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Tendencia nacional a la consuetudinaria chapuza

En estas semanas tras las elecciones del 20-D, prácticamente cada día se nos regala un giro inesperado en esta suerte de competición por alumbrar a la coalición política que liderará los destinos de España en los próximos cuatro años. Los ciudadanos observamos, entre resignados e indignados, a veces incluso atónitos, las declaraciones, exabruptos y descalificaciones que se dedican unos políticos que, se supone, quieren buscar alianzas y consensos. Será por aquello de “amores reñidos, amores queridos”.

Lo que la gran mayoría desea es que este proceso, si es que se puede calificar así, no desemboque en chapuza, un logro al que nunca renunciamos en nuestro país y que parece nuestra contribución al acervo occidental; algunos lo llaman capacidad de improvisación. Viene esto a cuento porque, como ya es casi costumbre y denuncian varias asociaciones sectoriales, España lleva un retraso de más de 18 meses en la transposición de la Directiva de 2012/27/EU de Eficiencia Energética, uno de cuyos puntos más importantes es todo lo referente a la realización de auditorías energéticas. Precisamente, el pasado 5 de diciembre de 2015 cumplía el plazo para que las empresas no pymes (más de 250 trabajadores y una facturación superior a 50 millones de euros) hubieran realizado una auditoría energética o tuvieran implantado un Sistema de Gestión Energética (véase el reportaje en el último número de Cuadernos de Material Eléctrico).

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Europa nos gusta, pero nos quiere sancionar

El discurso oficial del Gobierno español siempre está alineado con las tesis de las instituciones europeas, es el tono habitual de las intervenciones públicas de ministros y otros representantes políticos; somos un socio comprometido que suscribe y apoya hasta las medidas más ingratas que provienen de la Unión Europea, club al que pertenecemos y en el que tratamos de incardinar muchas de nuestras políticas, como no podía ser de otra manera.

Sin embargo, esta versión oficial ofrece un reverso sombrío y no tan pro europeo ya que España es un país huidizo y remolón cuando se trata de cumplir determinadas Directivas comunitarias que, con toda seguridad, nos haría crecer en competitividad entre los países de nuestro entorno, pero que los gobernantes patrios, de distinto signo político, han creído innecesario encajar en el ordenamiento jurídico español. En un hipotético ránking de áreas especialmente inmunes a dejarse empapar por las tendencias de la UE, hay dos claramente líderes: el sector energético y el ámbito de los plazos de pago. De hecho, España ha recibido recientemente varios varapalos en este sentido por parte de los organismos de Bruselas, que ponen en entredicho este ‘compromiso’ europeo. Veamos cuáles.

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