Categoríaauditorías energéticas

Tendencia nacional a la consuetudinaria chapuza

En estas semanas tras las elecciones del 20-D, prácticamente cada día se nos regala un giro inesperado en esta suerte de competición por alumbrar a la coalición política que liderará los destinos de España en los próximos cuatro años. Los ciudadanos observamos, entre resignados e indignados, a veces incluso atónitos, las declaraciones, exabruptos y descalificaciones que se dedican unos políticos que, se supone, quieren buscar alianzas y consensos. Será por aquello de “amores reñidos, amores queridos”.

Lo que la gran mayoría desea es que este proceso, si es que se puede calificar así, no desemboque en chapuza, un logro al que nunca renunciamos en nuestro país y que parece nuestra contribución al acervo occidental; algunos lo llaman capacidad de improvisación. Viene esto a cuento porque, como ya es casi costumbre y denuncian varias asociaciones sectoriales, España lleva un retraso de más de 18 meses en la transposición de la Directiva de 2012/27/EU de Eficiencia Energética, uno de cuyos puntos más importantes es todo lo referente a la realización de auditorías energéticas. Precisamente, el pasado 5 de diciembre de 2015 cumplía el plazo para que las empresas no pymes (más de 250 trabajadores y una facturación superior a 50 millones de euros) hubieran realizado una auditoría energética o tuvieran implantado un Sistema de Gestión Energética (véase el reportaje en el último número de Cuadernos de Material Eléctrico).

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