la referencia para fijar el precio. Pero en esta huida hacia adelante da la impresión de que no se tiene una idea coherente de qué modelo energético se quiere establecer, un modelo en el que la energía no sea un lastre para la competitividad de las empresas (España es el tercer país de la Unión Europea con la energía más cara, sólo por detrás de Malta e Irlanda).

Además, tal como explicó a la redacción Javier García Breva, experto en políticas energéticas, el Ministerio ha manipulado el lenguaje, “lo que está contribuyendo a mantener la total opacidad del sistema eléctrico, no hay quién lo entienda”. Ayer, en La Sexta TV, se constató precisamente esta máxima. José Manuel Soria presumía de la “sencillez” de la solución adoptada por el Ejecutivo en el nuevo sistema para la fijación de precios de la electricidad (que comenzará en abril o junio, ya veremos) en el que habrá cuatro opciones:

–          Los usuarios y empresas que dispongan de contador inteligente con telegestión, que tendrían que consultar prácticamente cada día la fluctuación del precio de la electricidad para gestionar su consumo.

–          Promedio del precio efectivo consumido por un hogar o empresa en el periodo anterior.

–          Contrato bilateral con la suministradora eléctrica.

–          Contrato estándar, en el que se abona una especie de “tarifa plana” para todo el año.

Parece que el IDAE, según detalló el ministro, llevará a cabo una campaña de comunicación para exponer las ventajas de estas cuatro modalidades, pero no se termina de ver dónde están estos presumibles beneficios cuando lo que se percibe de todo ello es una intención de penalizar la eficiencia energética: ¿qué incentivos tiene alguien para ahorrar cuando se paga una tarifa plana? Sin olvidar que una de las últimas medidas del Gobierno ha sido subir el precio del término fijo de potencia, lo que implica penalizar a quien menos consume. Si bien el ministerio adujo que ello no suponía “un incremento de la factura, sino una transferencia entre consumidores eléctricos a favor de aquellos que más consumen, especialmente las familias con hijos”. Lo que decíamos de la manipulación del lenguaje.

Por si esto fuera poco, respecto a la gran ‘esperanza blanca’ de los contadores inteligentes, resulta que sólo hay instalados en España alrededor de una tercera parte de los dispositivos necesarios (25 millones de hogares), con un plazo para concluir su implantación que termina el 31 de diciembre de 2018. Además, la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia) ha abierto una investigación sobre la situación de los contadores electrónicos instalados porque, según sus técnicos, existe un auténtico descontrol y podrían entorpecer la libre competencia en el sector eléctrico, tal como ha publicado el diario El Mundo.

Al final, habrá que recurrir en esto de la eficiencia energética al proverbial consejo de abuelos y padres, “al salir apaga la luz”.

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Desandar el camino de la eficiencia

Empezamos con ilusión y elevadas dosis de cautela un año nuevo que, según los vaticinios de los gurús y analistas más proclives a las tesis oficiales, será un ejercicio con creación de empleo neto y mejora en los parámetros macroeconómicos. En el sector eléctrico, 2013 se despidió con el episodio bochornoso de la subida del precio de la luz en la subasta eléctrica del 19 de diciembre (un 11%), que se saldó finalmente con su anulación por parte del Gobierno, que fijó el aumento de la tarifa eléctrica en un 2,3%, dejando un rastro sospechoso de irregularidades, si bien la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) dictaminó en un informe la semana pasada que no hubo ninguna manipulación de precios en la subasta CESUR. ¡Doctores tiene la Iglesia!

Además, el pasado 27 de diciembre se publicaba en el BOE la Ley del Sector Eléctrico, que contempla un mecanismo automático de incremento de peajes (costes regulados) del recibo de la luz cuando se produzca un desajuste entre ingresos y costes del sistema, con el objetivo fundamental de suprimir el déficit tarifario, que actualmente supera los 26.000 millones de euros; esta norma también establece la sustitución de la Tarifa de Último Recurso (TUR) por el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), como el precio máximo de referencia al que podrán contratar los consumidores de menos de 10 kW de potencia contratada.

