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El ministro Soria, director del “Circo del Sol”

Este fue uno de los apelativos “cariñosos” que recibió José Manuel Soria, ministro de Industria en el pasado Congreso de FENIE, celebrado a finales de octubre en Ávila y del que hablábamos en el último post, en referencia sobre todo al Real Decreto sobre el autoconsumo impulsado por su ministerio, regulación que en ese mismo foro fue calificada amablemente como “chapuza”, “norma inútil” o “anécdota”. Traigo a colación de nuevo el autoconsumo fotovoltaico porque es un asunto reiterado hasta el empacho en estas últimas semanas dado que es un ejemplo extremo de las contradicciones de la política energética, si es que se puede llamar política a una sucesión de normas que van en contra e incluso incumplen las Directivas Europeas en muchos de sus aspectos. Parece que la ley es sagrada según para qué cosas y que el ministro dirige un circo, en la acepción de ‘confusión’ o ‘desorden’ según la RAE.

La excepción española en este ámbito (ay, el “Spain is different” sigue en vigor) pone de manifiesto que la legislación española en materia energética se construye con parches y está plagada de incoherencias. Un botón de muestra: el Ministerio de Hacienda ha aprobado una normativa para permitir a los ayuntamientos aplicar una rebaja de hasta un 20% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en función del certificado energético del edificio, a partir del 1 de enero de 2016; pero para mejorar esta calificación energética la ley recomienda el uso de energía renovables, entre ellas la fotovoltaica, lo que choca de frente con el real decreto mencionado al principio. La generación de energía en la propia edificación es un aspecto que acabará imponiéndose de forma definitiva ya que la directiva europea –que regula los edificios de consumo de energía casi nulo– obliga a que partir de 2018 (para inmuebles públicos) y en 2020 (para el resto) la energía que consuman debería ser producida por fuentes renovables.

Además, compañías eléctricas como Iberdrola y Endesa ahora sí que apuestan por la energía fotovoltaica y han diseñado soluciones específicas para residencial y empresas, en una toma de posición que sorprende cuando siempre han tachado a este tipo de energía solar como una losa para el sistema eléctrico, culpable del incremento de la factura eléctrica (con informes de reputadas consultoras de por medio). Habrá que vigilar si en este campo también las grandes eléctricas se comportan con un abuso de posición de dominio, como vienen denunciando diversas organizaciones y asociaciones sectoriales.

A esto se une que el ministro, como el resto de políticos, ya con la cabeza puesta en los comicios del 20-D, ha desvelado recientemente su intención de bajar el precio de la luz a partir de enero de 2016 gracias a un superávit en el sistema eléctrico superior a 600 millones de euros, según diversas agencias, aunque esté buscando resquicios legales para ese fin ya que la propia ley aprobada por su gobierno en 2013 impide emplear ese montante en la rebaja del recibo. Pero Soria, que siempre piensa en el bien de los hogares, logrará resolver la ecuación para que paguemos menos en nuestra factura eléctrica.

Pero para remate, como ha informado Cinco Días, el Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias que anulan parte de la disposición octava del real decreto que regula el PVPC, lo que obligará a refacturar los recibos de la luz a unos 13 millones de clientes. Los consumidores acabarán pagando más por el  margen comercial de las eléctricas debido a una ambigua y poco transparente “metodología objetiva” aplicada por el Ministerio.

En fin, qué decir ante este cúmulo de decisiones y acontecimientos que convierten al sector energético en un meollo difícil de dilucidar hasta para los expertos en la materia. España es, de hecho, el país que más demandas internacionales acumula ante el CIADI. Sin comentarios.

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