La ley, objeto de numerosos dardos, es un paso más en el camino de errores regulatorios, no satisface a casi nadie, penaliza las tecnologías de autoconsumo y no termina de solventar el desequilibrio de la formación de precios y de fomentar un desarrollo ordenado del mix energético nacional, ya que la dependencia energética se cifra en torno al 80% (España desembolsó 45.500 millones de euros en 2012 por la importación de combustibles fósiles, como ha desvelado APPA, la Asociación de Productores de Energías Renovables).

Por otro lado, el Parlamento Europeo aprobó a principios de enero los nuevos objetivos de reducción de un 40% de las emisiones de CO2, un 30% de generación renovable y un 40% de ahorro de energía para el año 2030, propuesta apoyada por varios países, como Alemania, Francia, Italia o Portugal, pero de la que se desmarcó el Gobierno español, poniendo en evidencia la postura institucional, que se aleja de la tendencia de futuro de caminar hacia una economía que estimule las renovables, menos contaminantes, y promueva el ahorro y la eficiencia energética como un elemento clave.

De este modo, se puede comprobar cómo un discurso engolado, que habla de mejorar la competitividad de las empresas, haciendo hincapié en el factor salarios, se queda en puro humo cuando se trata de rebajar los costes energéticos y apostar por un futuro que se desvincule de los combustibles fósiles, impulsando sectores que son generadores de empleo, y que se ponga al lado de las economías más potentes. El Gobierno, a contracorriente, y andando hacia atrás en este campo.

Veremos qué nos depara pues este 2014, aunque muchos nos tememos que consumidores y empresas acabaremos pagando, vía factura de la luz, los desaguisados, desaciertos y déficits, de tarifa o de cualquier otra índole, que cometa la Administración o los operadores dominantes. ¡Que se cumplan sus deseos y objetivos este año!

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La opacidad de la tarifa eléctrica

Se ha vuelto a repetir, como vaticinaban muchos expertos, el recibo de la luz volverá a subir a partir del 1 de enero de 2014, esta vez un excesivo 11%, tal como se ha anunciado en diarios nacionales, radios y televisiones. El consumidor, sea doméstico o empresarial, otra vez paga los platos rotos de un ecuación que no se quiere resolver para salvaguardar los intereses de un oligopolio formado por unas pocas compañías que se lamentan por las decisiones del Gobierno, presumiblemente en su contra, pero que al mismo tiempo anuncian beneficios millonarios en sus cuentas de resultados (un botón de muestra: Iberdrola y Endesa fueron la segunda y la tercera eléctricas europeas que más beneficio obtuvieron en 2012, solo por detrás de la francesa EDF, según desvelaron varias agencias de noticias en noviembre de este año).

Se nos había vendido que la liberalización del sector eléctrico traería un sinfín de ventajas entre las que destacaba contar con unos precios de la energía eléctrica competitivos y ajustados, y lo que está ocurriendo es lo contrario: un mercado distorsionado, con una influencia abrumadora de las grandes compañías eléctricas, que lo que hace es generar una dinámica de precios casi siempre alcista (más de un 60% en los últimos cinco años), y que ningún Gobierno, no importa del signo que sea, se atreve a resolver.

Además, tal como reconocieron los participantes en una mesa redonda organizada por Cuadernos de Material Eléctrico, el pasado 3 de diciembre, la formación de precios de la electricidad y la propia factura de la luz es un auténtico embrollo, difícil de desentrañar hasta para el más avezado de los expertos. Pero no sólo eso, por parte de los agentes que más ventajas obtienen se persigue que esa opacidad se mantenga, que el oscurantismo que rodea todo ese proceso –precio del pool, subasta de comercializadoras, origen del déficit de tarifa, primas a renovables, costes extrapeninsulares, tecnologías amortizadas…– no se aclare, para que así sigamos con esta situación, incomprensible, escandalosa y que influye negativamente en los bolsillos de los ciudadanos y en los costes de las empresas.

Y precisamente ahí surge otra cuestión clave: para multitud de empresas, por no decir todas, los costes energéticos suponen el segundo factor después del coste de los recursos humanos a la hora de afrontar un balance. Ahora que la masa salarial está contenida con las sucesivas reformas, los empresarios (sobre todo industrias intensivas en consumo energético o entidades como hoteles o recintos comerciales, entre otras) ven que su competitividad, interna y externa, queda lastrada por unos precios que siempre suben, y de forma impredecible (bueno, lo predecible es que siempre van al alza en el cómputo del año).

Hoy el ministerio de Industria ha anunciado, por medio del portavoz del PP, Alfonso Alonso, la apertura de una investigación sobre la subasta eléctrica realizada esta misma mañana porque existen sospechas de que haya podido manipularse para elevar artificialmente los precios; ya veremos a dónde conduce. Porque el corolario a todo esto es una legislación confusa y deficiente que no prima la eficiencia y que prefiere penalizar las energías limpias en lugar de castigar a las más contaminantes; en contra, además, de las Directivas Europeas.

La luz eléctrica, que es el fin y principio de este negocio, vuelve a ser motivo de polémica. Veremos nuevos episodios en esta larga trayectoria, pero eso será en el año próximo. Así que les deseo a todos los lectores y clientes que nos han brindado su apoyo unas felices fiestas y un venturoso 2014. Este blog se toma un respiro y vuelve en enero.

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A vueltas con la competitividad

La competitividad es uno de esos términos que políticos y representantes institucionales insertan con frecuencia en sus discursos como si fuera una especie de ingrediente aromático que confiriera a la salsa del texto un sabor evocador y más atractivo al paladar; hay otros también muy utilizados, como ‘responsabilidad’, ‘sostenibilidad’, ‘eficiencia’…, en fin, la lista sería larga. Competitividad es pues uno de esos mantras repetidos a menudo y que casi siempre viene asociado a la reducción de salarios, ya que “eso nos hará ser más competitivos”.

En este contexto, no es ninguna novedad decir que España siempre ha mostrado bajas tasas de competitividad, incluso en los periodos de bonanza económica; al contrario, desde el comienzo de la crisis económica en 2008, la productividad ha aumentado por mor del incremento del desempleo y de la caída real de salarios que se ha registrado. Es pues uno de los déficits estructurales de la economía nacional.

Pero perseguir un crecimiento de la competitividad real –más allá de la variable salarial– que nos acerque a los valores promedio de la Unión Europea debe basarse en otros aspectos, como suelen afirmar repetidamente expertos en la materia: inversión en I+D; incorporación de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones (las llamadas TIC), que permitan mejorar la eficiencia de los procesos; potenciar la formación del trabajador, el capital humano; y la mejora de las infraestructuras, el capital físico.

En este sentido, un informe elaborado por la firma PwC, que ha sido patrocinado por Siemens, pone el énfasis en estos aspectos, indicando que una mejora de la competitividad en la industria española, sobre todo en el aumento de la productividad por empleado y en el alza de la inversión en I+D, podría hacer crecer el PIB nacional un 2,3%. Este trabajo enumera otros factores, como la necesidad de incrementar el tamaño medio de las empresas industriales españolas y de mejorar parcelas de España como país (la calidad de la educación, las barreras administrativas, el acceso al crédito, el coste de la energía, muy por encima de la media europea), que permitirían que el crecimiento económico fuera aún mayor.

Rosa García, presidenta de Siemens en España, señaló en la presentación de este informe que “bajar salarios no es la solución definitiva”, actuar en esta variable tiene un recorrido limitado en el que nuestro país siempre se verá superado por otras economías (no sé si llamarlas emergentes, ya que emergieron hace tiempo en algunos casos) cuya ventaja competitiva sí son unos costes salariales inferiores a los estándares occidentales, y donde siempre tendremos las de perder. Es más, esa rebaja de salarios provoca el éxodo de profesionales cualificados a otros sectores, o bien hacia otros países, lo cual es peor.

Además de lo anterior, quizá sea necesario también cambiar la mentalidad y los hábitos de una parte del tejido empresarial, que es algo reticente a la hora de incorporar nuevas tecnologías y aplicar innovaciones en los procesos, y que traduce estos elementos únicamente en costes sin ver que podrían generarle ventajas y beneficios en el medio y largo plazo. El empresario, incluso en situaciones complicadas y difíciles como las que se están viviendo, no sólo debe tener un ojo en el presente inmediato, y a veces dramático, sino también en cómo sostener el negocio en el futuro, y para ello la aplicación de tecnología y la innovación, entre otros aspectos, son fundamentales.

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